Para frenar la migración EEUU debe emparejar leyes migratorias y política exterior, dicen expertos
Según un informe elaborado por The Dialogue, Estados UnidosEstados Unidos no solo debe buscar frenar la migración ilegal por medio de medidas como el parole humanitario, sino que debe orientar su política exterior hacia el aprovechamiento de las sanciones, el trabajo con la diáspora y el compromiso de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Los expertos de The Dialogue están convencidos de que el cambio introducido puede reducir parte de la migración, pero no toda, porque la medida requiere tener un patrocinador estadounidense es problemática, pues no reconoce que en la mayoría de los países, “la opción de venir a los Estados Unidos no es porque tengan a alguien con estatus legal, sino porque quieren sentirse más seguros”.
Ellos reconocen que en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití la gente se ve forzada a migrar porque sus líderes han “armado” la represión y la pobreza, expulsando a sus ciudadanos.
La gente de estos lugares no vota simplemente con sus pies, pero están escapando de condiciones horribles.
En el caso específico de Nicaragua, afirman que “Daniel OrtegaDaniel Ortega ha criminalizado la democracia, y Nicaragua prácticamente está talibanizada”.
“Estos países han visto conveniente expulsar a personas como una forma de reducir las presiones de la sociedad y recibir remesas en cambio: la fuerza laboral nicaragüense no ha aumentó desde 2017, mientras que las remesas aumentaron de 12% a 21% del ingreso nacional y 14% de los ingresos fiscales”, prosiguen.
Estos cuatro países están básicamente en la parte inferior del escalafón en lo que se refiere al respeto del estado de derecho, y eso es porque sus gobiernos ejercen una licencia para matar con impunidad a cualquier persona considerada una amenaza política.
Nicaragüenses con pocos patrocinadores
Según el informe, había menos de 300,000 nicaragüenses en Estados Unidos, en 2018, y solo la mitad estaban legales. A finales de 2022 había el doble de nicaragüenses en EE.UU. pero en situación irregular.
“De este modo, quienes puedan acogerse a la medida no podrán experimentar la urgencia de migrar. Nuestra investigación muestra que el 16% de los migrantes en EE.UU. son admitidos legalmente (ciudadanos o residentes permanentes legales) y tienen un pariente en Nicaragua con intención de migrar, otro 20% son nicaragüenses admitidos legalmente que conocen a alguien que tiene la intención de migrar. Esto significa que el número de posibles solicitantes sería relativamente pequeño frente al oleaje e intención de migrar, que puede estar cerca de 400.000”, argumentan.
Por lo tanto, consideran que en estas migraciones las medidas pueden ir acompañadas y ampliadas con un política exterior proactiva y coherente de EE.UU. con compromiso de recursos proporcionales a los intereses estadounidenses que puede mitigar un mayor desastre político y reducir la migración.
¿Qué debe hacer EEUU?
Ellos consideran que debe haber dos objetivos para la Administración Biden. Uno es devolver la confianza a los ciudadanos de estos países de que la democracia es la única forma de gobierno, y que no están solos en esta búsqueda. El otro es trabajar con estos gobiernos en que una solución pacífica y negociada es mejor para todos que continuar con la impunidad, la represión y la recesión económica.
“Estados Unidos debe asumir el liderazgo en la promoción democracia (denuncia de los derechos humanos, defensa de la ciudadanía compromiso), continuar la proporcional y precisa presión (a modo de sanciones, herramientas económicas, lucha contra la censura y la desinformación), y asumir asociaciones multilaterales, incluida la diáspora) para nivelar el campo de juego hacia las reformas políticas y ofrecer cooperación económica acompañada de política de acomodación con fuerzas cívicas”, detallan.
La política de EE.UU. sobre Nicaragua parece más complicada debido a la negativa de Ortega a comprometerse con la comunidad internacional.
“Biden tiene el mandato de la Ley Renacer, una hoja de ruta formidable sobre cómo lidiar con la dictadura, pero está muy infrautilizado”, argumentan.
Es importante para los EE.UU. centrar sus energías en el fortalecimiento de una sociedad cívica, apoyando a los grupos democráticos que están tanto en el exilio como en Nicaragua, pero en un entorno altamente amenazado.
“La política de EE.UU. debería suponer un apoyo directo a estos colectivos, así como proporcionar herramientas para luchar contra la desinformación y la censura. Los nicaragüenses son conscientes de su situación, de la magnitud de la cleptocracia. Es importante que la política estadounidense abra canales secundarios de compromiso con las fuerzas disidentes dentro del círculo de poder. Estos grupos se han dado cuenta temprano en que la ruta de Ortega llevará a Nicaragua a peor escenario que Venezuela, pues al final, llegarán a una transición negociada”, prosiguen.
Sin embargo, para ellos, “la administración Biden ha sido un jugador pasivo, “mientras Ortega ha violado el Tratado de Libre Comercio de América, la Carta Democrática, insultó a diplomáticos estadounidenses, expulsó a otros diplomáticos, utiliza censura y desinformación para hacer campaña contra EE.UU., y firma alianzas militares con Rusia”.
En cuanto a las sanciones afirman: “las sanciones no deben eliminarse, pero su uso debe alinearse con precisión, propósito y respuesta proporcional a transgresión en un entorno no cooperativo. El compromiso de la diáspora es crucial para todas estas naciones”.