Comienza el juicio para eliminar el parole humanitario en EEUU
Desde este 24 de agosto comenzó en Texas un juicio crucial sobre el programa de parole humanitario que implementó la administración de Joe Biden desde enero pasado y ha beneficiado a más de 160,000 migrantes procedentes de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Esta demanda se podría extender por unas dos semanas y a más tardar el 29 de septiembre las partes litigantes deberán ser sometidas a las conclusiones del proceso.
La demanda fue interpuesta por veinte estados gobernados por republicanos que se han unido ante el juez federal de Texas, Drew B. Tipton.
Para el abogado de inmigración Willi Allen esta medida es considerada un “ataque político” contra el presidente Joe Biden.
“Este es un pleito que tiene que ver más con la política que con las realidades actuales, y es presentado por estados republicanos para causar publicidad sobre el tema de inmigración”, dijo el letrado en declaraciones a Diario de las Américas.
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El futuro del programa que, según la agencia de seguridad estadounidense, de enero a junio de este año, benefició a unos 29,500 nicaragüenses que ya han sido aprobados y calificados para viajar a Estados Unidos, de los cuales 21,500 ya ingresaron a suelo estadounidense, podría estar en riesgo.
En este sentido, Willi Allen sostiene que “la inmigración nunca ha sido un tema de mucha relevancia en términos políticos, pero ahora está siendo utilizado por el Partido Republicano, alegando que el país tiene sus fronteras abiertas, y con esto buscan crear pánico”.
En días recientes, Nueva York, California, Connecticut y Delaware, entre otros 11 estados y el Distrito de Columbia presentaron un escrito “amigo de la corte” en el que pidieron al juez Tipton que denegara cualquier solicitud para bloquear el programa de parole humanitario.
Argumentaron que una orden judicial a favor de bloquear el programa causaría “daños sociales y económicos”, daría lugar a “separaciones familiares” y pondría a las personas “en riesgo de deportación” a sus países de origen, que enfrentan una inestabilidad social, política y económica extrema.
Allen no solo apoya la iniciativa también está convencido que el presidente Biden “sí tiene esas facultades a través de una directiva presidencial”, contrario de la demanda en donde los republicanos lo acusan de que el titular de la Casa Blanca está usurpando las labores del congreso.
"GOLPE DURO" PARA QUIENES ESTÁN EN LA LISTA DE ESPERA
Un fallo en contra del programa no afectaría a las personas que ya entraron al país, pero sí a quienes ya presentaron sus solicitudes y están en la lista de espera, ante la expectativa de que el gobierno les de un permiso para venir a EE.UU, según explicó a EFE Yael Schacher, directora para las Américas de Refugees International.
"Si el programa se congela, se dejará también de procesar las solicitudes", subrayó la experta.
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Para Rita Sánchez, una venezolana radicada en Miami que ha ayudado a cientos de personas a solicitar el permiso humanitario, esto sería "golpe duro" para quienes aún esperan que se apruebe su petición.
Para solicitar el permiso, es necesario tener un patrocinador en EE.UU., que pueda probar tener los suficientes recursos económicos para apoyar financieramente al beneficiario. Tanto la personas que busca obtener el "parole", como el patrocinador deben presentar un formulario ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Actualmente, el DHS tiene en la lista de espera a más de 1.5 millones de personas que han presentado la solicitud para patrocinar un familiar, amigo o conocido para que recibe el permiso, según datos presentados por el gobierno ante el tribunal.
"Son hijos que están afectados emocionalmente al verse alejados de sus padres, madres separadas de sus hijos y familias completas que ven en el programa una luz para salir de la situación" por la que atraviesa su país, subrayó Sánchez.