Tribunal de apelación bloquea otra vez la ley de Texas para detener y expulsar a migrantes
Como pelota de ping pong se maneja la ley anti inmigrantes de Texas. Vuelven a congelar su implementación.
El martes por la noche, un tribunal federal de apelaciones volvió a poner en espera la polémica ley de inmigración de Texas, apenas horas después de que la Corte Suprema hubiera allanado el camino para su implementación por parte del estado.
En una decisión breve, un panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones del 5.º Circuito de los Estados Unidos votó 2-1 para revertir una decisión anterior que había temporalmente activado la ley. Esta medida habría permitido a los funcionarios estatales detener y arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país.
El panel de jueces que emitió la orden del martes por la noche está programado para escuchar los argumentos el miércoles por la mañana sobre la solicitud de Texas de reinstaurar la ley, conocida como proyecto de ley del Senado 4, mientras se espera la apelación del estado del bloqueo impuesto por un juez federal.
Uno de los miembros del panel, el juez de circuito Andrew Oldham, disintió públicamente, expresando que preferiría mantener la ley en vigor mientras se discuten los argumentos orales del miércoles.
Independientemente de la decisión que tome el 5.º Circuito después de los argumentos del miércoles, continuará debatiendo el próximo mes sobre la constitucionalidad de la ley y si debería ser bloqueada indefinidamente.
La controversia legal en torno al SB 4 llegó hasta la Corte Suprema, que había permitido su implementación luego de rechazar las apelaciones de emergencia presentadas por la administración Biden y otros. Esta decisión representó una victoria temporal para Texas en su disputa con la administración Biden sobre políticas de inmigración.
La SB 4, promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott en diciembre, convierte en un delito estatal el ingreso ilegal a Texas y permite a los jueces estatales ordenar la deportación de inmigrantes.
Sin embargo, la aplicación de la ley de inmigración es generalmente responsabilidad del gobierno federal.
Desde su promulgación, la SB 4 ha suscitado preocupaciones entre los defensores de los derechos de los inmigrantes debido al riesgo de perfiles raciales, así como detenciones y deportaciones por parte de las autoridades estatales de Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.
Un juez federal en Austin había impedido previamente la implementación de la ley estatal, argumentando que podría dar lugar a que cada estado promulgue sus propias leyes de inmigración.
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Incluso tres jueces liberales de la Corte Suprema expresaron su preocupación por la SB 4, disintiendo de la orden que permitía su implementación por un breve período el martes.
La jueza Sonia Sotomayor, junto con su colega liberal Ketanji Brown Jackson, señaló que esta orden podría generar "mayor caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración", y que la ley altera el equilibrio federal-estatal establecido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos.