EEUU actualiza alerta de viajes a Nicaragua, advierte de sanciones penales por posesión de drones

El gobierno de Estados Unidos incluyó en la alerta de viajes a Nicaragua la aplicación de sanciones penales por la posesión de drones, luego que el régimen de Daniel Ortega consideró que el empleo al margen de la ley de medios aéreos, navales y terrestres no tripulados constituyen una amenaza y riesgo para la paz del país.

El Departamento de Estado de EE.UU. alertó a sus ciudadanos de que en Nicaragua el pasado 12 de diciembre se aprobó la “Ley para la Regulación y Uso de Recursos Aéreos, Navales y Terrestres No Tripulados”. Según esta ley, el uso de drones está prohibido a menos que sea autorizado por la Presidencia. 

Además, los propietarios de drones deben entregarlos al Ministerio de Gobernación (MINT) a más tardar el 10 de enero de 2025

“Información de emergencia para ciudadanos estadounidenses. Alerta: Posibles sanciones penales por la posesión de drones en Nicaragua (19 de diciembre de 2024). Los drones están prohibidos en Nicaragua desde 2014, según un aviso administrativo emitido por el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil”, reza parte de la alerta divulgada por la embajada de Estados Unidos en Managua.

Riesgo de detención injusta

A finales de diciembre de 2024, el gobierno estadounidense alertó a los ciudadanos estadounidenses de reconsiderar viajar a Nicaragua debido a la aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención injusta y la disponibilidad limitada de atención médica.

El Departamento de Estado de EE.UU. señaló que el régimen de Daniel Ortega ataca a personas y organizaciones con fines políticos, entre ellos, trabajadores de ONG, académicos y estudiantes, representantes empresariales, líderes de la sociedad civil, trabajadores religiosos y misioneros extranjeros, periodistas, entre otros.

En 2023, el régimen sandinista sometió a ciudadanos estadounidenses a prohibiciones arbitrarias de entrada y salida, expulsiones, arrestos, revocaciones de ciudadanía nicaragüense y otras acciones.

Ante esto, el Departamento reiteró que el régimen puede negar arbitrariamente la entrada o reingreso a Nicaragua o la salida de Nicaragua a ciudadanos estadounidenses y ciudadanos nicaragüenses. Esto incluye la entrada por aire o tierra. 

"Las denegaciones y prohibiciones de salida pueden ocurrir por razones políticas. Esto incluye el apoyo percibido o la asociación con aquellos que el gobierno desfavorece. El gobierno no está obligado a proporcionar una base para su denegación", reza el documento.

Advierten sobre el registro de teléfonos personales, computadoras, cuentas de redes sociales y documentos en busca de contenido antigubernamental, lo cual podría tener como consecuencia la confiscación de dispositivos personales. 

A esto se suma que pueden atacar a personas por motivos políticos, independientemente de su nacionalidad, que pueden incluir antiguos aliados, activistas políticos, representantes comerciales, grupos religiosos y de caridad, clérigos, misioneros, defensores de los derechos humanos, líderes de la sociedad civil, académicos y periodistas.

Entre otras acciones están confiscar tierras, residencias, activos financieros o bienes personales de propiedad privada. "Pueden hacerlo sin previo aviso o sin el debido proceso", indican.

Agregan que "Detener, acusar y imputar arbitrariamente a personas por delitos de terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado. Pueden hacerlo sin procesos justos o transparentes".

El Departamento determinó que existe un riesgo de detención injusta de ciudadanos estadounidenses por parte del régimen de Nicaragua. "Los ciudadanos estadounidenses deberían reconsiderar sus viajes a Nicaragua, incluso para trabajar o hacer voluntariado en organizaciones sin fines de lucro o religiosas".

Desde 2018, el régimen de Nicaragua ha cerrado más de 5.300 organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones religiosas. "Los servicios de seguridad nicaragüenses han arrestado a ciudadanos estadounidenses por cargos falsos, incluidos ciudadanos estadounidenses y nicaragüenses. A los arrestados se les puede negar un trato justo y transparente. Las condenas ocurren rutinariamente en juicios no públicos sin una defensa adecuada o evidencia creíble".

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Alertan que los ciudadanos estadounidenses arrestados en Nicaragua pueden ser detenidos durante largos períodos sin cargos. "Los procesos judiciales a menudo carecen de transparencia. Esto es especialmente cierto en arrestos por motivos políticos y disputas de propiedad".

Respecto a la atención médica, señalan que Managua cuenta con un único hospital privado acreditado y certificado por la JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations), con servicios de laboratorio y radiología disponibles, aunque tiene un número muy limitado de especialistas para emergencias agudas. 

"Los servicios médicos fuera de Managua son limitados, incluso para las víctimas de delitos. Los hospitales gubernamentales tienen poco personal y algunos hospitales en todo el país pueden no estar en condiciones de ayudar en caso de emergencia".