Analistas: Daniel Ortega responde como un “delincuente y criminal” a diálogo con el Vaticano

Mientras el Papa Francisco anunció que están sosteniendo un diálogo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los dictadores nicaragüenses respondieron presentando acusación formal en los Juzgados de Managua contra sacerdotes, seminaristas y laicos colaboradores del Obispo Rolando Álvarez, como una "demostración de fuerza" evidenciando una vez más que es "un delincuente y criminal", que no actúa de buena fe y que lo que busca es mantenerse en el poder a "cualquier precio".

Tales afirmaciones fueron sostenidas durante una comparecencia en el programa 100% SuperChats, de 100% Noticias, por las juristas y defensoras de derechos humanos Matha Patricia Molina, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción y Yonarki Martínez, defensora de presos políticos.

Recientemente, el Papa Francisco, tras una visita a Medio Oriente, al brindar declaraciones a un medio de comunicación internacional reveló que el Vaticano estaba dialogando con el régimen de los Ortega-Murillo de Nicaragua para buscar una solución a la crisis provocada por la persecución a la Iglesia Católica.

"Sobre Nicaragua todas las noticias son claras. Hay diálogo, se ha hablado con el Gobierno. Hay diálogo. Esto no significa que apruebe lo que hace el Gobierno o desapruebe todo. No. Hay diálogo. Hay que resolver los problemas", dijo el Sumo Pontífice el pasado 15 de septiembre.

No obstante, solo 6 días después, es decir, el 21 de septiembre, la fiscalía al servicio de la dictadura presentó "acusación formal" ante la jueza Nalia Ubeda Obando, del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, contra cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico, todos colaboradores del Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, también privado de libertad bajo arresto domiciliario.

Al respecto, la abogada Yonarqui Martínez considera que "Cualquier acuerdo que tenga el Vaticano con el régimen de Managua, de hacerse efectivo deberá recaer el la liberación de los sacerdotes y dejarían de tener efecto las investigaciones y el proceso que hay contra ellos"

Sin embargo, advierte que no se puede predecir qué tipo de beneficio les sería otorgado y que de dar resultado ese diálogo, los colaboradores de la Iglesia serían liberados "mediante un acuerdo".

La jurista, en ese contexto recordó que en los últimos días despertó revuelo una solicitud de amnistía para todos los presos políticos hecha por un grupo de los familiares y en ese sentido, señaló que los religiosos recientemente acusados aún no están en el pleno del proceso pues se desconoce por qué delitos estarían siendo acusados por tanto, no sería necesario amnistiarlos.

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Sin embargo, según la defensora, en el caso de todos los reos de conciencia, no es necesario llegar hasta la Asamblea Nacional con la aprobación de una Ley de Amnistía sino que bastaría con un sobreseimiento definitivo para todos si se aplicara verdaderamente la Ley, sin necesidad de un decreto en el que se estaría reconociendo que cometieron un delito. "Bastaría que el Poder Judicial hiciera su trabajo".

La acusación contra los sacerdotes, seminaristas y laicos, es vista por la jurista Martínez como una "demostración de fuerza" del dictador tratando de hacer ver su poder sobre la sociedad nicaragüense y de lo que es capaz de hacer.

En el caso específico de los colaboradores del Obispo Álvarez "lo más probable es que les apliquen la Ley 1055, acusándolos de atentar contra la soberanía y la paz", señaló Martínes. Y en el caso del laico Sergio Cárdenas, podrían también aplicarle la Ley de Ciberdelito, aunque "¿Qué delito podría cometer un camarógrafo con estar sosteniendo un móvil (cámara) para transmitir una misa?", criticó la abogada.

Asimismo, advirtió que una amnistía promulgada por la dictadura Ortega-Murillo "no garantiza que no va a haber persecución nuevamente". Recordó que ya en 2019 hubo una Ley de Amnistía "con vacíos jurídicos", sin embargo muchos de los amnistiados ya no están en el país, se exiliaron, otros fueron recapturados, en medio de una represión y persecución enormes. "Es una amnistía de 'ahora mismo'. Las familias de los sacerdotes y todos los presos políticos están conscientes de esa falta de garantías pero están priorizando el derecho a la vida. Buscan un mecanismo que logre la liberación de sus familiares", dijo.

En tanto, la abogada Martha Molina, autora del estudio "ataques contra la Iglesia Católica" en el que revela que bajo la dictadura de los Ortega-Murillo la Iglesia ha sufrido más de 200 ataques perpetrados por militantes sandinistas e instituciones estatales, advierte que el dictador Ortega está dando una muestra más de que es un "criminal" que no actúa de buena fe en un diálogo.

Molina considera que era lógica la actitud del Papa Francisco de buscar un diálogo porque "es la naturaleza de la Iglesia Católica de buscar puentes de comunicación y establecer diálogos para encontrar soluciones", sin embargo, el asunto es cuando "el interlocutor es un delincuente y criminal, que no le interesa el diálogo, que no actúa de buena fe y más bien busca por todos los medios mantenerse en el poder, vulnerando los derechos humanos de todo el pueblo".

Insistió que, ante el diálogo del que habla el Papa, la respuesta de Daniel Ortega es la acusación formal contra los sacerdotes, seminaristas y laicos, los 50 días de secuestro del Obispo Álvarez y la salida del país de religiosas.

La  abogada Molina no ve qué tipo de diálogo estaría sosteniendo al Sumo Pontífice católico con el dictador Ortega, sin embargo, recuerda que Ortega ya ha hablado de diálogo con otros países y ha advertido que "respeta las vías de comunicación diplomática", en el caso de Nicaragua, el dictador no tiene interlocutor diplomático del Vaticano porque expulsó al Nuncio Apostólico. "No sé con quién estaría sosteniendo contactos el régimen", dijo Molina.