Informe presentado en la ONU podría condicionar préstamos a Daniel Ortega y traer golpe económico

El informe que un Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas, presentó ante la Organización de Naciones Unidas, no sólo responsabiliza a Daniel Ortega de crímenes de lesa humanidad, sino que abre las puertas para que su régimen sea condicionado para recibir préstamos y apoyo económico.

Pablo Abrau, defensor de Derechos Humanos que desde 2018 ha estado comprometido con la causa de Nicaragua explicó que gracias al informe, los organismos multilaterales están en la obligación de exigir al régimen el respeto de derechos humanos para acceder a préstamos que los oxigenen.

“El informe habla de una recomendación para que los préstamos y toda actividad de cooperación económica en Nicaragua tenga contraparte, exigiendo que en esas actividades de cooperación se respeten los derechos humanos”, puntualizó.

Asimismo, Abrau explicó que las recomendaciones del informe no solo se dirigen a los estados, sino también a todos los organismos multilaterales, los organismos financieros incluso y más particularmente, “de manera que a partir de ese informe que hace ese llamado específico no hay más como esos órganos, estos bancos,  digan que no tenían conocimiento o que no respondan a ese llamado que les hacen las Naciones Unidas, la verdad es que el compromiso con la democracia en Nicaragua es un compromiso que apenas pertenece al campo democrático, al campo social y a los derechos humanos, es un compromiso que tiene que involucrar a amplios sectores sociales, dentro del sector privado, deñ sector público, del sector internacional.

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Por otro lado, indicó que “todos aquellos que estamos buscando una transición democrática pasamos a exigir que estos organismos lleven en cuenta estas conclusiones de estos órganos internacionales y a partir de ahora establezcan en sus relaciones cooperativas económicas con el país estas contrapartidas que son exigibles en relaciones de derechos humanos”.

Aislamiento político y sin cooperación

Por otro lado, Carlos Quesada, representante de Raza e Igualdad, también advierte que el impacto de este informe repercutirá en el tema económico de Nicaragua.

Cuando 100% Noticias consultó a Quesada sobre las acciones que pueden venir si Daniel Ortega no abre las puertas a los organismos de derechos humanos, él especificó: “Hay varias cosas. La primera es que el hecho de que no participe de este proceso lo que hace que se aísle más políticamente el régimen, al no reconocer un informe independiente que demuestra que hubo y que hay crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. La segunda consecuencia tiene que ver con aspectos económicos. Ustedes escucharon miembros de la Unión Europea y de países desarrollados que de alguna u otra forma cooperan con el gobierno nicaragüense se van a ver presionados a tener que dejar de cooperar, van a venir consecuencias económicas y eso el régimen Ortega Murillo aún no ha entendido”.

Tanto Abrau como Quesada coinciden en que el informe es contundente, pero el brasileño señala que es el primero que hace un recorrido en materia de responsabilidad individual, más allá de la responsabilidad estatal, “por primera vez un organismo internacional apunta a la responsabilidad individualizada de Daniel y Rosario Murillo, como los máximos responsables de ese estado de persecución permanente y sistemático”.

Se podrá denunciar desde otros países

Abrau también insiste en que con este informe se abren posibilidades para buscar castigo para los crímenes de lesa humanidad con el apoyo de otros estados.

“En materia de justicia hay dos caminos.  En primer lugar, la posibilidad de activar el principio de jurisdicción internacional, porque el informe está afirmando la existencia de crímenes de lesa humanidad estos, que son requisitos para que se pueda activar el principio de jurisdicción universal, para que estos hechos de graves violaciones a derechos humanos puedan ser juzgados en cualquier lugar y en cualquier tiempo, es el ejemplo de la causa Argentina que fue abierta y que ahora tenemos expectación de que pueda avanzar”, señaló.

Asimismo, indica que la segunda vía es la posibilidad de que los países que han tenido a sus nacionales también afectados, por la represión en Nicaragua, es el caso de Brasil, de Estados Unidos, Francia y Costa Rica a partir de principio del deber de protección también pueden activar sus jurisdicciones nacionales para que se lleven adelante procesos de juicio de responsabilidad a todos aquellos que hacen parte de la cadena”.

Por otro lado, la madre de uno de los jóvenes asesinados por la represión policial en las protestas de 2018 asegura que “se presentó un informe veraz y muy contundente, porque refleja toda la realidad que nosotros hemos venido denunciando como madres de hijos asesinados, para nosotros es esperanzador que también la comunidad internacional, los estados miembros, apoyen estas demandas de justicia de nosotros en Nicaragua. Yo creo que deberían de retomar la demanda a nivel internacional contra este estado criminal, para que en todo el ámbito de América Latina no existan estos sistemas dictatoriales que asesinan jóvenes con un futuro brillante por solo pensar diferente”.