Nicaragua reforma Ley contra la trata de personas, EEUU ve que no hacen esfuerzos para enfrentar delito

La Asamblea Nacional en Nicaragua aprobó el jueves, adiciones y reformas a la Ley número 896, Ley contra la trata de Personas. Los cambios contemplados apuntan a mejorar la "eficiencia" en la lucha contra la trata de personas, pero Estados Unidos cree que en el país no se realizan "esfuerzos significativos" contra este flagelo.  

Entre las modificaciones al artículo 7, designan la aplicación de la ley al recién creado Ministerio del Interior, antes Ministerio de Gobernación. 

"Desígnese al Ministerio del Interior como la autoridad de aplicación de la presente Ley en lo referido a la consulta y coordinación, así como la formulación, implementación evaluación y seguimiento de las políticas públicas de prevención, investigación y protección a las víctimas, así como la política pública de persecución y sanción del delito de trata de personas para lo cual deberá apoyarse en todas las instituciones pertinentes según el ámbito de sus competencias", aprobaron.  

Las modificaciones también se aplicaron al artículo 17, que orienta la construcción de un sistema de información que estará controlado por la misma entidad. 

"Impleméntese el Registro Nacional Único de información sobre trata de personas, como sistema de información oficial administrado por el Ministerio del Interior, con el objeto de disponer de una base de datos estadísticos y de información para la formulación de las políticas, planes, estratégicos y programas así como para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional", se lee en la reforma, que otorga total control de la información al recién creado órgano de seguridad del Estado. 

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, aseguró que la reforma centra las responsabilidades en una sola entidad, y les permitirá ser "más eficientes".

“Le estás dando esta responsabilidad y va a llevar un registro, porque no van a andar escribiendo para estarse ganando cientos o miles de dólares por consultoría, andar inventando cifras alegres sobre este delito. Va a haber un registro que va a ser central y lo va a manejar el Ministerio del Interior, y son gente seria, son gente responsable, son gente que nos ha demostrado que quiere trabajar por y para el pueblo nicaragüense”, dijo Gutiérrez, descalificando el trabajo, que de forma independiente, la sociedad civil realizó en años anteriores contra el flagelo. 

Según las modificaciones, las instituciones tendrán la obligación de proporcionar la información referida a prevención, atención a víctimas, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas y cualquier otra información, mientras el artículo 18, reorienta el destino de los recursos provenientes de distintas fuentes y del delito de trata de personas, ingresarán al patrimonio del Estado de la República de Nicaragua. 

"Todos los bienes muebles e inmuebles que sean incautados decomisados o abandonados en el caso de los recursos que provengan de donaciones proyectos de Agencia de Cooperación, asociaciones, instituciones, privadas nacionales o extranjeras, así como el dinero incautado decomisado o abandonado", se lee en los cambios. 

El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos del Legislativo, dijo en el pleno que era necesario actualizar la Ley "para poder garantizar la protección de las personas, la familia y la comunidad, lo que implica el fortalecimiento del trabajo institucional articulado y de cero tolerancia a la trata de personas”.

La diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, aseguró que en Nicaragua prácticamente no hay casos de trata de personas, pero un informe del departamento de estado de Estados Unidos la desmiente.

"A pesar de que Nicaragua ha mantenido un bajo índice de casos de trata de personas en los últimos años, con menos de 4 casos reportados, no podemos subestimar la gravedad de este delito ni su impacto en las personas que lo sufren", dijo Martínez.

En Junio del año 2023, Estados Unidos publicó, el informe anual sobre trata de personas y señala que Nicaragua se encuentra entre los países que no realizan "esfuerzos significativos" para detener ese flagelo.

En la misma lista no sorprende que están incluidas las dictaduras de Cuba y Venezuela, entre los peores calificados de 188 países y territorios. 

Las naciones están divididas en tres niveles, indica el informe: "El nivel 3, el más bajo, incluye a una serie de gobiernos que ni cumplen los requisitos mínimos, ni hacen esfuerzos significativos para lograrlo, de acuerdo con la supervisión del Departamento de Estado de EEUU.", En este nivel se encuentra Nicaragua.  

El régimen de Daniel Ortega canceló centenares de personerías jurídicas de organizaciones que trabajaban contra la trata de personas, esto facilitaba la detección de casos y denuncia de la víctima. Todas esas redes ciudadanas fueron desarticuladas por la dictadura en su tarea de exterminio de las organizaciones.