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Régimen de Ortega ha criminalizado el ejercicio periodístico en Nicaragua, dice gremio

En una declaración en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el PCIN aseguró que "la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha escalado sus métodos represivos contra los medios y periodistas independientes, a quienes no ha cesado de atacar, amenazar y perseguir" a partir de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua

Mayo 03, 2024 03:06 PM
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El Gobierno que preside Daniel Ortega ha criminalizado el ejercicio periodístico independiente en Nicaragua al encarcelar, abrir causas judiciales, desnacionalizar y desterrar a los comunicadores críticos, y confiscar en algunos casos sus bienes, denunció este viernes el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

En una declaración en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el PCIN aseguró que "la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha escalado sus métodos represivos contra los medios y periodistas independientes, a quienes no ha cesado de atacar, amenazar y perseguir" a partir de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua.

"Con la creación y aprobación de leyes, con una narrativa que transmite mensajes estigmatizantes y de odio; así como la instrumentalización de todo el aparato de justicia y el control absoluto de todas las entidades de Estado, el régimen ha criminalizado el ejercicio periodístico independiente", argumentó ese gremio integrado en su mayoría por periodistas nicaragüenses en el exilio.

El PCIN, que tiene su sede en Costa Rica, sostuvo que Ortega ha respondido a la prensa crítica con "con cárcel, judicialización, destierro, desnacionalización, confiscación y el incremento sin precedentes de un exilio forzado que ya suma más de 250 periodistas y comunicadores".

Exigen liberar a Víctor Ticay

Como ejemplo de la criminalización de la labor de informar, ese gremio mencionó el caso del periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense, quien fue detenido después de transmitir en Facebook Live una actividad de la Iglesia católica y luego fue condenado a ocho años de prisión por el delito de difundir información falsa y conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional.

Asimismo, el PCIN dijo que siguen "recordando con dolor el asesinato" del periodista Ángel Gahona, que recibió en abril de 2018 un disparo cuando cubría unas manifestaciones contra el Gobierno de Ortega, "un crimen que cumplió seis años de impunidad".

"Su muerte no solo representa una pérdida irreparable para su familia y colegas, sino que también es un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan los periodistas en Nicaragua y en todo el mundo", agregó ese movimiento.

Ese gremio exigió , por tanto, la libertad inmediata para Víctor Ticay y justicia para Ángel Gahona y todos los periodistas que han sido víctimas de la violencia y la represión del régimen Ortega Murillo.

También demandó el cese el discurso estigmatizante contra el periodismo y medios independientes de Nicaragua.

Al menos 56 medios cerrados

En el documento, el PCIN reafirmó su compromiso con la verdad, con los valores ética y la defensa de la libertad de prensa, y advirtió que "sin libertad de prensa, no tendremos ninguna libertad" y que "sin libertad de prensa no hay democracia".

Según un informe divulgado hace dos semanas por ese gremio, al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por el Gobierno sandinista desde que estalló la crisis, incluyendo el influyente diario La Prensa, el Confidencial y 100 % Noticias.

 En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó recientemente que la violencia del Gobierno de Ortega contra los periodistas nicaragüenses se ha recrudecido y que la misma incluye el robo de sus viviendas, el cierre de sus cuentas bancarias y agresiones a sus familiares.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde el 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos.

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