Corte IDH tiene lista sentencia sobre canal interoceánico de Nicaragua

El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya concluyó su deliberación sobre la demanda interpuesta por los pueblos indígenas Rama y Kriol, la comunidad de Monkey Point y la Comunidad Negra Creole de Bluefields, en contra del Estado de Nicaragua por la concesión del Gran Canal Interoceánico (GCIN).

Si bien el régimen de Daniel Ortega anunció esta semana la cancelación de la concesión del canal. 

La Corte IDH dará a conocer su sentencia a mediados de este año, probablemente en el mes de junio. 

Esta decisión es de suma importancia para las comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes consideran que el Estado de Nicaragua violó sus derechos fundamentales al otorgar la concesión del canal sin su consentimiento previo, libre e informado, y sin realizar los estudios de impacto ambiental y social pertinentes. 

“Los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido afectados por estas leyes ya que ninguna de ellas fue consultada con estos pueblos, a pesar que 52% de la ruta del GCIN atravesaba sus territorios tradicionales”, se lee en el pronunciamiento de Calpi publicado en sus redes sociales.

El documento, de Calpi, recordó que las autoridades indígenas en su momento denunciaron que el Estado de Nicaragua cooptó al presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) y, sin obtener el Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI) de las comunidades, lo hizo firmar un supuesto Convenio con la Autoridad del GCIN en el que le otorgó ilegalmente el arrendamiento perpetuo sobre 263 Km2 de tierra en el corazón de su territorio ancestral.

Asimismo, las autoridades afrodescendientes de la CNCIB denunciaron que el Estado de Nicaragua: impulsó un gobierno paralelo al legalmente constituido por ellos, abortó el proceso de titulación de su territorio tradicional, ilegalmente destituyó a su representante en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) y entregó al gobierno paralelo un título de solo 7% de la tierra reclamada, dejando fuera 93% de su tierra tradicional para beneficiar el megaproyecto.

Agotaron las instancias nacionales

Ante la falta de respuesta del sistema judicial nicaragüense, las comunidades indígenas y afrodescendientes se vieron obligadas a recurrir a la Corte IDH. Entre 2013 y 2020, presentaron 19 Recursos de Amparo por las violaciones a sus derechos humanos fundamentales, sin obtener amparo alguno por parte de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

Un precedente histórico

Las comunidades esperan que la Corte IDH reconozca sus derechos y ordene al Estado de Nicaragua reparar los daños causados, incluyendo la cancelación definitiva del proyecto del Gran Canal Interoceánico. 

Esta sentencia podría sentar un precedente histórico para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, y para la protección del medio ambiente.