RedProdePaz denuncia violaciones a DDHH en Nicaragua en el marco del Examen Periódico Universal de ONU

La  coalición RedProdepaz Nicaragua, dio a conocer un informe que describe la política de Estado de terror que impera en Nicaragua y que genera el cierre total del espacio cívico. El informe destaca las graves violaciones a derechos humanos entre 2019 y 2024. 

“El informe busca contribuir con la identificación de los retos y restricciones relacionadas con el incumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el Estado en el marco del III Examen Periódico Universal”, se lee en el documento.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, que estipula que cada Estado miembro de las Naciones Unidas se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos.
 
Según este informe de RedProdePaz, en Nicaragua hay obstáculos y desafíos para la libertad de asociación, la integridad y libertad personal, la libertad religiosa, derechos de la mujer, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, derechos de las personas privadas de libertad por motivos políticos/presos políticos, de la comunidad LGBTI, así como la libertad académica, autonomía universitaria y otros derechos humanos conexos de los universitarios. 

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“Entre las violaciones a la libertad de asociación y reunión pacífica destacan ataques a la libertad de asociación y expropiaciones, entre ellas la cancelación arbitraria de la personería jurídica a 3,532, organizaciones de diferentes denominaciones entre ellas: 4 partidos políticos, 8 universidades internacionales y 20 universidades privadas, 57 medios de comunicación, 419 organizaciones religiosas y aproximadamente 40 organizaciones que atienden grupos vulnerables como mujeres y niños en el territorio nicaragüense.
 
Además, de las cancelaciones, Prodepaz señala, que posterior, a las organizaciones se les confisco sus bienes de forma de facto y fueron ocupados por la policía y luego por medio de traspasos de hecho, sin ningún tipo de cumplimiento de las leyes del país.

El informe denuncia la entrada en vigencia de la Ley No. 1115: Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro.

“Dicha ley es considerada una demolición a la libertad de asociación, al no establecer la posibilidad de subsanar errores o el incumplimiento de los requisitos establecidos por la propia legislación relativos a la operación y funcionamiento de las organizaciones, por lo que se genera un ambiente legal propicio para la disolución forzada mediante la cancelación de su personería jurídica y como mecanismo de sanción. Igualmente, esta ley legaliza la confiscación de bienes a favor del Estado de las personas jurídicas canceladas”, recaba el documento.
 
El informe retoma los ataques en contra de la iglesia y la libertad religiosa, como una muestra de la ausencia de la libertad de asociación con fines religiosos.

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“Según el informe sobre Libertad Religiosa en Nicaragua, presentado por Martha Patricia Molina expone que entre 2018 y 2023 la Iglesia Católica ha recibido 667 ataques y la Iglesia Cristiana evangélica de Nicaragua ha recibido 70 ataques en el mismo periodo”, destaca el informe.
 
Las profanaciones, robos, daños a la infraestructura, alteraciones a los recibos de servicios básicos, cortes de servicios básicos, inmovilización de cuentas bancarias, confiscaciones; amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, asedios, persecuciones exilios, expulsiones y pérdida inconstitucional de la nacionalidad de religiosos, secuestros, prohibiciones de actividades religiosas como procesiones, actos de piedad popular, misas; encarcelamientos y procesos judiciales ante el Sistema de Justicia de Nicaragua, integran la larga lista de los tipos de ataques perpetrados por la dictadura contra la iglesia.
 
Otra arbitrariedad que señala que señala el informe es   la aprobación de la Ley 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.

“La ley fue fue aplicada a 222 personas presas políticas desterradas hacia Estados Unidos ese mismo día, y que se aplicará a todas las personas sentenciadas con la Ley N° 1055, Ley Defensa de los Derechos del Pueblo. Entre los desterrados iban sacerdotes, mujeres, campesinos, jóvenes, estudiantes, activistas políticos, defensores de derechos humanos y opositores en general no organizados, pero que participaron en eventos pacíficos de protesta”, señalan.
 
Otra de las preocupaciones es el cierre de las universidades, que afecta hasta hoy a más de 37.000 estudiantes universitarios.

Aula Abierta, organización integrante de RedProdepaz, ha recibido denuncias de la imposibilidad de estudiantes de acceder a sus récords académicos relativos a las antiguas casas de estudios, adoctrinamiento político dentro de las universidades públicas y educación superior, así como encarcelación de universitarias.

“Durante el mes de agosto de 2023, las universitarias y activistas feministas Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales y Joseling Mayela Campos fueron detenidas arbitrariamente luego de realizar denuncias en redes sociales criticando el cierre arbitrario de la UCA, así como difundir mensajes en favor del feminismo”. 

El informe añade la preocupación que existe en torno a los presos políticos en condición de desaparecidos, cuyas familias no tienen pruebas de vida. Entre ellos el catedrático Freddy Quezada, el poeta y universitario Carlos Bojorge y el ex diputado Brooklyn Rivera.
 
El informe recomienda a la dictadura sandinista derogar la Ley 1145 Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad y Nicaragüense y restituir la nacionalidad a los 222 nicaragüenses privados arbitrariamente de su nacionalidad.
  
Además “Cesar la política de Estado de represión en contra de las universidades, profesores y estudiantes universitarios, Respetar y garantizar el derecho a la consulta, derechos territoriales, al autogobierno y autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.
 
ProdePaz y sus organizaciones miembros demandan liberar de manera inmediata a los presos políticos existentes en Nicaragua y abstenerse de practicar detenciones arbitrarias y/o por motivos políticos.