Grave crisis de libertad de expresión y prensa en Nicaragua presentada en Examen Periódico Universal (EPU)

En el marco del Cuarto Ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Nicaragua, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) presentó un alarmante informe sobre "una feroz represión" contra opositores y disidentes desde abril de 2018, "en la que incluye como víctimas a periodistas y comunicadores",  

Guillermo Medrano, director ejecutivo de FLED, denunció la grave situación que enfrentan periodistas y comunicadores independientes, quienes son víctimas de una creciente represión por parte del Estado nicaragüense y sus agentes.

“El Estado de Nicaragua ha impuesto un marco jurídico en el debilitamiento del Estado de Derecho; instaurando mecanismos de censura, represión y judicialización contra periodistas, artistas y medios de comunicación en el entorno físico y digital”.

Según el informe de FLED, entre 2018 y 2024, se han documentado al menos 1,775 agresiones contra periodistas y comunicadores, lo que incluye desde amenazas hasta encarcelamientos y exilios forzados. Además, 59 periodistas han sido citados a interrogatorios por la Fiscalía General bajo amenazas de aplicación de la Ley de Ciberdelitos por supuesta difusión de noticias falsas.

Un dato alarmante del informe es la desaparición de una periodista desde julio de 2024, así como el encarcelamiento de dos periodistas más, lo que refleja el nivel de persecución que vive la prensa en el país. 

“Desde abril de 2018 y hasta julio de 2024 al menos 275 periodistas y comunicadores han tenido que exiliarse. Entre 2018 y 2023 al menos se han cerrado 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y la Trinchera de la Noticia. 

En su informe, FLED también destacó la falta de compromiso del gobierno nicaragüense con las recomendaciones recibidas durante el diálogo interactivo del EPU de 2019. 

Estas recomendaciones incluían poner fin al uso arbitrario de mecanismos administrativos, legislativos, judiciales, financieros y policiales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en el país, derogar las leyes restrictivas que operen en contra del derecho internacional referentes a la libertad de expresión, artística y de manifestación y adoptar medidas para restituir la nacionalidad a periodistas. 

Estas y otras recomendaciones pasaron de largo, un año más, se evidencia que el régimen de Ortega está empeñado en controlar cualquier actividad informativa. 

La FLED hizo un llamado a la comunidad internacional para que se adopten medidas urgentes que permitan restaurar la libertad de prensa y expresión en Nicaragua y exigen la devolución de las propiedades confiscadas a los medios de comunicación.