EEUU reglamenta aplicación de sanciones a funcionarios orteguistas
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este martes a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) una normativa para aplicar las sanciones a los nueve funcionarios orteguistas, señalados por el gobierno estadounidense de violar derechos humanos, estar involucrados en casos de corrupción y lavados de activos, dicha normativa también es aplicable para otros funcionarios y allegados del régimen que podrían ser sancionados en los próximos meses.
“Estas regulaciones entrarán en vigor a partir de su publicación en el Registro Federal el 4 de septiembre de 2019”, detalla el Departamento del Tesoro a un año que Estados Unidos haya sancionado a Roberto Rivas, Francisco López, Francisco Díaz, Fidel Moreno, Néstor Moncada Lau, el general en retiro Oscar Mojica, Laureano Ortega Murillo, Gustavo Porras, Orlando Castillo, Sonia Castro, Bancorp y Rosario Murillo.
El documento, señala que las normativas impiden una amplia gama de transacciones para los sancionados, como bloqueo de sus bienes y propiedades en Estados Unidos, cuentas asociadas al sistema financiero norteamericano; mantenimiento de fondos en cuentas remuneradas, sean inversión y reinversión. El Departamento del Tesoro también impone nuevas normativas a personas e instituciones financieras estadounidenses para transar con los sancionados.
También impide a los sancionados realizar cualquier tipo de transacción para salvaguardar los bienes afectados, que incluye “la realización, ejecución, o la entrega de cualquier cesión, poder, transmisión, control, declaración, escritura, escritura de fideicomiso, poder notarial, poder de nombramiento, escritura de compraventa, hipoteca, recibo, acuerdo, contrato, certificado, regalo, venta, declaración jurada o estado de cuenta; la realización de cualquier pago; la compensación de cualquier obligación o crédito; el nombramiento de cualquier agente, fideicomisario o fiduciario; la creación o transferencia de cualquier gravamen; la emisión, registro, presentación o gravamen de o bajo cualquier sentencia, decreto, embargo, mandamiento judicial, ejecución u otro procedimiento judicial o administrativo el proceso u orden, o el servicio de cualquier embargo”.
Para las personas e instituciones financieras estadounidenses también hay normativas para transar con los sancionados. Estas indican que “cualquier entidad estadounidense (incluidas sus sucursales en el extranjero) que se dedique a aceptar depósitos, realizar, otorgar, transferir, retener o negociar préstamos u otras extensiones de crédito, o comprar o vender divisas, valores, futuros u opciones de productos básicos, o adquirir compradores y vendedores de los mismos, como principal o agente”, explica el documento.
Las instituciones financieras también incluye “bancos, cajas de ahorros, compañías fiduciarias, corredores y corredores de valores, corredores y corredores de futuros y opciones, comerciantes de contratos a plazo y de divisas, bolsas de valores y de productos básicos, corporaciones de compensación, compañías de inversión, planes de beneficios para empleados y compañías tenedoras estadounidenses, afiliadas estadounidenses o subsidiarias estadounidenses de cualquiera de los anteriores”.
Con información de Confidencial