“No dejen atrás la liberación de todos los presos políticos”

La cifra de presos políticos que continúan encerrados en las cárceles del régimen orteguista se redujo a 61, tras la excarcelación de ocho presos políticos entre una lista de mil reos comunes que realizó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, este jueves 13 de febrero. Sin embargo, es una cifra que fácilmente puede aumentar debido a la estrategia sostenida de la Policía Nacional y la Fiscalía, de capturar y recapturar a opositores que continúan manifestándose en las calles pese al estado policial de facto, impuesto quince meses atrás.

“La cifra sube y baja porque hacen liberaciones, pero también hay recapturas y nuevas capturas… puede variar por las detenciones que se hacen diario”, explica la abogada Yonarqui Martínez, quien tiene a su cargo la defensa de unos 16 reos de conciencia que continúan en prisión

Entre los presos políticos excarcelados este jueves están: Katherine Martínez, de Managua; Lesther Renato Ruiz, de Carazo; Owen Ramsés Marín y Víctor Pérez, de Masaya; Mayela Cruz, de Madriz, y Bryant Urbina, de Managua. Otros dos excarcelados optaron por mantener su identidad en el anonimato, por temor a las represalias y asedios que persisten contra los presos políticos y sus familiares

Martínez, quien lleva la defensa de ambos, precisó que uno de ellos incluso ya había cumplido su condena y solo tenía orden de libertad sin ejecutarse.

Descuidos y maltratos

Julio Montenegro, miembro del colectivo de abogados Defensores del Pueblo, también tiene a su cargo la defensa de 18 reos de conciencia que continúan en prisión. El abogado describe la zozobra que viven los familiares, que continúan esperando la liberación plena de todos los detenidos.

Una de esas familias es la de Víctor Pérez, originario de Masaya y excarcelado este jueves. Sin embargo, su hermano Uriel Pérez continúa encarcelado

“Se sembró la expectativa en muchos familiares de los presos políticos de que iba a haber salida de todos, pero al final solo salieron ocho, y son los que tienen menos participación en las protestas cívicas. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Pérez, el que salió fue el joven que no había tenido tanta participación y que prácticamente se le arrastró junto con la suerte de su hermano Uriel Pérez, que sigue detenido”, detalló Montenegro, en el programa Esta Semana

La situación de los defendidos de Montenegro es similar a la de los reos que tiene a su cargo Martínez: problemas de salud que no son atendidos por las autoridades penitenciarias, pésimas condiciones de higiene en las celdas y una nula atención de parte de los judiciales que llevan los casos

“Nosotros remitimos a las autoridades judiciales oficios para que sean valorados en el Instituto de Medicina Legal y puedan ser atendidos de manera rápida, sin embargo, esos escritos no se cumplen, tenemos llenos los expedientes de solicitudes y a veces no se tramitan y a veces no se les permite el ingreso de medicamento y de comida, como sucedió con Norlan Cárdenas en los juzgados”, narró Montenegro

Entre los 16 reos de conciencia que defiende Martínez hay al menos tres que son presos políticos recapturados tras una primera excarcelación, todos procesados ahora por supuestos delitos comunes. Uno de ellos, recuerda, regreso del exilio porque su hija estaba enferma y ahora está procesado por supuesta portación ilegal de armas.

“Hacemos peticiones a las autoridades para que nuestros defendidos reciban atención médica, y queda plasmado en las salas, pero simplemente no se cumple”, reclama Martínez.

La abogada detalla el caso de Carlos Bonilla, quien tiene un problema en la rodilla; o el caso de Francisco Xavier Pineda Guatemala, quien tuvo una cirugía de corazón, pero ya no le sirve el marcapasos, pero se le niega atención médica.

“Y así hay un sin número de presos políticos que están adentro, con problemas severos de diabetes y, sin embargo, nosotros hacemos la solicitud, le dan trámites los jueces, pero queda nada más en un papel porque en el Sistema Penitenciario y la Dirección de Auxilio Judicial, se hace caso omiso a todas las ordenanzas”, denuncia

Cambio de régimen inválido

La excarcelación de los ocho presos políticos, este jueves, ocurrió tras un cambio en las medidas carcelarias. La dictadura incluyó a los reos de conciencia en el mismo bolsón de 1000 reos comunes. A todos les aplicó el beneficio de régimen de convivencia familiar, pero según Montenegro el cambio no es válido para los opositores que fueron trasladados a sus casas.

“Para que sea ejecutable la convivencia familiar, el reo tiene que pasar por cierta cantidad de etapas como la adaptación, el régimen de trabajo, régimen abierto, hasta terminar con el régimen de convivencia familiar, lo que supone que esta persona deba cumplir con el 50% de su pena. Pero en estos casos, sacan a personas que están en procesos activos, el caso de Víctor Pérez, es un caso que va para juicio oral y público, de tal manera que no aplica”, aseguró Montenegro, pues no hay libertad total, sino que siguen con un proceso a cuestas

Montenegro reclama que el hecho de que el régimen haya cambiado solo la medida cautelar y no les haya liberado totalmente, implica que potencialmente en los procesos, que están abiertos, puede haber fallos de responsabilidad tomando en cuenta ejemplos de otros excarcelados a los que de entrada no se les exculpó de los delitos, que, dicho sea de paso, nunca cometieron.

“Arbitrariamente también se les aplica estando en sus casas, pues están sujetos a retención migratoria, no pueden salir del departamento, no pueden asistir a centros recreativos. Todas esas son medidas cautelares que solamente la autoridad judicial puede imponer, de tal manera que hay una arbitrariedad en cuanto al manejo de la ley (porque quien dicta el cambio de medida es el Sistema Penitenciario)”, agregó.

Martínez agregó que el hecho de que Ortega haya excarcelado a estos ocho reos de conciencia junto a una gran cantidad de presos comunes, significa que el Gobierno no quiere reconocer que efectivamente son presos políticos, a pesar de que los abogados así lo han dejado claro desde el momento de la captura de los ciudadanos

“Tenemos expedientes sustentados de que son presos políticos. Observando la liberación en combinación con otras personas que tienen delitos comunes, consideramos que el trámite de convivencia familiar no aplica, pues cada persona que es liberada tiene que ser de manera individual. Según la ley de regulación y vigilancia penitenciaria, esto (la medida) lo tiene que dictaminar un juez de ejecución”, manifestó Martínez

El desafío de la defensa

Ejercer la defensa de los presos políticos es bastante complicado, asegura la abogada Martínez, pues tienen que lidiar con el hecho de que los jueces forman parte de un entramado judicial cuyo objetivo es condenar al protestante, sin importar que se demuestre lo contrario sobre las acusaciones que se les imputa.

Además, los abogados también tienen que lidiar con el acoso policial y de paramilitares que llegan hasta sus casas para intimidarlos

La sede de Defensores del Pueblo, por ejemplo, es asediada de manera regular por agentes de la Dirección de Operaciones Especial de la Policía (DOEP). Y Martínez hace unos días tuvo que soportar las amenazas de grupos irregulares que llegaron hasta su casa de habitación.

“Intentaban allanar mi propiedad creyendo que yo tenía a una persona dentro de mi casa (Snayder Suazo), a quien yo le he dado asesoría legal. La Policía llamó y me comenzó a decir que lo entregara, que si sabía algo de él que dijera dónde estaba. ¿Cómo van a tratar de coaccionar, de obligarme a cosas que ellos no deben? ¿Por qué hacerlo con nosotros, los que hacemos un trabajo de defensa?”, cuestionó Martínez.

¿De qué depende la salida?

Aunque algunos jueces han fallado a favor de los opositores que han protestado en contra del régimen, como es el caso de Pedro Gutiérrez y Walter Juárez, quienes fueron declarados no culpables por el juez Edgard Altamirano, esto no significa sostienen los abogados que exista un margen judicial para impartir justicia y que estos contradigan las órdenes políticas que son bajadas desde El Carmen, residencia y despacho de Ortega.

“Para ser honesta, tengo cinco casos en los cuales las personas que defendía fueron declaradas inocentes. Dos de ellos fueron acusados por robo por el comisionado Juan Valle Valle. Sin embargo, la jueza fue víctima de un fuerte llamado de atención. Inclusive, en sala, el comisionado me amenazó a mí y comenzó a gritar y a decir que eso no se va a quedar así. Algunos jueces que hemos logrado captar son enfilados, como en el caso de la doctora Adela Cardoza, pero dentro de este procedimiento ha habido jueces que sí han fallado a favor”, comentó Martínez

Para Montenegro, la posibilidad de que sean excarcelados los presos políticos que están en las mazmorras dependerá de una suma de muchos factores. No solo de las pruebas falsas que los fiscales llevan a los juicios, sino también del contexto internacional y la presión que realicen los familiares de los presos políticos instando al Gobierno a cambiar de actitud.

“Definitivamente, aquí se tiene que llegar a una etapa donde haya algún tipo de consenso y donde el Gobierno efectivamente libere a estos presos políticos”, afirma Montenegro.

Martínez considera que es fundamental que los grupos que han colaborado de manera política, así como los organismos internacionales y los defensores, que continúan denunciando cada una de las violaciones de derechos humanos, no dejen de hacer su trabajo y elevar la voz por cada uno de los privados de libertad.

Sobre la presión social que ejerce la oposición a la dictadura orteguista, Montenegro expresa que, si bien su trabajo no es cuestionar a estos grupos, sí ha notado de que últimamente se ha debatido más el asunto del tema electoral y de repente se han preocupado menos por la liberación de los presos políticos

“Hay mucha diferencia de opinión y no hay una fortaleza dentro de los grupos políticos y otros sectores que deberían unificarse, es decir, no ser ‘yo el primero y luego vienen ustedes conmigo’, sino de que todos se unan y tenga un proyecto en común. Eso es lo que está faltando”, consideró Montenegro.

Martínez agregó que la presión siempre ha existido, sin embargo, lo que falta es voluntad política para la liberación por parte de la dictadura.

“Siempre hemos dejado claro, como defensores, que nuestro trabajo es eminentemente en defensa de los derechos humanos, pero sí hemos visto que se ha bajado un poco la presión de manera nacional”, valora Martínez. La abogada sostiene que constantemente exhortan a los diferentes grupos de la oposición para  que, aparte de enfocarse en la reforma electoral, “no dejen atrás la liberación de cada uno de los privados de libertad”.