María Asunción Moreno: ley que inhibe a "traidores de la patria" es inconstitucional, viola derechos políticos

La Ley “Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, que aprobaron con carácter de urgencia los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional es una ley “inconstitucional”, señala Dra. María Asunción Moreno, jurista y académica miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Moreno explicó que la definición “Traidores a la patria” como una causal de inhibición para optar a cargo de elección popular violenta el derecho humano a la participación política debido a que la Constitución Política de Nicaragua establece el “derecho a elegir y ser electos”, sin mayores requisitos que los dictados por la Constitución y Ley Electoral.

“Los requisitos sólo pueden ser reformados mediante una ley de igual rango, y no a través de una ley ordinaria como la que se aprobó. Estamos pues ante una ley inconstitucional que no tiene efecto legal alguno, ya que transgrede derechos garantizados en la Constitución Política”, analizó la jurista.

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Para la experta, la Ley “cercena” una de las garantías electorales que debe cumplir un proceso libre, justo y transparente “competencia electoral en condiciones de igualdad”; por ello, transgrede la Convención Americana de Derechos Humanos.

Según la jurista, los derechos políticos también son derechos humanos que hacen posible el juego democrático, “bajo el pretexto de garantizar independencia, soberanía y autodeterminación como una posición política antidemocrática extrema contra los derechos con este tipo de leyes pretende deslegitimar a la oposición política, al considerarlos “terroristas”,  “golpistas”,  “incitadores de la injerencia extranjeras en asuntos interno”, “traidores de la patria””, señala.

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A estas violaciones se suma, que los opositores corren el riesgo de ser objeto de procesos judiciales viciados “La posibilidad de abrirles causas penales por “delitos contra la Seguridad del Estado”, “delitos que comprometen la Paz” y los “delitos contra la Constitución Política” previstos en los artículos del 409 al 431 del Código Penal vigente, cuyas penas oscilan de dos a quince años de prisión e inhabilitación absoluta para el desempeño de función, empleo o cargo público”, advierte la jurista.

Para la experta, la Ley “Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, es parte de un bloque de leyes de corte autoritario y represivo del régimen Ortega-Murillo contra opositores.

“Ortega pretende legalizar sus prácticas autoritarias como parte del proceso de recrudecimiento del patrón represivo y de graves violaciones a los derechos humanos”, enfatizó la experta.