Autores de operación limpieza y ejecuciones extrajudiciales serán sancionados con Ley Renacer

Un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en el interior de Nicaragua, que incluya la operación limpieza en 2018 y asesinatos extrajudiciales a campesinos e indígenas hasta el 2021, es requerido por el Senado de los Estados Unidos, según la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER). 

El proyecto de Ley Renacer fue introducido este miércoles por senadores demócratas y republicanos para alinear estratégicamente las herramientas diplomáticas de los Estados Unidos, incluidas las sanciones específicas e impulsar las elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021.

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"El Congreso determina que, desde el mes de junio del 2018 inicio de la "Operación Limpieza", un esfuerzo del gobierno de Daniel Ortega para desmantelar barricadas construidas en Nicaragua durante manifestaciones sociales en abril de 2018. El gobierno de Ortega ha aumentado su abuso a campesinos y miembros de comunidades indígenas, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual como forma de intimidación" argumenta la Ley Renacer.

Los senadores agregan que a más tardar en 90 días después de la fecha de promulgación de esta Ley, el Secretario de Estado someterá al Congreso un informe que documente "la perpetración de graves violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Ortega  contra campesinos y comunidades indígenas en el interior de Nicaragua".

El informe debe centrarse "en las violaciones cometidas desde abril del 2018, incluidos abusos de derechos humanos y extrajudiciales asesinatos en las ciudades de Managua, Carazo y Masaya entre abril y junio de 2018; y los municipios de Wiwili, El Cuá, San José de Bocay y Santa María de Pantasma en el Departamento de Jinotega, Esquipulas en el Departamento de Rivas, y Bilwi en la Región Autónoma de la Costa del Caribe Norte entre 2018 y 2021".

Responsabilidades por cierre de CENIDH

El 13 de diciembre del 2018 el Centro de Derechos Humanos, (CENIDH) junto a otras 8 organizaciones no gubernamentales, fueron asaltadas y ocupadas ilegalmente por fuerzas policiales y paramilitares. Este año el régimen de Daniel Ortega asignó esas propiedades al Ministerio de Salud, para inauguraran "Casas maternas, centros de rehabilitación y puestos de salud" de forma ilegal. Esta acción no quedará impune con la Ley Renacer que obliga a la Administración Biden a pasar un informe de los hechos para sancionar a los responsables.

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El informe debe "describir los esfuerzos del gobierno de Ortega para intimidar e interrumpir las actividades del CENIDH y otras organizaciones de la sociedad civil que intentan responsabilizar al gobierno por infringir: los derechos y libertades fundamentales de las personas en Nicaragua; y ofrecen recomendaciones sobre cómo Estados Unidos, en colaboración con socios internacionales y la sociedad civil nicaragüense, deberían aprovechar sus capacidades diplomáticas, incluidas las sanciones, para reducir las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Gobierno de Ortega y apoyar mejor a las víctimas de  violaciones de derechos humanos en el interior de Nicaragua".

Los promotores de esta Ley son los senadores estadounidenses Bob Menendez (DN.J.) , presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Marco Rubio (republicano por Florida) y Tim Kaine (demócrata por Virginia) , miembro destacado y presidente del subcomité. en el hemisferio occidental, y los senadores Dick Durbin (D-Ill.), Ben Cardin (D-Md.) y Chris Murphy (D-Conn.).