Opositores en Nicaragua reaccionan a destitución de magistrados en El Salvador
MANAGUA - La destitución por el Parlamento salvadoreño, afín al presidente Nayib Bukele, de cinco magistrados de la Sala Constitucional y el fiscal general de la República ha encendido las alertas en la oposición nicaragüense y juristas independientes, que han expresado que “los procedimientos exprés son motivos de alta preocupación” para la democracia en el país vecino.
Las reacciones llegan poco después de que el propio Bukele aludiera a países como Nicaragua en su cuenta de Twitter.
El precandidato presidencial por la Coalición Nacional, uno de los principales bloques opositores de Nicaragua, Luis Fley, considera que la medida tomada por el legislativo “asusta”, viéndolo desde Managua, donde Daniel Ortega es señalado de encabezar una de las “dictaduras” más duras de la región al controlar todos los poderes del Estado.
“Yo simpatizo mucho con el joven Bukele, pero cuando se dan esas situaciones que rompen el orden establecido en las leyes, es un poco contradictorio”, comentó Fley a la Voz de América, y menciona que una de las muestras que en Nicaragua se vive “bajo dictadura” es porque no hay nada independiente: “Todo está sometido a los intereses de Daniel Ortega”.
Por su parte el jurista y extrabajador del Poder Judicial de Nicaragua, Yader Morazán, dijo desde el exilio que “nadie defiende ni discute el despido por corrupción a través del debido proceso y sus mecanismos legales” y que “el debate aquí es el cómo y el por qué” se dieron las destituciones.
“En este acto, no solo se influyó en la independencia de otro poder del estado, sino que también se violentó la ley en la forma de proponer magistrados. Sin agenda parlamentaria, sin comisiones constituidas, sin encausar puntualmente las razones de destitución y sin procesos previos promovidos por la fiscalía”, expone Morazán.
El abogado constitucionalista Bonifacio Miranda coincide con Morazán al mencionar que hubo irregularidades durante el proceso, pues a su juicio, se violentó la Constitución de El Salvador: “Para que haya destitución de magistrados, debe haber juicio previo, para confirmar si efectivamente, hay corrupción”.
“La forma y los procedimientos exprés utilizados deben ser motivo de alta preocupación para los gobiernos. Bukele se perfila como un dictador que disfraza sus reales intenciones con un vulgar discurso populista”, dijo Miranda a la VOA.
Morazán aclara que con lo mencionado “no se defiende a personas y sus intenciones, sino las formas constitucionales de proceder, y el cumplimiento de los márgenes que da la ley”.
Razones para las destituciones
En el caso del fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, la Asamblea lo destituyó alegando que contaba con pruebas de que el funcionario supuestamente mantenía un vínculo con el partido ARENA (partido de derecha que gobernó durante 20 años). Melara inició sus funciones el 6 de enero de 2019 e iba a concluir su período el 5 de enero de 2022.
"Basta revisar el listado de financistas privados de ARENA del año 2014, obtenidos del sitio oficial, donde aparece el ahora fiscal general de la república", dijo el diputado Numan Salgado, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.
En el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el oficialismo en el Parlamento argumentó que pusieron en riesgo la vida de las personas durante la cuarentena, al quitarle al ejecutivo las herramientas para enfrentarla.
Durante la pandemia, la sala declaró inconstitucional las detenciones de salvadoreños que salían mientras había una cuarentena impuesta por el presidente. También dejó sin efecto el plan de reapertura económica que el gobierno había pospuesto en varias ocasiones.
La Sala de lo Constitucional tiene cinco magistrados propietarios y cinco suplentes. El 1 de mayo, la nueva Asamblea los destituyó a todos. El magistrado presidente, Óscar Armando Pineda Navas, terminaría su período el 30 de junio de este año. El resto de los magistrados terminaba en 2027. Fueron elegidos para un período de nueve años.
"Manipulador" e "infantil", dicen abogados
En defensa a las críticas de la comunidad internacional y líderes de oposición de Latinoamérica, Bukele se refirió este lunes en su cuenta de Twitter a tres países con graves crisis políticas: Nicaragua, Honduras y Venezuela. En un modo aparentemente sarcástico, Bukele escribió que si la oposición de estos países ganara el poder, dejarían a los mismos magistrados de la Corte Suprema y fiscales, afines a ellos “por aquello del balance de fuerzas”.
“Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinistas. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la Corte y Fiscal de Juan Orlando Hernández. Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal del Chavismo. Digo, por aquello del balance de fuerzas”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
El abogado Yader Morazán considera que lo escrito por Bukele no es más que “manipulación” del mandatario pues considera la situación de Nicaragua y la de El Salvador difieren “a menos que allá (El Salvador), también se hayan cometido crímenes de lesa humanidad recientemente y en presencia de una fiscal ciega, sorda y muda; que los magistrados hayan dirigido más de 1.000 juicios políticos, que tengan los períodos vencidos”.
Para el opositor nicaragüense Carlos Pérez Zeledón, coordinador de comunicación de la organización Propuesta Ciudadana, la comparación de Bukele “es infantil” y evidencia el mal manejo de imagen que ha tenido en esta crisis por las medidas legislativas.
“Percibo que Bukele está molesto y es una rabieta infantil. Cuando se habla de balance de fuerzas, se habla de balances de poderes, y el tuit de Bukele dice el personalismo con que aborda las cosas. Nos preocupa en Nicaragua, porque promovemos una lucha frontal contra estos vicios y Bukele es un mal ejemplo para la población”, estima Zeledón.
“Vas a ver a la gente alabando sus acciones, porque conocemos muy poco de la democracia”, añade Zeledón, quien responde que de llegar al poder como oposición sí habrán cambios.
Y concluyó: “La gente tiene que estar clara que tenemos que hacer uso de mecanismos legales, sin violentar principios democráticos, porque, sino, no estaríamos haciendo nada, sería cambiar un dictador por otro”.
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