Generación sin voto en Nicaragua: "me han quitado el poder de elegir"
A sus 22 años de edad, Edgard Blanco ha votado en dos ocasiones: en las presidenciales de 2016 y en las municipales de 2017. En las dos escribió “fraude electoral” en la boleta para que anularan su voto. Fue la única forma de protesta que encontró en aquellos momentos contra un Consejo Supremo Electoral (CSE) utilizado por el partido en el poder, Frente Sandinista, para cometer fraudes electorales denunciados por la oposición.
Blanco también hizo “el voto protesta” contra los partidos políticos de oposición que, a cambio de unas cuantas diputaciones, participaban en el proceso para legitimar al régimen de Daniel Ortega, quien manda en el país desde hace 14 años. “He llegado a las urnas sin el poder de elegir”, dice Blanco, desde Costa Rica, donde está exiliado desde finales de 2018, cuando fue perseguido por el régimen después de participar en las protestas de ese año. También, fue expulsado de la pública Universidad Nacional Autónoma (UNAN-Managua), donde estudiaba Ciencias Políticas. “No sabía que el voto nulo le daba cierta legitimidad al gobierno, pero de alguna manera quise plasmar lo que estaba sintiendo”, agrega.
El punto de Edgard Blanco es compartido por al menos cinco jóvenes entrevistados para este reportaje. Todos pertenecen a una generación de entre 19 a 30 años de edad que no ha podido a votar libremente en las elecciones de entre 2008—las primeras que fueron denunciadas de fraudulentas— y 2017. Es un período que abarca dos comicios para elegir a presidentes y tres sufragios para escoger a alcaldes y autoridades municipales.
Una proyección de REDACCIÓN ABIERTA, con base a datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), revela que los jóvenes que se les ha quitado el derecho al voto actualmente ascienden a 1, 456,220.6, es decir, un 22.3% de la población total del país. Esta cifra fue sacada del promedio de personas que hoy en día tienen entre 19 y 21 años de edad, del total de los que tienen entre 22 y 26 años, y del promedio de los que tienen entre 27 y 30 años de edad, según la publicación Nicaragua en Cifras 2019, que recoge los datos del Censo Poblacional del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).
Otro dato importante son los jóvenes que no pueden votar por falta de cédula de identidad o porque no aparecen en el padrón electoral. Un estudio de Ética y Transparencia y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, publicado en 2013, llamado Auditoria de Dos Vías, reveló que el 19% de los jóvenes de entre 16 y 21 años no tenía cédula, mientras que un 13% de este mismo rango de edades, que sí tenía cédula, no estaba incluido en el padrón electoral. Por lo tanto, un 31% de estos jóvenes, unos 700 mil ciudadanos, no están habilitados para votar.
El sociólogo José Luis Rocha considera que las votaciones son “solo un instrumento, imperfecto, de la democracia representativa”. Es imperfecto, porque unas elecciones no garantizan la solución de los problemas de un país. “Pero de momento es el mejor instrumento que conocemos para acceder a mejores formas de gobierno”, considera Rocha.
Para el también investigador en temas de juventudes, la democracia ha demostrado ser más ventajosa que otras formas de gobierno, como las monarquías, regímenes dictatoriales, militares o dinásticos. “Pueden ocurrir menos abusos en una democracia, y además, las mejores formas de gobiernos que se han reconocido son la de los países nórdicos, donde funciona la democracia”, dice Rocha, y agrega: “que los jóvenes no hayan podido votar es haberlos privado de un instrumento que puede llevar al país a un mejor funcionamiento, y una forma de gobierno donde el soberano realmente sea el pueblo”.
La eliminación del derecho
Las últimas elecciones donde se ejerció el derecho al voto de forma transparente fue en 2006, cuando Daniel Ortega regresó al poder con el 38% de los votos, según los organismos de observación electoral nacionales e internacionales. ¿Cómo se ha eliminado el derecho al voto desde entonces?
En los últimos 13 años, el sistema electoral de Nicaragua ha sido destruido por el Frente Sandinista y sus operadores, con la ejecución de fraudes electorales evidentes en las elecciones municipales de 2008 y en las presidenciales de 2011, pero también por la cooptación del Consejo Supremo Electoral (CSE) que aprobó la reelección de Daniel Ortega. Luego, con el control del congreso, el caudillo sandinista legalizó su reelección indefinida, por medio de una reforma a la constitución. La última estocada al sistema fueron unas reformas electorales para inhibir a partidos políticos y permitir que su esposa, Rosario Murillo, accediera a la vicepresidencia del país.
Es decir, Daniel Ortega ejecutó los fraudes electorales para tener el control mayoritario en la Asamblea Nacional, desde donde reformó la constitución para perpetuarse en el poder y aplastar a los partidos políticos opositores. De manera que en las elecciones siguientes: 2013, 2016 y 2017, no hubo credibilidad ni competencia en los procesos. Según un exdirectivo de un organismo de transparencia, que habló en condición de anonimato, a partir de 2008 existe una oscuridad electoral, pues “todo el sistema trabaja en función de ocultar los datos de las elecciones”.
Este ocultamiento hace imposible que se realice una auditoría electoral, porque los datos que publica el Consejo Supremo Electoral no tienen ninguna credibilidad. Para explicarlo en el argot del beisbol, el deporte rey de Nicaragua, es como que en un partido de beisbol, Daniel Ortega controlara los dos equipos que se enfrentan, los árbitros y hasta el estadio en el que juegan. A donde sea que puedan batear los opositores, serán out por regla.
“Yo voté por el FSLN”
Dentro del casi millón y medio de jóvenes que no han podido votar de forma libre, se encuentran los que simpatizaban con el Frente Sandinista. Una de ellas era Andrea Salasblanca, de 23 años de edad, quien en las elecciones de 2016 formó parte del engranaje electoral que llevó a ganar el tercer período consecutivo que todavía tiene a Daniel Ortega en la presidencia.
Salasblanca es hija de una maestra de un colegio público y un exguerrillero que combatió en las filas del Frente Sandinista para derrocar a la dictadura somocista que estuvo en el poder de Nicaragua entre 1937 y 1979. Desde pequeña fue criada en un ambiente de simpatizantes al partido rojinegro, liderado por Ortega. De hecho, vivía en un residencial llamado Valle de Sandino, en honor al símbolo del partido Augusto C. Sandino, donde habitan mayoritariamente trabajadores del estado y miembros del Ejército.
En las elecciones de 2016, Andrea Salasblanca tenía 19 años de edad. “Estaba empezando a estudiar la carrera de Ciencias Políticas y no tenía un pensamiento crítico formado”, dice, ahora que está exiliada en España porque participó en las protestas de 2018. “Tenía la herencia del adoctrinamiento de parte de mi familia y por eso voté por el Frente Sandinista”, agrega.
En aquellas elecciones, a Salasblanca se le encargó recoger en su carro a los vecinos que estaban en sus casas y todavía no llegaban a los centros de votaciones. También, dice que los miembros del Frente Sandinista, al que pertenecía, tenían listados de simpatizantes sandinistas y opositores. “En ese tiempo yo lo miraba como algo normal, como una estrategia del partido en un año electoral, pero era una clara represión: meterle miedo a las personas que no eran sandinistas”, dice Salasblanca.
El investigador José Luis Rocha dice que el hecho de que los jóvenes nicaragüenses en pleno siglo XXI no conozcan la democracia representativa significa “un tremendo retroceso”, con respecto a los demás países del hemisferio occidental. “Es terrible que ni siquiera conozcan ese instrumento, pero es peor que algunos de ellos participaron para ejecutar los fraudes y fueron cómplices”, agrega Rocha.
A los jóvenes que se refiere Rocha son los que estaban activos en el Frente Sandinista, como Andrea Salasblanca, que también era integrante de la Juventud Sandinista (JS), movimiento de jóvenes en el partido de gobierno, señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de cometer violaciones a los derechos humanos durante la crisis de 2018.
El pensamiento crítico de Andrea Salasblanca se desarrolló después de que ganó una beca de la Unión Europea para estudiar un año en el extranjero. En la UNAN-Managua, donde estudiaba, se rumoraba que la habían becado para desestabilizar a la universidad. Ella regresó a Nicaragua en marzo de 2018, a pocos días del estallido de ese año. “Todo explotó y yo venía con una ideología diferente, una visión del mundo completamente diferente”, dice Salasblanca.
A partir del 18 abril de 2018, Salasblanca participó en casi todas las protestas contra el régimen de Ortega, hasta que fue expulsada de la universidad, a pesar de que solo le faltaba un examen para graduarse. “Me vine a España y aquí estoy sobreviviendo”, dice Salasblanca, quien se ganó una beca humanitaria en una universidad y se encuentra en el país ibérico con un estatus de refugiado. “Darme cuenta que estuve apoyando a un gobierno asesino, corrupto, me golpeó mucho”, agrega.
Voces
En el derecho Romano se le conoce como Capitis deminutio, o la disminución de las capacidades ciudadanas. Esto quiere decir que cuando los ciudadanos son plenos pueden opinar, disentir, demandar a las autoridades y ejercer el derecho al voto. Sin embargo, cuando todos esos derechos son cercenados, como ha sido para las generaciones más jóvenes en Nicaragua, estos dejan de ser ciudadanos plenos, y son disminuidos a una segunda categoría.
En el país no existen estudios para conocer sobre cómo ha afectado a los jóvenes que su voto no cuente en las últimas cinco elecciones. Algunos especialistas consultados para este reportaje consideran que una de las consecuencias era mantenerlos alejados de la política. Sin embargo, la rebelión de abril de 2018 demostró que los jóvenes encontraron otros cauces para expresar que les interesa quién gobierna y los abusos que se cometen.
En sociedades donde están completamente cercenados los derechos ciudadanos, como la nicaragüense, el impacto evidente es que los miles de jóvenes no pueden aportar en la construcción de un aparato político más sano, en el relevo de los partidos políticos y en la modernización de la cultura política. Por naturaleza, los jóvenes son impulsores de cambios y cuestionadores del estatus quo de un país, y eso es lo que se ha intentado aplastar en Nicaragua. No obstante, más allá de la teoría y las hipótesis, lo más importante es saber qué opinan los jóvenes sin derecho al voto.
Elthon Rivera, de 26 años de edad: “Nunca he votado en las elecciones pasadas. Pretendía hacerlo, pero viendo la realidad de nuestro país, donde las elecciones no son transparentes: ya se sabe el “ganador” antes de los comicios, y la oposición no ofrece una verdadera alternativa, perdí el deseo de participar en unos procesos en los cuales no confié”.
Max Jerez, de 27 años de edad: “Yo realmente quisiera vivir en un país donde tenga confianza de que el voto se respeta. En que si yo voto por determinada opción, me voy a asegurar que eso se cumpla. Creo que la primera vez que voté fue en 2011, pero lo hice por la curiosidad o la emoción de votar por primera vez. Eso mueve a algunos jóvenes”.
Andrea Salasblanca, de 23 años de edad: “En la sociedad nicaragüense la mayoría somos jóvenes. Entonces, el hecho de que no pueda votar, me afecta directamente a mí, pero también a muchas personas más porque se está escogiendo al gobierno en el que vamos a vivir un buen tiempo. Nos están quitando el derecho a elegir, a tener una buena calidad de vida”.
Max Jerez: “El principal efecto adverso de no poder votar es que nuestra voz no es escuchada. Se toman decisiones políticas que van en contra de nuestros propios intereses. De la política depende cómo vivís, cómo trabajás, cómo comés. Los mandatarios se aíslan si sienten que la gente no puede cambiarlos a través del voto, y eso ha pasado con Ortega en Nicaragua”.
María Alejandra Centerno, de 22 años de edad: “Yo no diría que me han quitado este derecho, porque soy de las personas que creen que los derechos humanos son una realidad histórica y un valor que no me pueden despojar, al menos no absolutamente… Lo que me parece es que este derecho al voto ha sido violado, vulnerado, porque no hay condiciones que me garanticen ese derecho, porque no hay un sistema electoral justo”.
Guillermo Uriarte, de 35 años de edad: “En las elecciones de 2006 (cuando se eligió a Ortega) yo tenía 19 años, eran mis primeras elecciones, pero no pude votar porque estaba fuera del país. En las siguientes elecciones quise votar, pero cerraron al mediodía la Junta Receptora de Votos, donde me tocaba, los mecanismos del fraude. La única vez que voté, la persona que me explicaba el proceso, me señalaba que tenía que votar por Ortega y el FSLN”.
Elthon Rivera: “Me han quitado la posibilidad de elegir libre y transparentemente, me han quitado la posibilidad de vivir en democracia, de ejercer mis derechos como nicaragüense, y a raíz de los fraudes electorales, me han quitado, como al resto de ciudadanos, la oportunidad de vivir sin dictadura”.
María Alejandra Centeno: “Hay una desconexión importante entre la representatividad dudosa y la ciudadanía. No siento que me representan las personas que están en los cargos públicos. Esto a los jóvenes los desmotiva para la participación, porque si no se puede elegir a los representantes, ¿cómo se le puede hacer saber las demandas o ideas para el desarrollo de la comunidad? hay una crisis de representación brutal”.
Guillermo Uriarte: “Desde que tengo la capacidad de votar, no he podido ejercer el derecho al voto. Me quitaron el poder de elegir. A mí me afecta porque yo tenía una empresa de turismo, que fracasó a raíz de 2018. Pero luego me doy cuenta que hay incentivos que benefician a grandes empresarios, que no los necesitan, y que más bien deberían de beneficiarme a mí. Los que gobiernan no hacen política para nosotros, porque nuestro voto no cuenta, y no podemos sacarlos del poder”.
Según datos oficiales, el Padrón Electoral crece cada año en 110,937 nuevos electores, jóvenes que cumplen 16 años de edad. Entonces, en estos tres años, entre 2017 y 2021, esta cifra asciende a unos 332,811 de entre 16 y 18 años de edad que, de no conseguirse condiciones electorales confiables para las elecciones de noviembre de 2021, se sumarían al casi millón y medio de jóvenes que nunca han podido votar de forma libre en Nicaragua.
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