Raza e igualdad presenta informe: “Nicaragua, una crisis de derechos humanos sin resolver
Washington D.C. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) publicó este miércoles 7 de julio de 2021 el informe “Nicaragua: una crisis de derechos humanos sin resolver: análisis de las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantía y persecución política’”, con el objetivo de dar a conocer los resultados de una exhaustiva investigación sobre las violaciones cometidas contra las personas presas políticas en el marco de sus detenciones en el contexto de las protestas sociales de abril 2018, así como durante sus procesos judiciales.
Tras las protestas sociales de abril 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado el asesinato de 328 personas, miles de personas exiliadas, centenares de detenciones por razones políticas y la permanencia de más de 124 personas presas políticas en las cárceles de Nicaragua.
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Raza e Igualdad identificó que, entre el 18 de abril de 2018 y el 13 de febrero de 2020, un total de 657 personas fueron detenidas arbitrariamente, dentro de las cuales 565 fueron acusadas formalmente en 279 procesos penales; en cambio, 92 fueron privadas de libertad durante lapsos de seis días hasta cuatro meses, a pesar de nunca haber sido acusadas formalmente, ni puestas a disposición de un juez. Todo lo anterior confirma la arbitrariedad e ilegalidad de dichas detenciones.
Cabe destacar que, de todos los procesos penales realizados, 51% concluyeron en sentencias condenatorias para 288 personas presas políticas, de las cuales 192 personas (76%) fueron condenadas por períodos de 5 hasta 256 años de prisión y 96 (24%) recibieron penas de 6 meses a 4 años.
Por otro lado, es sumamente preocupante que la falta de independencia judicial en Nicaragua ha derivado en graves violaciones a los derechos de las personas presas políticas, quienes han sido sometidas a procesos en los que no se respetaron las garantías judiciales, el debido proceso y derechos humanos. Estas violaciones incluyen la falta de publicidad de los procesos, la obstaculización y hostigamiento a sus abogadas y abogados defensores; la utilización de testigos y víctimas falsas, el uso excesivo y generalizado de la prisión preventiva, entre otros.
La Oficial Senior del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, Ana Bolaños, concluyó que “El Estado de Nicaragua es responsable de la actuación de las autoridades policiales, así como la de los grupos parapoliciales y civiles armados que actuaron de forma coordinada con las autoridades, gozando de total impunidad”.
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Para la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, este informe es un gran aporte para la comunidad internacional porque visibiliza “los antecedentes políticos e institucionales, que sirvieron de base al actual deterioro que ha permitido la crisis que hoy en día presenciamos”, y además “realiza un exhaustivo análisis a las violaciones cometidas en contra de las personas presas políticas en el marco de sus detenciones y durante sus procesos judiciales, así como los desafíos que enfrenta la institucionalidad en Nicaragua”.
Ante esta alarmante situación de las personas presas políticas y excarceladas, Raza e Igualdad incluye en este informe una serie de recomendaciones para el Estado de Nicaragua, entre las cuales destacan:
Liberar de forma inmediata a todas las personas aún detenidas por hechos vinculados a las protestas de abril e incluso a aquellos que estuvieren siendo procesados por delitos comunes como represalia por su disidencia.
Cesar el asedio policial y parapolicial, así como cualquier otra represalia en contra de las personas que fueron detenidas, procesadas y excarceladas por las protestas de abril 2018; sus abogados defensores, las organizaciones que acompañan su defensa y el periodismo independiente que informa respecto de la situación de las personas en prisión.
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Adoptar todas las medidas necesarias para determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas, sobre las detenciones ilegales, abusos de autoridad, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidas por autoridades.
Permitir el retorno de los mecanismos internacionales de protección y garantía de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH).