Comité de Relaciones Exteriores del Congreso aprueba Ley Renacer

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Julio 28, 2021 10:20 AM

El Comité de Relaciones Exteriores aprobó la Ley Renacer como parte del avance de formación de esta ley que el pasado mes de junio también fue aprobada por el Comité de relaciones exteriores del Senado de los Estados Unidos. La Ley Renacer establece sanciones para el régimen de Daniel Ortega y se incluye la enmienda de revisión del Tratado de Libre Comercio conocido como CAFTA.

El Congresista Albio Sires, informó la semana pasada en una actividad en el Wilson Center de Washington, que avanzarían en ese sentido con la Ley Renacer, este miércoles. 

“La Ley Renacer busca presionar al régimen de Ortega mientras podemos apoyar a los nicaragüenses y busca sancionar a quienes violan derechos humanos y cometen actos de corrupción”, dijo Sires durante el evento "La crisis latente de Nicaragua y la respuesta política de Estados Unidos"

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“El Gobierno de los Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar elecciones libres, justas y competitivas en Nicaragua. Debemos implementar una estrategia diplomática orientada a resultados, en coordinación con nuestros aliados, que alinee las sanciones con resultados específicos para contrarrestar los esfuerzos del régimen de Ortega de utilizar la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas electorales”, insistió el congresista por New Jersey, durante su participación en el foro organizado por el Wilson Center.

100% Noticias supo que también en el Senado hay movimiento para incluir la Ley Renacer en otro proyecto de ley que está programado para votarse la próxima semana. "De esta manera harían la reconciliación en septiembre, cuando regresen del receso" explicó una fuente a 100% Noticias.

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La Ley Renacer es para sancionar a funcionarios del régimen de Daniel Ortega que se han prestado a socavar la democracia e impiden la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. La lista a sancionar la encabeza desde el dictador Daniel Ortega, militares, estructuras del FSLN, alcaldes, familiares, y otros funcionarios públicos que también se vieron involucrado en la violación a los derechos humanos.

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