¿Qué pasará después de las votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua?
El escenario para Nicaragua tras la consumación de la reelección de Daniel Ortega, como sello del proceso electoral que analistas califican como el más viciado de la historia democrática del país, es desesperanzador. A la profundización de la crisis sociopolítica, especialistas consultados por Despacho 505 añaden un aumento de la migración derivado de la violencia política y del aumento de la pobreza en el país. También avizoran la imposición de más sanciones que presionen al régimen y la suspensión temporal de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un analista político nicaragüense que habla bajo anonimato, porque en Nicaragua opinar es motivo de cárcel, señala que el 10 de enero del 2022, cuando Ortega asuma su quinto mandato -el cuarto consecutivo y el segundo con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta- se quedará sin legitimidad democrática.
“Esto quiere decir que el gobierno de Ortega y Murillo será considerado como un gobierno de facto, apoyado exclusivamente en la fuerza militar y policial y el reconocimiento de unos pocos gobiernos corruptos y autoritarios”, precisa.
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Actualmente, la fórmula Ortega-Murillo solo puede tener la certeza de que su “triunfo arrollador” solo será reconocido por Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba, dice.
“Ahora bien, eso no implica que los países que apoyan la democracia en Nicaragua vayan a romper relaciones con el nuevo Gobierno de Ortega. De hecho, muchos consideran importante en estos casos mantener una presencia diplomática que les permita dar seguimiento e incidir en la evolución de la situación, así como actuar en el terreno humanitario; pero esa presencia diplomática será reducida”, aclara el analista.
No obstante, enfatiza que donde sí habrá una cambio que tendrá duras consecuencias será en la cooperación financiera multilateral.
CAMBIOS Y TENSIÓN EN EL EJÉRCITO
A su juicio también se debe de analizar la posición en que quedará el Ejército de Nicaragua como “sostén principal de todo régimen de facto”.
“Las presiones van a centrarse en la institución militar y podrían provocar cambios en la cúpula, ante el evidente desgaste de (Julio César) Avilés, sancionado por los EE.UU. y candidato a ser reelecto, una vez más, como comandante en jefe”, plantea el analista quien cree que el punto débil del cuerpo castrense con las amenazas de congelamiento de las inversiones de la institución en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Todo este ambiente “tensionará” las relaciones internacionales del Ejército en la región, prevé. “Habrá que ver cuál es la respuesta que los sectores más profesionales y conscientes del estamento militar estarán en capacidad de dar a la nación”, agrega.
PRESIONAR A ORTEGA ANTES DE LAS ELECCIONES
El Internacional Crisis Group, en un informe denominado “Nicaragua: afrontar los peligros de una elección amañada”, divulgado el pasado 8 de octubre, admite que es poco lo que se puede hacer para cambiar la estrategia reeleccionista de Ortega.
Sin embargo, subraya que la Unión Europea (UE) y sus socios regionales deben continuar ejerciendo presión para que el régimen cese la violencia política desatada en el contexto electoral y que deje de arrestar a sus opositores, libere a los presos políticos y cumpla con ciertos estándares electorales básicos, como permitir que la oposición haga campaña, la observación electoral por parte de la sociedad civil y la cobertura del proceso a la prensa independiente, con miras a reconstruir las relaciones con los países europeos.
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Con el objetivo de mitigar los riesgos de represión, mayor inestabilidad, aislamiento diplomático y un éxodo de migrantes nicaragüenses, la UE y sus Estados miembros deben diseñar un enfoque secuenciado, propuso ese organismo. “Criticar la creciente represión o imponer costos si se amañan las elecciones enviaría una señal peligrosa y aumentaría el riesgo de que otros líderes latinoamericanos recurran a tácticas antidemocráticas desestabilizadoras en sus propios países”, advierte.
Otro de los planteamientos es que la UE trabajen con los pocos canales diplomáticos a los que Managua es receptiva como el Vaticano y gobiernos como Bolivia y Perú para que convenzan a Ortega de que cumplir con los mínimos estándares electorales “y advertirle que, sin mejoras en estos ámbitos, responderán con firmeza, incluso con sanciones específicas adicionales, si hay denuncias creíbles de manipulación electoral. Imponer sanciones adicionales antes de las elecciones, por otra parte, podría alimentar la ira de Ortega y los ataques a la oposición en lugar de aplacarlos. Una vez que se hayan llevado a cabo las elecciones y él haya logrado sus objetivos, es probable que los cálculos del presidente sean diferentes y que las herramientas de presión resulten más útiles”, señala Crisis Group.
TRAS LA REELECCIÓN, LAS SANCIONES
Recomienda el organismo que la UE, Estados Unidos y otros países preparen una respuesta “firme y coordinada” ante el incumplimiento de los requisitos mínimos de transparencia en las elecciones del 7 de noviembre. Esa respuesta debe incluir ampliar las sanciones e “introducir medidas específicas contra personas, empresas e instituciones que contribuyeron significativamente a la represión relacionada con las elecciones”.
“Adicionalmente, Bruselas y los Estados miembros deben explorar con la OEA la posibilidad de iniciar el proceso para la suspensión temporal de Nicaragua del sistema interamericano si se da la interrupción del orden democrático del país por parte de Ortega. Pero la UE y sus socios, incluido EE. UU., deben calibrar las medidas que adopten para mitigar su posible impacto humanitario, particularmente a la luz de la debilitada economía nicaragüense”, señala el informe.
Para evitar esos daños, proponen que Nicaragua no debe ser expulsada de los acuerdos de libre comercio, como el de asociación de la UE y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (Cafta), ya que afectará la economía y aumentaría la migración a un ritmo mayor al actual.
HOJA DE RUTA
La hoja de ruta trazada por Crisis Group contempla “revitalizar las relaciones diplomáticas en declive, incluida una eventual reintegración al sistema interamericano (en caso de que Nicaragua sea suspendida) y el levantamiento de sanciones”.
Uno de los puntos que debe contener esta hoja de ruta es que Ortega cumpla los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo del 2019, el cual incluye el respeto a los civiles y políticos y la liberación de los presos políticos; el regreso a Nicaragua de organismos internacionales para los derechos humanos, y la reanudación de las conversaciones con la oposición.
“En cuanto a futuras negociaciones entre el gobierno y la oposición, estas deben tener como objetivo no solo enfrentar la emergencia humanitaria del país y lograr reformas electorales, sino también forjar un acuerdo de convivencia política que les permita a las dos partes comenzar a superar su enemistad”, señala Internacional Crisis Group, el cual propone la creación de una Comisión de la Verdad con un mandato amplio “que vaya más allá de los eventos de 2018”.
“Si se dan algunas señales de progreso en las negociaciones facilitadas por Noruega en México para sanar las profundas fracturas entre el gobierno venezolano y la oposición, Ortega podría estar tentado a considerar un proceso similar”, comparte el organismo.
Tiziano Breda, analista para para Centroamérica del International Crisis Group, sostiene que Ortega buscará a nivel internacional el apoyo de países afines ante la falta de legitimidad que le dejará este proceso electoral.
También considera que buscará recuperar la relación de “trabajo” que tenía con el sector privado hasta antes de la crisis de abril del 2018, aunque esta vez, se basará en la “sumisión más que en la colaboración como era antes”.
Breda enfatiza que la situación de Nicaragua dependerá de la respuesta que se dé a nivel internacional, sí es coordinada, si presenta demandas claras al “gobierno que resulte de estas elecciones desiguales creo que pudiéramos ver algún tipo de apertura”.
“Sí para Ortega no es suficiente, lo que siento es que vamos a estar en un escenario de profundización de la situación precaria a nivel económico y humanitario, donde la inversión extranjera seguirá huyendo o nivel baja. Las relaciones con las instituciones financieras también se verán afectado, a nivel macro la economía se mantendrá a flote, pero la combinación del estrés de la pandemia, económica y represión política producirá la salida de más nicaragüenses”, considera Breda.
VIOLENCIA POLÍTICA
Por su parte, la socióloga y especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra ve una extensión de la política de represión y de la falsa normalidad y clima de paz que proyecta el orteguismo desde 2018, tras aniquilar la protestas cívicas con fuerza letal y criminalizar la libertad de expresión y movilización, entre otros derechos fundamentales.
Considerando la represión que se vive en este año electoral y la escalada que ha emprendido el régimen desde mayo de este año, “lo que se puede prever después de las elecciones de noviembre es que se mantenga esa política de represión” como una acción para frenar cualquier intento de protesta ciudadana, ya sea cuando se den a conocer los resultados electorales o, posteriormente, cuando se reinstale en el cargo de presidente.
“A partir de lo que se puede ver en este momento es que inmediatamente después de las elecciones si va a haber un control y represión bastante fuerte, porque la gente no va a estar contenta con los resultados electorales”, dice la experta en seguridad. No obstante, destaca que también Ortega necesitará que su nuevo mandato inicie bajo un “clima de normalidad” para que pueda reorientar la política y la economía nacional.
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Cambiará su forma de reprimir al pueblo para “tratar de dar esa percepción de normalidad entre la gente y de cara a la comunidad internacional”, adelanta.
“Es bastante probable que se disminuya la cantidad de policías, pero se va a incrementar el nivel de vigilancia y control sobre las personas, difícilmente va a haber más libertades porque cualquier posibilidad de que la gente ejerza sus derechos ciudadanos abre una ventana de oportunidades para cualquier acto de protesta y eso es lo que Ortega quiere evitar a toda costa”, manifestó la experta en seguridad.