Ley Renacer, una herramienta más allá de la "farsa" electoral en Nicaragua
El proyecto de Ley Renacer, al que ya solo le falta la firma del presidente Joe Biden, busca reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua y, con ello, limitar la capacidad de acción de Daniel Ortega, quien va a por un cuarto mandato consecutivo después de 14 años en el poder.
Esta legislación, sin embargo, explican desde la Casa Blanca, va mucho más allá de las elecciones presidenciales del próximo domingo, y se trata de una "respuesta internacional amplia y coordinada".En este sentido, se había especulado con la posibilidad de que el presidente estadounidense firmara la legislación antes de los comicios electorales del domingo, algo que, finalmente, no será así.
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"La firma no va a cambiar lo que ya hicieron, que es robarse las elecciones", explicó el viernes un alto funcionario de la Casa Blanca en rueda de prensa telefónica. Por ello, agregó, Biden ha optado por retrasar su firma con el objetivo de "no distraer de lo que será un claro abuso de poder".
El estatuto proyecta medidas para abordar lo que Washington ve como corrupción y abusos de los derechos humanos por parte del gobierno de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta y su compañera de fórmula.
Ambos llegan a las elecciones con alrededor de 40 figuras de la oposición, incluidos siete aspirantes a la presidencia, arrestados desde junio, al tiempo que implementan una serie de reformas en la carta magna del país para conservar el poder.
Al respecto, el presidente Daniel Ortega defiende los arrestos, calificando de "criminales" a los detenidos que -según él- estaban conspirando para derrocar a su gobierno. "No juzgamos políticos, no juzgamos candidatos, juzgamos criminales que han cometido crímenes contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar de nuevo organizar otro 18 de abril, otro golpe contra el Estado ".
El proyecto de ley bipartidista, impulsado por el senador Bob Menéndez, con el respaldo de los también senadores Tim Kaine y Marco Rubio, busca incrementar la presión tanto diplomática como económica, sobre lo que los senadores consideran un “régimen”.
Para Menéndez, su sanción mandará un fuerte mensaje a la Administración Ortega–Murillo. “Con la pluma del presidente al firmar la ley vamos a tener más armas para tratar de desviar a Ortega de la vía en que va”, citó el legislador demócrata este jueves, poco antes de que Biden sancionara la ley.
Sanciones y coordinación internacional
Además, las medidas incluyen el fortalecimiento, en coordinación con Canadá, la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, de una serie de sanciones estadounidenses contra personas implicadas en violaciones de derechos humanos y en obstrucción de elecciones libres en el país centroamericano.
Algo que, de acuerdo con el legislador republicano Mario Díaz-Balart, es importante. Según comentó en declaraciones a la Voz de América, además de incrementar la presión económica y diplomática, se debe “presionar a los países que están ayudando a Ortega, que le están otorgando financiamiento o fondos para mantener la represión” sobre el pueblo nicaragüense.
Así mismo, el texto amplía la supervisión de los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales. También agrega a Nicaragua a la lista de países sujetos a restricciones de visa debido a la corrupción y exige más informes de inteligencia sobre las actividades de Rusia allí, incluidas las ventas de equipo militar.
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Desde que estallaron las protestas masivas pidiendo la renuncia de Ortega en 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, dejó al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos, y más de 103.000 exiliados.
Una y otra vez organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han criticado las elecciones, citando una atmósfera de represión.
De acuerdo con un informe de estos organismos, durante el proceso electoral "no hay garantías a los derechos humanos", y exigen a la comunidad internacional a "redoblar sus esfuerzos” para que Nicaragua salga de la crisis en que se encuentra.
Esta misma semana el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de "dictador" y aseguró que ha organizado unas elecciones "amañadas".
Mientras que la Administración Biden pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) no detenerse para que Managua afronte "consecuencias reales" por "ignorar" las resoluciones del bloque que piden democracia y respeto de los derechos humanos en el país centroamericano.
Los comicios "han perdido toda credibilidad y no son más que una farsa", afirmó el representante estadounidense Bradley Freden, durante la presentación en el Consejo Permanente de la OEA del último informe de la CIDH sobre Nicaragua.
Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) condenaron este jueves “la falta de garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral” del país centroamericano.
En un comunicado de prensa conjunto dijeron que “para ambos organismos resulta imperioso restablecerlas y eliminar los obstáculos a la plena participación de todas las personas en el proceso electoral, de acuerdo con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
Además, denunciaron “la intensificación de la represión” y exigieron una vez más al Gobierno de Nicaragua que “restablezca las condiciones que conduzcan a unas elecciones libres y justas, que deben ser definidas a través de un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la sociedad”.
La CIDH y la OACNUDH han enumerado uno a uno los atropellos cometidos por el Gobierno nicaragüense, previo a las elecciones presidenciales que culminan con el ejercicio del sufragio el próximo domingo 7 de noviembre, como la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos, las detenciones arbitrarias de siete personas precandidatas a la presidencia, -y de más de 30 líderes y lideresas sociales y políticas-, junto con la descalificación de una candidata a vicepresidenta.
Además, señalan a la Administración Ortega-Murillo de haber eliminado el pluralismo político que el Gobierno estaba obligado a garantizar en el próximo proceso electoral.
Asimismo, la CIDH y la OACNUDH mostró su preocupación por la negativa a permitir la entrada en Nicaragua de varios periodistas extranjeros en las últimas semanas, así como por la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación realizadas para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral.