Sanción a jueza Karen Chavarría es un mensaje por enjuiciar a opositores en Nicaragua

Estados Unidos sancionó la tarde de este miércoles a 9 funcionarios fieles a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes señaló de ser "actores corruptos".

Haydée Castillo, defensora de Derechos Humanos, catalogó la sanción impuesta a la judicial como una medida para frenar las arbitrariedades de los judiciales represores de Nicaragua, quienes, sin pruebas convincentes, condenan a los presos políticos de Nicaragua.

Lea: Nicaragua: lista de familiares y funcionarios de Daniel Ortega sancionados creció en últimos 5 años

“Nosotros venimos observando unas serie de comportamientos que son totalmente arbitrarios, son antiéticos y a eso es a lo que se le llama corrupción, ya sea por acción o por omisión, en qué sentido, que si a vos te llevan una sentencia para que la firmes y ya va preparada, te volvés cómplice en el momento que firmas esa sentencia, cuando te piden que mandes a citar  a una persona que se sabe que es totalmente inocente y que se le está inventando un juicio, todo eso son comportamientos antiéticos y corruptos”, expresó a 100% NOTICIAS Haydée Castillo.

La defensora de Derechos Humanos recordó a los demás funcionarios de la dictadura que “éste es el momento de tomar distancia y verse en estos ejemplos, a ningún hijo, hija o familiar le es grato que acusen a tu papá, a tu mamá de semejantes barbaridades, como decimos, tarde o temprano estas cosas salen a luz”, puntualizó.

“Nada es para siempre y cada vez se le sacuden más las pocas bases y pocos cimientos que le van quedando a esta dictadura”, añadió Castillo.

Jueces saben que actúan contra la Ley

Por su parte, la ex fiscal y abogada Eylin Cruz Rojas, explicó que la sanción impuesta a la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, es por convertirse en la verdugo de los presos políticos y por prestarse a violentar los Derechos Humanos de los presos políticos.

Lea más: EEUU sanciona a nueve funcionarios de Nicaragua con Ley Renacer por ser "actores corruptos"

“En lo que se refiere al sector justicia, vemos que aparece una nueva figura de una nueva persona sancionada como es la juez Karen ChavarríaKaren Chavarría, quien es parte de esos jueces que han estado validando estas arbitrariedades de los jueces. A las personas que han sido juzgadas por Chavarría se les han violentado los derechos”, expresó la abogada Eylin Cruz.

La abogada, quien se encuentra en el exilio por las amenazas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, recordó que los jueces escogidos por el régimen para condenar a los presos políticos, “saben” que están actuando contra la ley.

“Ellos (jueces de presos políticos) no desconocen la ley. Ellos saben que las leyes existen, ellos han estudiado, se han preparado y ellos son conscientes que están actuando contrarios a la ley y su actuación es contraria a la Constitución Política y esas son las consecuencias”, detalló Cruz rojas.

La abogada, quien fungió como Fiscal hasta antes del año 2017, recordó que la juez Karen Chavarría “ha sido una de las principales protagonistas que ha participado como jueza en el carácter político de este contexto (juicios a presos políticos)”, señaló.

Le recomendamos: Sanciones de Estados Unidos a funcionarios e instituciones de Nicaragua

Por su parte, el abogado Yader Morazan, quien trabajó el Poder Judicial, expresó en su cuenta de Twitter, que la sanción impuesta a la judicial “es un mensaje claro que manifiesta que los “procesos” en contra de opositores ni siquiera gozan de apariencia de legalidad, porque no es usual que un gobierno democrático se inmiscuya en la discrecionalidad de un juez”, señaló.

Los funcionarios sancionados con la Ley RENACER por socavar los procesos democráticos o las instituciones de Nicaragua, son: Cairo Amador, Gustavo Porras, Wálmaro Gutiérrez, Lumberto Campbell, Wilfredo Navarro, María Haydee Osuna, Edwin Castro, Brenda Rocha y la jueza Karen Chavarría.

¿Quién es la jueza Chavarría?

La doctora Karen Chavarría Morales, quien es jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, nuevamente sobresalió el pasado 2 de junio, al girar orden de allanamiento y detención en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, exdirectora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y exaspirante presidencial de Nicaragua.

Chamorro Barrios -quien se perfilaba como favorita para derrotar al dictador Daniel Ortega en primera vuelta- fue acusada por los delitos de Gestión Abusiva, Falsedad Ideológica en concurso real con el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

Verdugo de presos políticos

Desde el año 2018, la juez sandinista Karen Chavarría, ha sobresalido por ser el verdugo de varios presos políticos. Su nombre resonó en los medios de comunicación tras cometer el acto inhumano de mantener en prisión a la expresa política Ruth Matute, originaria de Masaya, después que fue operada de un reemplazo de marcapasos y presentaba un cuadro febril agudo, denunciaron los familiares.

Lea también: Rosario Murillo anuncia “vacunación general voluntaria” contra la Covid-19 en marzo

En julio de 2018, Karen Chavarría sustituyó a la juez Indiana Gallardo, del Juzgado Noveno Penal de Managua, después que la dictadura removiera a Gallardo del cargo porque dejó entrar a tres familiares de unos jóvenes presos políticos de Matagalpa.

Indiana Gallardo había pedido un informe al Sistema Penitenciario Nacional sobre los malos tratos que recibían los presos políticos.

Desde entonces, Chavarría se ha encargado de procesar a unos 50 presos políticos. Entre ellos, Sergio Beteta, los hermanos Cristian y Santiago Fajardo, María Adilia Peralta, Jaime Navarrete, entre otros manifestantes de Diriamba, Estelí y la Isla de Ometepe.

Chavarría Morales también se encargó de condenar y ordenar el allanamiento de la vivienda de la expresa política Irlanda Jeréz. La juez también negó la defensa de los reos políticos José Santos Sánchez Rodríguez y Douglas Antonio Baltodano Pérez, los que eran representados por la abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

A finales de 2020, mandó a juicio al excanciller Francisco Aguirre Sacasa -actual preso político- por el caso de la supuesta compra de las campanas robadas de una iglesia de Granada.

Condena a Ana Margarita Vijil

El pasado 7 de febrero, la juez Karen Chavarría, impuso una sentencia de 10 años de prisión contra la presa política Ana Margarita Vijil,a quien la dictadura acusa por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”.

Vijil fue enjuiciada en las instalaciones del nuevo Chipote, en Managua en juicio exprés, en donde las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, no demostraban la culpabilidad de la presa política, en donde la sancionada institución fabricó el juicio.

La juez Chavarría también se ha caracterizado por dirigir los Comité de Liderazgo Sandinista (CLS) del Poder Judicial y dentro de sus áreas es una de las más activas en cuanto a temas políticos.

Educada con dinero de Cooperación Internacional

La Juez Karen Chavarría Morales se graduó en el año 2002 como abogada de la Universidad Centroamericana y en el 2009, inició su carrera judicial en el único juzgado de La Concordia, en el departamento de Jinotega, dejando el cargo en el 2015, cuando fue trasladada a Managua.

Además: Daniel Ortega remueve a Valdrack Jaentschke de la Embajada de Nicaragua en Honduras

La ahora juez sancionada, fungió en Managua como Juez del Juzgado Octavo de Managua, hasta el año 2017.

Cuando Chavarría Morales ordenó el allanamiento de la vivienda de Cristiana Chamorro Barrios, el abogado Yader Morazán, publicó en su cuenta de Twitter que la judicial fue educada con fondos de la cooperación internacional que con el caso de la Fundación Violeta Barrios se encargó de criminalizar.

Según el exfuncionario judicial Karen Chavarría, fue becada y graduada con dinero de la cooperación internacional en el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ), una iniciativa promovida por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Saliendo junto a mí de la maestría regional de acceso a justicia PIFJ/OEA”, tuiteó en junio del año pasado Yader Morazán.