Declaran culpables a dos universitarios por “menoscabo a la integridad nacional”
Félix Ernesto Salmerón Moreno, juez quinto de Distrito Penal de la circunscripción Managua declaró culpables a los jóvenes Mildred Rayo y Miguel Flores de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la fiscalía solicitó 8 y 10 años de condena, respectivamente.
“Nuestros amigos al igual que más de 200 presos políticos en Nicaragua han sido acusados y condenados de manera injusta por cometer lo que el régimen llama conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas”, denuncia AUN.
Asimismo, AUN denunció que a los familiares de los dos jóvenes no se les permitió el ingreso a la audiencia “de la que nuestros amigos ya estaban enterados y no dudamos de su fuerza, pues saben que son inocentes”.
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El juez encargado de este proceso es Félix Ernesto Salmerón Moreno, juez quinto de Distrito Penal de la circunscripción Managua, quién los declaró culpables en “un montaje donde desde el Poder Judicial como verdugo utilizan leyes diseñadas para criminalizar a jóvenes honestos e inocentes”.
Penas oscilan entre 8 y 10 años
Cabe resaltar que la Fiscalía solicitó para Mildred Rayo y Miguel Flores 8 y 10 años de cárcel, respectivamente.
“En AUN no vamos a dejar de demandar su libertad y la de todos los presos políticos, como nicaragüenses nos solidarizamos con todas las familias de los presos políticos, quienes hace más de un año sufren esta separación física. Miguel, Mildred, Max y Lesther son ejemplo, motivo de inspiración y esperanzas para los jóvenes nicaragüenses que luchamos por la libertad, justicia y democracia”, demandan.
Hace una semana, el sacerdote Óscar Benavidez Dávila fue encontrado culpable de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, por la jueza Nancy Aguirre.
El juicio contra el sacerdote que fungía como párroco de la iglesia Espíritu Santo, de Mulukukú, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, se llevó a cabo en el Juzgado Décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua.
Por tales acusaciones, la Fiscalía, en representación del Estado de Nicaragua como víctima. está pidiendo una pena de ocho años de cárcel.