CENIDH denuncia inhabilitación de por vida a 14 presos políticos para ocupar cargos públicos en Nicaragua

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció en un comunicado la “aberrante” medida de represión jurídica contra catorce presos políticos a quienes el régimen de Daniel Ortega los inhibe de por vida para ocupar puestos públicos y de elección popular en Nicaragua.

El CENIDH, cuestionó la sentencia de la jueza Nadia Camila Tardencilla que condenó a 10 años de prisión a los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Diaz, Raúl Vegas; a los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Centeno y el camarógrafo Sergio Cárdenas por supuesta Propagación de noticias falsas, más la aplicación de 800 días multa.

La jueza aplicó los artículos 46, 47 y 66 del Código Penal, sin embargo, el organismo critica que a las condenas calificadas como “aberrantes” se suma un último atropello que es la inhabilitación absoluta de por vida para ejercer cualquier cargo público o de elección popular y el ejercicio de los derechos políticos.

“Según el artículo mencionado estas son penas accesorias que no pueden durar más tiempo que el establecido en la pena principal, por tanto, estas inhabilitaciones tendrían que durar los diez años que la juez Tardencilla, famosa por sus aberraciones y su docilidad delictiva les ha aplicado”, enfatiza el comunicado.

El CENIDH denunció que al igual que estos siete miembros de la diócesis de Matagalpa, la medida represiva ha alcanzado a al menos 14 opositores a quienes jueces le han cercenado su derecho político a petición de los fiscales del cuestionado Poder Judicial.  

“Sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra de una sentencia que está firme, alteran su contenido y es el colmo que no solo lo están haciendo con aquellas sentencias que todavía no han sido enviadas a la instancia superior por los recursos de apelación interpuestos, incluso se están modificando delictivamente otras que están o han sido falladas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, afirmó el CENIDH.

Detenciones

Los seis procesados estuvieron secuestrados por la Policía junto con Monseñor Rolando Álvarez en la curia episcopal de Matagalpa, desde el 4 hasta el 19 de agosto de 2022. Posteriormente fueron trasladados a Managua a la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocidas como el nuevo Chipote.

El delito fue predicar

Para la abogada de presos políticos Yonarqui Martínez, los sacerdotes no tienen cargo político y la naturaleza del supuesto delito cometido tiene una pena de diez años, la que tampoco deberá trascender.

Asimismo, la letrada manifestó estar sorprendida de la “inhabilitación perpetua” para los condenados, y en el caso de los sacerdotes se les restringe el derecho a practicar esta vocación “al no poder hablar del todo”.

Agrega que la verdadera motivación del régimen es perjudicar más a los sacerdotes para “tener mayor control sobre ellos” y coincide con el CENIDH que los judiciales violentan los derechos de los privados de libertad porque no les corresponde a estos reglamentarios hacer interpretación de la norma cuando ya están enjuiciados.

Para Martínez, el único delito que cometieron los sacerdotes nicaragüenses fue predicar la palabra de Dios a la par de las víctimas “Según lo que estoy viendo, además de estar violentando y torturando, se están metiendo con tu derecho al credo”, cuestionó en el programa 100% Entrevistas de 100% Noticias. 

“Quiero creer que no quieren que ellos ejerzan un puesto público, que en este momento no lo tienen, quiero creer que van a respetar el Código Procesal Penal, que respeta el ámbito de la ley, pero no lo están haciendo porque las penas accesorias no pueden ser mayor a las penas penales”, sostiene Martínez.