Denuncian ante CIDH despojos de nacionalidad, robos de bienes y torturas de régimen en Nicaragua
En la Audiencia de oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su período de sesiones 186, se denunció el despojo arbitrario de la nacionalidad a 317 nicaragüenses y las graves violaciones a derechos humanos conexas en Nicaragua, asimismo, se presentaron solicitudes urgentes para que se devuelva la nacionalidad a los apátridas y se libere a los presos políticos.
Después de escuchar las denuncias y relatos impactantes de los nicaragüenses despojados de su nacionalidad, los comisionados de la CIDH dijeron que NicaraguaNicaragua no está sola y que seguirán trabajando para que haya justicia.
Carmen Herrera, de Raza e Igualdad, señala que la reciente excarcelación y destierro de 222 personas privadas de libertad por motivos políticos que fueron sometidas a torturas y tratos crueles e inhumanos ameritó también el otorgamiento de medidas de protección por “esta Comisión y la Corte Interamericana; sin embargo, las decisiones y recomendaciones de ambas instancias no fueron implementadas por el Estado, incurriendo en desacato declarado por la propia Corte”.
Ella aporta que esa grave situación fue también confirmada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Comité de Contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos.
“Nos preocupa enormemente que esta situación se continúen agudización, pues aún permanecen 37 personas en las cárceles en iguales o peores condiciones, continúan las detenciones, la situación de Monseñor Álvarez y Fanor Ramos, a quienes sus familias no han visto desde el 9 de febrero y se desconoce su ubicación y las 94 personas condenadas sin un debido proceso, la apatridia y la confiscación de sus bienes y pensiones”, argumentó.
Herrera también citó que el informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua, en estos 5 años, es claro al evidenciar que un Sistema autoritario cometió graves violaciones a los derechos humanos contra la población que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Entre los hallazgos cita las ejecuciones extrajudiciales, detenciones y privación arbitraria de libertad por motivos políticos, torturas, tratos crueles y degradantes; así como la persecución permanente y, más recientemente, el desplazamiento forzado de 222 personas y el despojo arbitrario de la nacionalidad de más de 317 personas.
Las torturas inhumanas a Kevin Solís
El expreso político y desterrado, Kevin Solís, de 23 años, denunció que por amar a Nicaragua le han violentado sus derechos humanos, se le ha secuestrado, torturado y expulsado del país, expatriándolo y condenándolo al destierro.
Lea más: Daniel Ortega retira a Juan Carlos Ducasse Tapia como su representante ante la Unión Europa
Solís fue secuestrado dos veces por el régimen Ortega Murillo. Primero en 2018 y luego en 2020. Las secuelas que este joven carga de las torturas físicas y psicológicas son más que evidentes.
“Está parte, que es la más difícil de mi vida, la voy a resumir mucho por heridas aún abierta, pero fue cuando estuve en las celdas de máxima seguridad en celdas de El Infiernillo. El 12 de febrero del 2020 fui trasladado a máxima seguridad a las celdas del infiernillo donde me recibió el director de máxima seguridad, Roberto Guevara, la persona que más dolor me hizo sentir en mi vida. No llevo los recuerdos de cada fecha con exactitud pero si llevo cada recuerdo de cada golpe, cada patada, cada abuso en mi contra”, dijo visiblemente afectado. Le decían que saldría de prisión únicamente “en bolsa negra” y ya no soportaba más los golpes recibidos.
“Perdí mi juventud, perdí uñas arrancadas por ellos. Tuve miedo de perder la razón. Fueron 3 años de secuestro en celdas del infiernillo, celdas del tamaño de 2x3, sin ventanas sin luz alguna, durmiendo en una loseta de piedra, tras una puerta totalmente sellada, sin derecho a sol. Podía ver a mi mamá una vez al mes, por media hora, a través de un vidrio y con un teléfono”, señaló.
Lucía Pineda denuncia despojo de nacionalidad y de propiedad
Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias, en su comparecencia denunció al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por despojarla de su nacionalidad nicaragüense y de su casa de habitación ubicada en Managua.
“El pasado 15 de febrero, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó ante medios oficialistas una resolución que declaró la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas de las cuales 11 somos periodistas y directores de medios de comunicación. Además, nos declaró prófugos de la justicia”, señaló Pineda, quien asegura que dicha acusación es infundada.
Asimismo, resaltó la persecución de la que ella y el equipo de 100% Noticias han sido víctimas desde el 2018 y asegura que como periodista se ha caracterizado por decir e informar la verdad.
Ella señala que las amenazas y ataques de la dictadura no cesan, por lo que asistió ante la CIDH para pedir que mantengan las alertas sobre la grave situación en Nicaragua y resaltó que “la dictadura Ortega Murillo ha extendido la persecución pese a que estamos fuera de Nicaragua. O sea, la persecución traspasó las fronteras”.
Ante ese grave hecho, pidió a la Comisión “informe por las vías correspondientes al gobierno de Costa Rica y otras naciones donde viven una buena parte de los despojados de nacionalidad nicaragüense, para que activen sus medidas de seguridad ante esta persecución que siempre representa un riesgo importante para nuestra integridad física, ya que no dudo que la dictadura nos quiere eliminar por completo”.
Asimismo, solicitó a la Comisión que avance en el conocimiento de los casos sobre periodistas y medios de comunicación, para lograr una pronta justicia y reparación.
En Nicaragua no hay espacio para la libertad de expresión, dice Aníbal Toruño
Aníbal Toruño, Director de Radio Darío, señaló que la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas a favor de integrantes de Radio Darío, como consecuencia de la destrucción del medio y atentado contra su0 persona en abril 2018 y septiembre 2019, lo obligaron a su segundo exilio que vive actualmente, junto con la mayoría de los integrantes de la redacción del medio.
Toruño denunció que en Nicaragua no hay ningún espacio para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa, disentir o criticar al poder estatal, ni de levantar voces “para cuestionar las atrocidades de un régimen que ha logrado perpetuarse ilegítimamente en el poder. Somos estigmatizados como traidores, perseguidos, desnacionalizados, expropiados y desterrados del país. A otros beneficiarios y sus familiares, las autoridades estatales les han retirado documentos personales como pasaportes, licencias de conducir y documentos de sus vehículos, sin regresárselos al día de hoy.”
Ana Quirós expuso todos los atropellos de los que ha sido víctima, incluyendo la golpiza que le propinaron las huestes sandinistas que le dejaron la mano derecha lesionada y en la cual le han realizado 4 cirugías.
“Los ataques hacia mí eran por ser mujer, por ser feminista y por ser lesbiana. Me quitaron la nacionalidad cuando me expulsaron y me la volvieron a quitar en febrero. Esto ha afectado a mis hijos, porque si solicitan un documento no tendrán madre”, señaló
Peticiones a la CIDH
La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) expresó que la privación arbitraria de la nacionalidad no sólo es un castigo para los excarcelados que fueron sometidos a procesos violatorios de las garantías mínimas del debido proceso y para personas que aún permanecen en prisión, sino que también ha afectado a 94 personas más, a quienes nunca se les notificó sobre la existencia de proceso alguno y hoy son consideradas prófugas.
Por estas y otras violaciones a los derechos humanos, solicitaron a la Comisión mantener las medidas de protección a las personas que permanecen privadas de libertad, por motivos políticos; y requiera la libertad inmediata para ellas, así como condiciones acordes a las Reglas Mandela. En los casos que cuentan con Medidas Cautelares y Provisionales, exhortarle al Estado que se implementen de inmediato las medidas otorgadas.
También requieren que el Estado garantice la reunificación familiar, facilitando la emisión y la vigencia, sin contratiempos, de información oficial básica para ejercer derechos ciudadanos para las 317 personas afectadas por las violaciones de derechos humanos aquí descritas como son: certificados de nacimiento, cédulas, pasaportes y otros documentos básicos para que las personas nicaragüenses excarceladas puedan reunirse con sus familias.
Además, el cierre de los procesos judiciales y elimine los antecedentes penales a las personas excarceladas.
Ellos también soliciten que cese la persecución a sus familias y “cesen los requerimientos de la Procuraduría General de la República para despojar de sus bienes a las 94 personas afectadas y se abstenga de incurrir en cualquier otra medida que afecte la propiedad y los derechos de los nicaragüenses. Cese toda represalia en contra de las personas que continúan defendiendo derechos humanos en Nicaragua y se garantice su seguridad”, expresan.
También piden se derogue la Ley de Reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, La Ley de Regulación de la Pérdida de la Nacionalidad, así como las leyes 1055 y Ley 1042 de las que se ha valido el estado para criminalizar la defensa de los derechos humanos y toda forma de disidencia.