EEUU seguirá imponiendo sanciones a Nicaragua por "el deterioro" de su democracia

La Casa Blanca afirmó este miércoles que continuará imponiendo sanciones a Nicaragua por "el deterioro dramático" de su democracia bajo el mandato del presidente Daniel Ortega.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, destacó en una rueda de prensa que ese deterioro afecta al respeto "a los principios democráticos y los derechos humanos" por parte del Gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Kirby precisó que eso incluye el acoso y el encarcelamiento de líderes opositores, dirigentes religiosos, estudiantes y periodistas.

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"Todo esto es inaceptable", indicó.

"Condenamos esas acciones -sentenció el portavoz-. Ya hemos adoptado una serie de acciones para promover la rendición de cuentas para el régimen de Ortega/Murillo, lo que incluye la imposición de sanciones, y lo seguiremos haciendo".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Nicaragua sin embajador estadounidense

Desde el pasado 19 de mayo, Estados Unidos retiró a su embajador Kevin Sullivan tras cuatro años y medio en el país. En los próximos días, el gobierno norteamericano enviará a Nicaragua al señor Kevin O’Reilly, como nuevo encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos.

Estados Unidos fue uno de los países que rechazó el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se reasignaron la presidencia después de encarcelar a los siete aspirantes presidenciales de la oposición.

A raíz de las protestas del año 2018, Daniel Ortega culpa a Estados Unidos de haber planificado un supuesto "golpe de Estado fallido", como llama a las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en ese año, tras las reformas al Seguro Social, que obliga a los trabajadores a pagar más dinero a la entidad.

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Las protestas dejaron 355 personas fallecidas a manos de policías y paramilitares y cientos de detenidos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).