¿Qué implica que 13 funcionarios nicaragüenses estén en "Lista Engels"?

Estados Unidos incluyó a 39 destacados políticos y altos funcionarios centroamericanos en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, entre ellos 9 mujeres y 4 varones nicaragüenses, justo el 19 de julio, cuando la dictadura está de fiesta, por lo cual varios opositores consideran que se trata de un mensaje político.

La lista es conocida como "Engel", porque surgió por iniciativa del ex congresista demócrata de Nueva York, Eliot Engel en 2019, con el fin de “apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Haydée Castillo asegura que “las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, como bien observamos, es a todo el escalón de mando, la estructura de toma de decisiones de los poderes del Estado que están sujetos a la pareja dictatorial, estamos hablando de entes como la Asamblea Nacional, miembros de su junta directiva, estamos hablando del Poder Judicial, incluso del entramado que ha usado la dictadura para poner en marcha toda la judicialización y la criminalización a los 94 que hemos sido despojados de la nacionalidad y a los 222 presos políticos que han sido desterrados hacia Estados Unidos”.

Castillo asegura que sencillamente el régimen está en una marcha sin fin de despojar de todos los derechos humanos, no importa los costos que tenga que pagar, para “decapitar todos los derechos humanos”. Asimismo, resalta que mientras el régimen no ponga límites a la criminalidad la comunidad internacional “echa mano de una cantidad de medios diplomáticos, coercitivos, políticos para ver si en alguna manera se le pone un alto al régimen”.

Ella valora que los medios coercitivos son importantes, pero “Deben estar también articulados con otros tipos de mecanismos, porque mientras el régimen siga recibiendo fondos de la arquitectura financiera mundial va a seguir teniendo recursos para pagar a sus súbditos y para mantener ese tejido represor que hace cada vez más inviable a nuestro país y hace que los nicaragüenses tengan que salir a buscarse la vida en otros lugares”.

Sanción mínima, dice Sáenz

Por su parte el economista y analista político Enrique Sáenz asegura que estas nuevas sanciones son “un mensaje esencialmente político y está dirigido a todo el cuerpo de funcionarios intermedios y de distintas instituciones del Estado, relacionado con las medidas arbitrarias que tomó la dictadura sin la más mínima base legal en contra de más de 300 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, confiscados, cerradas sus cuentas bancarias, despojados de las pensiones del INSS”.

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Asegura que es un mensaje político que indica que este tipo de acciones no pasan desapercibidas en la comunidad internacional y en este caso por parte de EEUU, con independencia del nivel que tengan los funcionarios.

“Digo que es un mensaje político porque la sanción es la mínima, en términos personales, ya sabemos que a esta gente, mientras aplauden al dictador cuando habla contra el imperio, les encanta ir con su familia a Disney y de compras en Miami.

Ahora ya no van a poder ir, pero hay otras sanciones que queda la duda de por qué no las aplicaron, cuando hay disposiciones legales que lo habilitan, la orden ejecutiva que todavía está vigente, la misma Ley Renacer, queda la duda de por qué no utilizaron la base legal y utilizaron la base legal que tiene consecuencias mínimas”, resaltó Sáenz.

Bloqueo de propiedades, adelanta Maradiaga

El excarcelado político y desterrado Félix Maradiaga señaló que en la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos establece disposiciones para proporcionar asistencia a los países del Triángulo Norte de Centroamérica y una de ellas es la elaboración de un informe que determine si existen personas vinculadas a la corrupción cuyas acciones socavaron el desarrollo de la región.

“A las personas extranjeras enumeradas en este informe se les revoca inmediatamente el visado a Estados Unidos. Además, las personas involucradas en actos significativos de corrupción en un país del Triángulo Norte y que sean enumerados en esa lista tendrán bloqueo de propiedades, en el caso de poseer activos o bienes raíces en Estados Unidos”, especificó Maradiaga.

Por otro lado, dijo que la suspensión de la visa puede dificultar o incluso impedir que la persona acceda a empleos internacionales o en empresas estadounidenses. Muchas compañías tienen políticas de contratación que prohíben la contratación de personas con antecedentes de corrupción.

“La suspensión de la visa puede limitar la capacidad de la persona para realizar transacciones financieras internacionales, abrir cuentas bancarias en el extranjero o acceder a servicios financieros en Estados Unidos.  En casos extraordinarios y dependiendo de las prácticas de corrupción cometidas, la persona podría enfrentar consecuencias legales en Estados Unidos. Esto podría incluir, en una fase posterior, investigaciones, procesos legales y sanciones adicionales”, insistió.

Contra la dictadura, dice Juan Sebastián Chamorro

El también desterrado Juan Sebastián Chamorro aseguró que esta es una sanción encaminada a atacar a la operación de la dictadura orteguista y a las acciones encaminadas en contra de los 222 y los 94 desnacionalizados.

“Comenzando con la procuradora General de Justicia, procuradora que como todos sabemos es la encargada de ejecutar las confiscaciones, por eso es que encabeza la la lista, luego se pasa al Legislativo, que fue el cuerpo que aprobó la reforma constitucional, quitando la nacionalidad a los 222, comenzando obviamente con la primera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia, de la secretaría y la tercera secretaría de la asamblea nacional, en virtud que el presidente de la asamblea ya está sancionado”, explicó.

 Asimismo, señaló que esta sanción aplica al Legislativo, a la asamblea nacional, pasando luego también por la el sistema de Justicia, “con dos jueces de la Corte de Apelaciones de Managua, tenemos que recordar que la corte de apelaciones jugó un papel importante a mediados del 2022, en agosto del 2022, cuando llevaron a una supuesta audiencia informativa que legalmente no existe”.

Chamorro considera que llama la atención la sanción a los dos funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, con el argumento válido de que estos dos señores participaron en la congelación de activos financieros, además del director y subdirectora del Registro Público de la Propiedad que es precisamente la que inmoviliza los asientos registrales para que las propiedades puedan ser confiscadas.

Dijo que esta es una acción que se realiza en el contexto del 19 de julio y el mensaje está clarísimo y enfocado específicamente en las “acciones encaminadas de la dictadura en contra de los desterrados y analizamos la acción de este día evidentemente todo este parte de un entramado criminal que comete acto de violación a muchos derechos, como debemos de recordar la desnacionalización, por la nacionalidad es un derecho universal consignado en la declaración universal de derechos humanos y por lo tanto su violación constituye un crimen de lesa humanidad de alcances internacionales, al darse de por medio una un destierro hacia Estados Unidos”.

Chamorro afirma que hay un debilitamiento de las estructuras de la dictadura y eso naturalmente va a tener un efecto sobre estructuras intermedias que van a ver con mucha preocupación que el paso de las sanciones y su imposibilidad de tener cuentas, visa, viaje y parole hacia Estados Unidos.