Traspaso del registro de la propiedad a la Procuraduría permitirá confiscaciones express en Nicaragua

Luego que la Asamblea Nacional ejecutó esta semana por órdenes de Daniel Ortega una reforma constitucional que permitió traspasar el control del Registro Público de la Propiedad a manos de la Procuraduría General de la República, alegando que ahora habrá más seguridad jurídica en el país, muchas voces advierten de una posible avalancha de confiscaciones en Nicaragua.

Juan Diego Barberena, miembro del consejo directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco considera que esta nueva jugada de Ortega debe interpretarse en el contexto de la persecución dentro del Poder Judicial que va más allá de la destitución de facto de su presidenta, magistrada Alba Luz Ramos, y de varios funcionarios de dependencias claves de este poder estatal.

“Esto hay que interpretarlo también como un reforzamiento del control político de la dictadura Ortega Murillo sobre el tema de la propiedad, donde al Poder Judicial únicamente le deja la única función o atribución de judicializar a la disidencia política y de administrar la justicia en favor del grupo que detenta el poder”, considera Barberena.

A la pregunta de cómo queda en Nicaragua la seguridad jurídica de la propiedad, Barberena analiza que se trata más bien de un afianzamiento de la inseguridad jurídica y la poca certeza jurídica que tienen los ciudadanos.

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“Porque una cosa son los intereses públicos y otra los intereses particulares que se representan en el derecho a la propiedad, que se supone debe garantizar el Registro de la Propiedad al darle publicidad registral a los actos y negocios jurídicos otorgados por particulares, entonces no se puede confundir los intereses particulares que debe garantizar el Registro Público con los intereses del Estado, de tal suerte que ahí hay un elemento de inseguridad jurídica evidente”, advierte Barberena.

Confiscaciones se harán express

Agrega que “la Procuraduría General de la República al ser el supervisor del sistema nacional de registros Públicos, al nombrar a los registradores públicos, pero además de eso nombrar al director nacional del sistema de Registros Públicos, tendrá la plena facultad de cambiar la información registral, sin necesidad de que exista un mandato judicial que lo ordene”.

“Esto significa que las confiscaciones se harán podrán realizar de una forma muchísimo más expedita, por la inmediatez que existe precisamente entre el Registro Público ahora subordinado la Procuraduría General de la República, de tal manera que la Procuraduría General de la República tiene el poder suficiente necesario para cambiar cualquier tipo de información registral y legalizar entre comillas los actos confiscatorios”, expresa Barberena.

Por su parte Gonzalo Carrión, expropiado de forma ilegal por el régimen sandinista, explica que la reciente reforma constitucional de Ortega obedece a lo que ya es una práctica del régimen de ortega Murillo de saltarse todos los procedimientos legales para conformar una nueva ley.

“Pasar por encima de estos procedimientos tiene además una intencionalidad política que también tiene una motivación económica y es el tema de la confiscación, donde ya han venido acumulando propiedades, lo cual se resume en enriquecimiento ilícito de tantas propiedades que han confiscado, de tantos bienes”, afirma Carrión.

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El activista por los derechos humanos agrega que “no es lo mismo que el registro de la propiedad lo controle un órgano colegiado como la Corte, con 16 magistrados y una cantidad de trabajadores, a que se le traslade a una figura que se llama Procuraduría de la República que se ha convertido por parte del ejecutivo en una figura perpetradora de confiscaciones, que ahora tiene un nombre: Wendy Morales, quien es la ejecutora de la expropiación y robo de nuestras propiedades, porque nos han robado a muchos nicaragüenses”.

“De hecho, el régimen Ortega Murillo ha dado cátedra sobre lo que no se debe hacer en temas de seguridad jurídica porque ha tenido una práctica sistemática en violaciones a los derechos humanos con crímenes de lesa humanidad, que para cometerlos precisamente han requerido de instituciones a su servicio”, plantea Carrión.