Desde Naciones Unidas piden una prueba de vida del diputado Brooklyn Rivera al régimen de Ortega
Tras su captura el 29 de septiembre por guardias de la policía sandinista, organismos de derechos humanos consideran que está en condición de “desparecido”, junto a su suplente Nancy Enríquez
Tras haber secuestrado al diputado Brooklyn Rivera y a su suplente Nancy Rodríguez, ambos dirigentes del partido indígena Yatama, la dictadura de Daniel Ortega se niega a dar pruebas de vida tanto a los familiares de estos presos políticos, como a organismos de derechos humanos del sistema interamericano en Naciones Unidas.
“Lo que se exige es una prueba de vida, sin embargo, el estado de Nicaragua no ha dado mayor información ni al sistema interamericano ni tampoco a los familiares”, expresa Anexa Cunningham, quien integra el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Cunningham agrega que casi mes y medio después del secuestro de Rivera se desconoce “cuál es su condición física, no se sabe dónde está, su condición es de desaparición, él está desaparecido porque no ha sido puesto ante un juez competente que le diga las razones por las cuales lo han detenido”, destacó la defensora de los derechos de pueblos indígenas.
El paradero del diputado indígena Rivera es un completo misterio desde que su captura ejecutada por agentes policiales al servicio de Daniel Ortega el 29 de septiembre de este año en la zona de Bilwi, Caribe Norte de Nicaragua.
La policía sandinista también mantiene bajo arresto a la diputada indígena Nancy Enríquez, desde el 1 de octubre, por lo que organismos de Naciones Unidas y del sistema inter americano han pedido al estado de Nicaragua mostrar a los dirigentes.
Por su parte, organismos de DDHH en Costa Rica, denuncian que a los diputados indígenas se les niega el derecho a ser representados por un abogado.
Reos políticos sin derecho a defensa en Nicaragua
“Efectivamente este comportamiento es un patrón que la dictadura ha venido ejerciendo contra los reos políticos, de negarles el derecho a la defensa”, asegura Eugenio Membreño, abogado de la Comisión Permanente de derechos Humanos (CPDH), en Costa Rica.
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Los diputados Rivera y Enríquez fueron electos en las últimas elecciones parlamentarias del 2021, bajo la bandera del partido indígena Yatama, el cual fue ilegalizado por el oficialismo una semana después de la detención ilegal de ambos líderes del Caribe de Nicaragua.
Ambos legisladores, antes de su detención habían denunciado en la sede de Naciones Unidas, la presencia de personas invasoras sobre sus territorios indígenas en Nicaragua, un fenómeno que viene ocurriendo en los últimos años, ante la vista de las autoridades militares del país.
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