ONU: "La estructura organizada de poder del Estado represor" en Nicaragua liderada por Ortega y Murillo

El Grupo de Expertos de derechos humanos sobre Nicaragua identificó la "estructura organizada del Estado represor" en Nicaragua y que fue señalada en el segundo informe que presentaron este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. 

Indican que Daniel Ortega y Rosario Murillo, como presidente y vicepresidenta, respectivamente, "tienen control sobre todos los demás poderes e instituciones del Estado y son responsables de cometer el delito de crimen de lesa humanidad y persecución política contra los nicaragüenses.

Les compartimos este importante hallazgo de los investigadores de ONU, que por primera vez identifican las responsabilidades individuales y como está estructurada la cadena de mando para la persecución en Nicaragua. 

El Grupo identificó que el presidente y la vicepresidenta dan órdenes e instrucciones –directamente o a través de asesores de confianza como Horacio Rocha y Néstor Moncada Laú– a las diferentes instituciones que tienen que llevar a cabo actos represivos contra personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares. La estructura política del Frente Sandinista de Liberación Nacional, especialmente sus secretarios políticos, así como los servicios de inteligencia del Estado, han sido instrumentales en el ejercicio de este control.

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El Grupo confirmó que el presidente y la vicepresidenta instrumentalizaron el poder legislativo para la comisión de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad documentados en el presente informe. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha apoyado al Gobierno promoviendo la adopción de reformas constitucionales y legislativas que facilitan la comisión de actos de represión. La Asamblea Nacional aprobó varias reformas constitucionales que entraron en vigor sin haber seguido el procedimiento previsto en la Constitución. Al menos tres de estas reformas fueron aprobadas por unanimidad. En un caso, Porras reconoció públicamente que la Asamblea Nacional había actuado siguiendo las órdenes del presidente.

El poder judicial ha sido instrumental en la comisión de actos represivos contra personas opositoras o percibidos como tales. Hasta enero de 2019, el magistrado de la Corte Suprema Rafael Solís Cerda, aliado de muchos años del presidente y de la vicepresidenta, fue secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Corte Suprema de Justicia y transmitía órdenes de la Presidencia al poder judicial. Tras su dimisión, el vicepresidente de la Corte Suprema, Marvin Aguilar García, asumió las funciones de secretario político. El Grupo identificó que Aguilar recibía órdenes de la vicepresidenta, de dos asesores presidenciales o de la fiscal general, y luego las comunicaba al resto del poder judicial convocando a su oficina a uno o más jueces de confianza. Estos jueces, a su vez, ejecutaban directamente las órdenes o las comunicaban a otros jueces y empleados judiciales.

La fiscal general Ana Julia Guido Ochoa también recibe órdenes de la Presidencia sobre a quién tiene que procesar. El Grupo confirmó la existencia de una denominada “granja de troles” que se extiende a diversas plataformas en línea propiedad de Meta y que se creó para producir pruebas falsas contra personas opositoras o percibidas como tales y para acosarlas en línea. La granja se gestiona desde las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia; las “pruebas” producidas son utilizadas posteriormente por el Ministerio Público para respaldar acusaciones contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales.

La Presidencia también envía órdenes a Luis Cañas Novoa, viceministro y secretario político del Ministerio del Interior – antiguo Ministerio de Gobernación – sobre la liberación o no de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales, la cancelación de organizaciones sin fines de lucro, y las decisiones que afectan a la libertad de circulación. Cañas, a su vez, se encarga de que éstas sean ejecutadas por el Sistema Penitenciario Nacional, la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, y la Dirección General de Migración y Extranjería, respectivamente.

La Dirección General de Migración y Extranjería es responsable de imponer restricciones ilegales y arbitrarias a la entrada y salida del país, tanto de nacionales como de extranjeros, de denegar la expedición de pasaportes o de su confiscación, y de negarse a renovar los permisos de residencia de personas extranjeras.

La Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro es responsable de la cancelación de la personalidad jurídica de muchas organizaciones, incluidas organizaciones religiosas. Con respecto a la cancelación de la personalidad jurídica de las instituciones de educación superior, el Grupo ha identificado que el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación han colaborado con la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.

El Grupo también estableció que la vicepresidenta envía órdenes a la presidenta del Consejo Nacional de Universidades en relación con las políticas universitarias y el control y la represión contra los estudiantes, el profesorado y el personal universitario que son opositoras al Gobierno o percibidas como tales.