Daniel Ortega confiesa robo de propiedades en Nicaragua y amenaza a bancos

Daniel Ortega, en cadena nacional, confesó su crimen, las confiscaciones millonarias que ordenó en contra de nicaragüenses que se oponen a su régimen. Ortega, en un intento de justificar, las ilegales confiscaciones, dijo que eran "riquezas mal habidas". 

"Han sido incautadas una gran cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero, propiedades donde se estafaba, para quedarse con propiedades de gente de buena intención que quería vender propiedad", dijo Ortega durante el 129 aniversario del natalicio del héroe nacional Augusto C. Sandino. 

Hagamos Democracia y su observatorio pro transparencia y anticorrupción, presentaron esta semana un informe preliminar de las propiedades que el régimen ha confiscado. La investigación reveló que de 317 personas desnacionalizadas, 36 compartieron su información con OPTA, de lo confiscado.

Valoraron en 258 millones de dólares, 135 propiedades confiscadas desde el año 2018 y es apenas una aproximación porque el estudio no incluye a todos los confiscados. 

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"Estas propiedades son varios millones están en manos del estado de Nicaragua, el estado las declaró propiedad del estado para beneficio de los pobres, para invertirla en todos los programas sociales" dijo Ortega para enmascarar el robo millonario o la nueva piñata a como se le ha denominado a estas confiscaciones de la dictadura.  

Pero también Ortega, amenazó a los bancos y los tildó de "cómplices" de unos "estafadores", aunque todas las propiedades le pertenecen a sus dueños originales y fueron robadas a sus legítimos dueños por el régimen. 

"Ahí están pegando brinco algunos bancos que mas bien parecían cómplices con los estafadores. ...se esta investigando a quienes resulten culpables" amenazó el dictador", aunque sin pruebas menciona estafas cuando las decenas de propiedades tienen escrituras originales de sus dueños. 

Ortega se pronuncia por primera vez en el tema de las confiscaciones, que las muestra como trofeos y trata de enmascararlas con centros de rehabilitación como el que instalaron en el Canal 100% Noticias, donde nadie llega a tratarse adicciones. 

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El Diario La Prensa y Confidencial son los otros medios confiscados también fueron ocupados por la dictadura, así como varias ONG y propiedades de personas particulares, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores afectados con la piñata que ordenó Ortega. 

Confiscación a 100% Noticias

Miguel Mora, fundador de 100% Noticias y desterrado en Estados Unidos, expresó en su cuenta de X, que en el caso del "robo y la confiscación" de 100% Noticias, "la dictadura sandinista no tiene manera de demostrar que la toma de nuestro canal proviene del narcotráfico o de alguna sentencia judicial".

Esto en respuesta a un comunicado de la procuraduría general de la república en la que indican falsamente que los bienes, que califican como "recuperados", provienen del lavado de dinero, narcotráfico y delitos contra la ciudadanía.

El juez y el policía que ordenaron el allanamiento no presentaron pruebas, no se realizó un juicio, no hubo condena; solo se produjo un robo a mano armada.

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Esta es la repuesta de Mora ante el falso argumento de la PGR y ahora de Daniel Ortega:

Para colmo, el supuesto delito por el cual los sandinistas se apropiaron de 100% Noticias fue amnistiado en 2019.

Por esta razón, la ONU ordenó al régimen la restitución del bien robado y el resarcimiento de los daños y perjuicios, así como del lucro cesante.

El robo perpetrado por el régimen de Ortega-Murillo fue de facto y, conforme a la Constitución, cada uno de los funcionarios que participaron y participan en estas confiscaciones inconstitucionales pagarán por sus actos con su dinero y bienes.

Para darles un ejemplo, solo el edificio que fue tomado por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene un valor de mercado de $900,000 según una tasación realizada por el BDF en 2018. Desde diciembre de 2018 (fecha de la confiscación), hasta la fecha han transcurrido 65 meses. 

Solo por el alquiler de los metros cuadrados del edificio, la dictadura debería pagar, como mínimo, $5,000 al mes. Multiplicando esta cantidad por 65 meses, el total en concepto de alquiler asciende a $325,000.

Según el artículo 44 de la Constitución, la confiscación está prohibida en Nicaragua. Cualquier funcionario que haya participado pagará con su capital y propiedades por cualquier daño causado.