Poder Judicial de Nicaragua desmantelado y al servicio del régimen de Daniel Ortega

Hagamos Democracia a través de su Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción presentó un recuento de procesos judiciales viciados donde ha imperado el tráfico de influencias y la erosión del debido proceso.

“Nicaragua es un país que en los últimos años ha sufrido el deterioro progresivo de sus instituciones, especialmente en el sector Justicia. En un esfuerzo por alcanzar y fortalecer su independencia, el Poder Judicial logró la aprobación de leyes y reglamentos que regulan su organización y funcionamiento como poder del Estado, la Ley Número 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial”, la Ley No. 501 “Ley de Carrera Judicial” y el Código de Ética del Poder Judicial”, señala la organización. 

Todos esas leyes fueron reformadas, viciadas y hasta ignoradas, por el régimen de Daniel Ortega, que se encargó del desmantelamiento de la institucionalidad del poder judicial para sumirlo a sus intereses. 

“El Poder Judicial fue perdiendo paulatinamente su autonomía e independencia como poder del Estado, hasta convertirse en un instrumento necesario para asegurar el poder y el autoritarismo del régimen Ortega-Murillo, tanto para favorecer con impunidad a sus allegados, funcionarios y fieles simpatizantes y por otro lado: perseguir, criminalizar y condenar a sus oponentes y a cualquier persona que amenace con cuestionar sus políticas”, concluye el informe, que retomó los procesos judiciales que se han realizado a opositores al régimen. 

Según el informe la dictadura, mediante la aprobación de diferentes leyes promulgadas en distintos períodos, y la infiltración de partidarios leales y secretarios políticos del FSLN en puestos estratégicos, logró adquirir el control de la institución.

“Por medio del tráfico de influencia ejercido a través de magistrados como Rafael Solís -quién llegó a ser incluso, padrino de bodas de la pareja presidencial-, Juana Méndez y Alba Luz Ramos; el gobierno de turno ha conseguido abarcar los espacios necesarios que le permitieron acaparar en su totalidad este poder del Estado”, sostiene el informe publicado por OPTA. 

Otra de las aseveraciones, tras el análisis de juicios ilegales orquestados por el poder judicial, es que “las prácticas corruptas más sobresalientes que predominan al día de hoy en el sector justicia han sido el tráfico de influencia, el soborno y el nepotismo, conductas que desafortunadamente tienden a agravarse y arraigarse cada vez más en la realidad nacional", se lee en el documento. 

El informe sostiene que “La Gran Familia”, como algunos trabajadores suelen llamar al Poder Judicial, es hoy la institución con mayor desprestigio del Estado nicaragüense. El deterioro de la institucionalidad y la aniquilación de la independencia de poderes, son otros factores que han pulverizado la confianza en el sistema de justicia.