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Rusia y Nicaragua preparan acuerdo para frenar sanciones de EEUU, analista advierte de sistema financiero alternativo

En la entrevista a Sputnik, la funcionaria sandinista explicó que el acuerdo va a permitir frenar de alguna u otra manera las supuestas arbitrariedades o sanciones unilaterales

Junio 07, 2024 12:15 PM
nicaragua y rusia buscan acuerdo para frenar sanciones

El régimen de Daniel Ortega y Vladimir Putin trabajan en un acuerdo para hacer frente a las sanciones de Estados Unidos impuestas contra Rusia y Nicaragua, expresó la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina. 

En el marco de la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo en Rusia, Morales dijo que "Tenemos un borrador de un acuerdo, en el cual estamos trabajando en un esfuerzo muy significativo y considerable, para evitar esos abusos de algunas entidades, de algunos países o Estados que quieran apropiarse o que quieran hacer indebidamente uso de algunas normas para lesionar los intereses de los ciudadanos o servidores públicos de ambos países".

En la entrevista a Sputnik, la funcionaria sandinista explicó que el acuerdo va a permitir frenar de alguna u otra manera las supuestas arbitrariedades o sanciones unilaterales.

Respecto a las sanciones estadounidenses contra el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, la procuradora general dijo que constituyeron una muestra más de que las medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos.

"Son sanciones para el pueblo nicaragüense en este caso. El más perjudicado, indudablemente, es el pueblo nicaragüense. Y en ese sentido, la hemos rechazado con total y contundente presencia en todos los foros en los que hemos participado”, dijo Morales.

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Según la procuradora, las sanciones estaban dirigidas a una entidad en particular para frenarlos “Estamos claros y seguros de que estos procesos tienden a querer frenarnos, pero estamos firmes en nuestra dirección, nuestra posición y nuestra línea en función de continuar con todos los proyectos que tenemos", apuntó.

Aseguró que el régimen en Nicaragua trabaja para seguir incrementado la cooperación con Rusia en temas jurídicos.

"Como Procuradoría General de la República, hemos hecho coordinaciones y esfuerzos en materia de cooperación que básicamente, está dirigida a insertarnos y conocer un poco más de tipo de tendencias para hacer un mejor mundo, un mejor futuro, un mejor pueblo", apuntó.

Al respecto, el abogado y analista político Eliseo Núñez dijo a 100%Noticias que dicho acuerdo es más peligroso de lo que realmente aparenta porque tratar de hacer un sistema financiero alternativo al sistema financiero global.

“Es peligroso esto por las consecuencias que pueda tener frente al sistema financiero nacional, que está enchufado en el sistema financiero global”, explicó Núñez.

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Por otro lado, el analista asegura que un “nuevo esquema financiero” para evitar sanciones puede significar la creación de bancos que terminen siendo competencia desleal del sistema financiero actual.

“Esto puede ser una situación que conlleva a una distorsión enorme un manejo de la banca desde el poder que no es sano para nadie y también tiene que ver con todo esto de la UAF y todo el sistema en contra de lavado dinero y todo lo demás que va a ser utilizado para darle validez a esta cantidad de recursos que entren de países y personas sancionadas”.

Sostiene que el planteamiento de la procuradora es muy grave “es casi poner al modelo de regulación financiera que actualmente tiene Nicaragua contra la pared y los bancos van a tener que tomar decisiones, seguir o no seguir adelante”.

Señala que esto está enmarcado dentro de una estrategia que comenzaron de ir creando su propia clase empresarial “lo ves en un montón de cosas en el comercio, en la construcción, han estado comprando rutas de buses y ahora esto va en contra del sistema empresarial nicaragüense, que es el sistema financiero”.

Cabe señalar que las sanciones impuestas por EEUU contra el régimen en Nicaragua, están dirigidas a individuos, empresas privadas e instituciones públicas involucradas en violaciones de derechos humanos en el país. 

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