Régimen en Nicaragua reforma ley para destinar dinero incautado a cubrir necesidades presupuestarias
Porras indicó que la reforma a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados tiene el objetivo de mejorar la administración, control y uso de los activos incautados y decomisados
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La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este martes en Managua una reforma a la Ley sobre bienes incautados al narcotráfico, al crimen organizado y al lavado de activos, con el fin de que el dinero ocupado o el procedente de la venta de bienes en subasta sea destinado a cubrir necesidades presupuestarias.
La enmienda propuesta por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue aprobada con carácter urgente con el voto a favor de 81 diputados, con 10 abstenciones y ninguno en contra, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.
Porras indicó que la reforma a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados tiene el objetivo de mejorar la administración, control y uso de los activos incautados y decomisados.El legislador sandinista explicó que los recursos que sean incautados al narcotráfico y al crimen organizado ya no serán depositados en el sistema financiero nacional, como hasta ahora, sino en las cuentas de la Tesorería General de la República establecidas en el Banco Central de Nicaragua.
"Esta iniciativa repara una forma de resguardar los bienes incautados, decomisados o abandonados, en el sentido de que la Tesorería General de la República habilita y tiene una cuenta en el Banco Central de Nicaragua", indicó.
Sobre la disposición de los activos incautados o el generado por los bienes subastados, Porras dijo que serán destinados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público "para cubrir necesidades presupuestarias, previas a la autorización de la Presidencia de la República".
"Es decir, tiene que ser registrado en el Presupuesto de la República la utilización y asignación de estos activos a una institución cualquiera que sea (...). Esta es una reforma que viene a garantizar un mayor control sobre la utilización y disposición de los bienes incautados, decomisados y abandonados”, sostuvo.
La reforma, por tanto, le quita facultades a la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados, que era la encargada de administrar esos recursos.
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