Urnas Abiertas revela irregularidades en la gestión financiera del censo poblacional y de vivienda en Nicaragua

El Observatorio de Corrupción de Urnas Abiertas denunció las irregularidades y falta de transparencia en torno a la gestión financiera del IX Censo Nacional de Población y V Censo Nacional de Vivienda en Nicaragua (CEPOV) que ejecutó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país.

Entre las irregularidades, Urnas Abiertas señala que se desconoce cómo se está financiando y ejecutando el censo, lo que demuestra una decisión deliberada de ocultar la ejecución financiera. 

Al revisar las finanzas públicas, Urnas Abiertas encontró que desde 2014 hay fondos vinculados al Censo y al Sistema Estadístico Nacional (SEN) provenientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea.

“El costo del censo es una incógnita y en general toda la ejecución presupuestaria del Censo está siendo manejada bajo total hermetismo. Hay una decisión deliberada de ocultar la ejecución financiera, por tanto, es necesario señalar que la actual implementación del Censo no cumple con una adecuada supervisión del gasto y pone en tela de duda la calidad de la información que se está generando”, reza la investigación.

Consideran que dicho manejo genera sospechas respecto a lo que puede haber detrás de la decisión arbitraria de las autoridades para ocultar esta información, “sobre todo frente a los antecedentes del uso abusivo y discrecional por parte del Estado de los recursos públicos”.

Financiamiento

La investigación señala que en el marco del “Proyecto de Modernización de Sistema de Administración Financiera del Sector Público (PMSAF)”, el Banco Mundial (BM) destinó en 2014 8.9 millones de dólares para los preparativos del Censo que estaba programado para 2018, dicho préstamo que comenzó a pagarse en 2021.

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Sin embargo, en los estados financieros presentados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP y la firma auditora encargada, Grant Thornton Hernández & Asociados, S.A., y publicado por el BM en 2020, se señala que casi todo el financiamiento fue ejecutado, pese a que el censo no se llevó a cabo.

“Hasta la fecha, el Gobierno de Nicaragua no ha explicado cómo se relacionan estos fondos, que ya están siendo pagados por las arcas del Estado, con el Censo Nacional actual. Según una escueta información del MHCP, los fondos permitieron implementar la cartografía digital, desarrollar el sistema de información y la implementación del pilotaje”, reza la investigación.

Compras 

También el Observatorio de Corrupción analizó las compras realizadas hasta mayo de 2024, en donde el INIDE había ejecutado 15 compras por poco menos de 500 mil dólares, para un proceso que años anteriores ha costado 14 millones de dólares. De las 15 compras, una se realizó como “Contratación Menor” y 14 bajo la modalidad de “Contratación Simplificada”. 

“Esta última modalidad es un proceso que está contemplado para situaciones de emergencia, pero que se ha convertido en una práctica constante del Estado para beneficiar a empresarios cercanos adjudicándoles órdenes de compra con total discrecionalidad sin tener que competir en una licitación pública”, indica el documento. 

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Asimismo, la investigación reveló irregularidades en el trabajo de campo, entre ellas, que los empadronadores enfrentaron información confusa respecto a pagos adicionales y bonos, así como viáticos insuficientes. 

En este sentido, la organización señaló que las instituciones financieras internacionales deben asumir un papel proactivo y riguroso en la fiscalización del uso de los préstamos y donaciones.

“Deben garantizar el uso adecuado de los mecanismos de monitoreo y evaluación con los que cuentan, asimismo, es importante facilitar la participación de la sociedad civil en dichos mecanismos. La transparencia y rendición de cuentas deben ser exigencias ineludibles para asegurar que los fondos se utilicen de manera efectiva y en beneficio de la población”.

Señalan que la ineficacia en la supervisión puede conducir a la malversación de fondos y la corrupción, socavando los objetivos de desarrollo y afectando negativamente a las poblaciones más vulnerables. 

La investigación sobre la Opacidad en la Gestión Financiera del Censo Nacional es la primera realizada por el Observatorio de Corrupción de Urbas Abiertas.