Denuncian en ONU alarmante criminalización y persecución a pueblos indígenas en Nicaragua

La Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) y la Plataforma de pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, hicieron un llamado a la comunidad internacional sobre la persecución y criminalización contra líderes y lideresas indígenas y defensores comunitarios en Nicaragua. 

Representantes de RIDHE participaron en la sesión del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, de Naciones Unidas.  

En su exposición Winnye Benard, integrante de RIDHE informó que en los últimos años ha documentado un alarmante aumento en la criminalización y persecución de quienes luchan por la protección de sus derechos y territorios. Por lo que consideró que “estas acciones no solo buscan silenciar las voces, sino también desarticular los derechos de los pueblos indígenas”. 

Subrayó en particular que las defensoras de los pueblos indígenas enfrentan una doble vulnerabilidad debido a su género y a su papel en la defensa de los derechos colectivos y de la libre autodeterminación y que han conocido que en 2023 se registraron más de 585 denuncias por amenazas, intimidación, vigilancia policial, allanamientos de vivienda y criminalización contra líderes indígenas y defensores comunitarios por parte órganos de seguridad del Estado nicaragüense, mismos que cumplen con las labores de reprimir y criminalizar a los líderes indígenas por defender sus derechos.

Detalló que al menos dos líderes indígenas miskitos y 8 líderes indígenas mayagnas han sido privados de libertad arbitrariamente por delitos impuestos por la dictadura sandinista. Siendo así que en el caso de los dos líderes miskitos, estos han sido acusados de menoscabo a la integridad nacional y los líderes Mayagnas fueron también acusados y condenados. 

“La criminalización va más allá de los procesos de judaización y se manifiesta a través de una multiplicidad de violencia como señalamiento, estigmatización, hostigamiento, cierre de organizaciones, muerte civil, represión migratoria destierro y desaparición forzada, como el caso del líder indígena Brookyn Rivera que actualmente tiene 6 meses y 12 días de desaparición forzada”, añadió Benard.

Desde 2013 hasta la actualidad se han reportado al menos 75 asesinatos de líderes indígenas, por lo que el exilio y el desplazamiento forzado son consecuencias directas de esta persecución. 

Denunció ante el foro que defensores que participan en espacios de Naciones Unidas y otros espacios internacionales, enfrentan represalia en Nicaragua, obligándolo a abandonar sus hogares y comunidades, por lo que este destierro tiene profundas consecuencias personales sociales y culturales, no solo para los y las defensoras, sino también para su familia y comunidad y limita la participación de los líderes indígenas en los foros internacionales.

Ante lo expuesto sobre la grave situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de Nicaragua, instó al mecanismo de expertos a que realice un informe exhaustivo sobre la criminalización y persecución de defensores de los pueblos indígenas. Especificó que dicho informe debe incluir un análisis detallado de las consecuencias de represalias nacionales y transnacionales y el impacto del exilio forzado de los pueblos indígenas en su cultura, su lengua y sus comunidades. 

“Reiteramos la urgencia de abordar esta situación con la seriedad y la celeridad que merece. La protección de los defensores de derechos humanos es esencial para la vigencia y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y su libre autodeterminación, (por lo que) agradecemos al mecanismo de expertos por su atención y su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”, concluyó la defensora de derechos humanos.

También, este jueves, representantes de los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, denunciaron durante la Audiencia número 22 del periodo ordinario de la sesión 190 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las graves violaciones de derechos humanos a las que son sometidas las comunidades por parte del régimen sandinista.