Daniel Ortega legalizará represión trasnacional contra opositores, dicen analistas nicaragüenses

El régimen de Daniel Ortega impulsa una serie de reformas con las cuales podrá imponer cadena perpetua a cualquier opositor o trabajadores de ONG´s que sean condenados por el delito de lavado de activos, tras enviar a reformar la Ley No. 641 Código Penal de Nicaragua. Además, podrá enjuiciar en ausencia a cualquier opositor.

Para el líder opositor Félix Maradiaga, la reforma a la Ley No. 641 del Código Penal, busca darle un “barniz” de legalidad a sus arbitrariedades y evidencia una estrategia represiva más amplia y peligrosa. 

“Esta reforma parece diseñada para aumentar la capacidad del régimen de ejercer una represión transnacional…acciones represivas que cruzan las fronteras de Nicaragua. Ya no le basta encarcelar y expulsar a los disidentes más incómodos; ahora, el régimen pretende juzgar y confiscar los bienes de aquellos opositores que se encuentran en el exterior. Además hay un endurecimiento de las penas a toda acción que el régimen interprete como opositora”, indicó el presidente de la Fundación Para la libertad de Nicaragua.

Agrega “Este intento de reinterpretar y distorsionar el derecho penal para convertirlo en un arma política con alcance más allá de las fronteras nicaragüenses refleja una declaración de guerra no solo contra los opositores dentro del país, sino también contra los nicaragüenses en el exilio y la diáspora. El régimen, al atacar a los nicaragüenses en el exilio, muestra su desesperación ante la continua resistencia cívica que se ha convertido en un verdadero problema para la dictadura. A pesar de habernos desnacionalizado, expulsado del país y confiscado, no nos ha podido callar”. 

Según el analista, con este anteproyecto de ley, es posible que el régimen esté preparando el terreno para una nueva ola de expulsiones masivas de disidentes nicaragüenses que actualmente son presos políticos. 

“La presencia de numerosos presos políticos es un problema para el régimen, que busca reducir el activismo internacional y acallar la presión de la comunidad internacional. En un posible escenario de excarcelación, el régimen podría usar esta reforma para forzar a los liberados al exilio, despojándolos de su nacionalidad y evitando que se conviertan en voces activas de la resistencia”, comentó Maradiaga. 

De igual forma, el abogado Yader Morazán, experto en Administración Judicial, una larga lista de opositores podrían estar en las alertas rojas de la interpol “la dictadura de los Ortega-Murillo justamente mandó a reformar tres leyes de persecución penal  que han venido mal aplicando a los opositores y organizaciones de la sociedad civil, dándole alcance extensivo y extraterritorial a algunos delitos orientados a la confiscación, organización y financiamiento. ¡A ese ritmo, terminaremos todos en las alertas rojas de Interpol!, opinó a través de sus redes sociales. 

Por su parte, la abogada Yonarqui Martínez, las reformas son violaciones al debido proceso que se ha venido dando desde el año 2018 y la novedad está en que vas a juzgar a una persona que está fuera del país. 

“Es un tema grave porque es un retroceso a la norma en cuanto a juzgar a una persona que está fuera del país, obviamente se estaba haciendo de hecho, pero ahora están legalizando lo ilegal, otra cosa que están haciendo es las confiscaciones. Recordemos que han venido haciendo reformas y han venido acentuando lo que es la usurpación de poderes del Estado, las administraciones de los registros es un ejemplo claro y con esto vienen a simplificar y a perfeccionar la violación del derecho a la propiedad que es la confiscación”, aseguró la defensora de derechos humanos. 

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También la abogada considera que hay aspectos que no están claros “Si te van a procesar en el país ¿Quién te va a defender?, o sea, te van a poner un abogado de oficio y el abogado de oficio del Estado. Para mí es una violación hacia los derechos del acusado, hacia los derechos del investigado y de todos los nicaragüenses”.

Asimismo, el defensor de Derechos Humanos Gonzalo Carrión, dijo que se trata de una iniciativa de ley violatoria de los derechos y garantías del orden jurídico constitucional e instrumentos internacionales.

“Fortalece y actualiza la estrategia de persecución penal contra los considerados enemigos adentro y afuera, ley draconiana, aumenta el castigo, es recaudatoria porque tiene una obsesión por despojar, robar bienes y disfrazan la persecución política con delitos comunes, transnacionales. Además, es la respuesta de la tiranía al anuncio de lo pedido en Argentina”, dijo Carrión.