Informe: 58% de personas que realizaron trámites en instituciones públicas en Nicaragua pagaron sobornos

El 58% de las personas que realizaron al menos un trámite en una institución pública durante el primer semestre de 2024 se vieron obligadas a pagar sobornos o fueron víctimas de extorsión, revela el informe "El costo de la corrupción en Nicaragua" del Observatorio de Corrupción de Urnas Abiertas.

El informe revela cómo la corrupción impacta en la desigualdad en Nicaragua. En un primer punto señalan que el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo utiliza la violencia para mantener el control social, sino que ha permitido una "corrupción autorizada", en la cual funcionarios, paramilitares y otros operadores del régimen se benefician mediante extorsión y sobornos.

“Estamos planteando a través de este informe las características de lo que estamos llamando “El modelo económico autoritario en Nicaragua”, la desigualdad es un fenómeno tanto social pero también político, todo régimen autoritario como el de Nicaragua necesita un modelo económico que les permita mantenerse en el poder tanto para financiar la maquinaria autoritaria que ejerce como para darle privilegio a un círculo cercano”, expresó Olga Valle de Urnas Abiertas.

Señalan que el modelo totalitario que existe en Nicaragua está encabezado por Ortega y Murillo “la vigilancia cuadra a cuadra tiene un costo muy alto y ya no se puede pagar únicamente con fondos públicos como en 2018, por lo cual ahora se complementa con la extorsión”.

No es el gobierno de “Los Pobres”

De acuerdo al estudio, las prácticas corruptas afectan profundamente a la sociedad nicaragüense, pero principalmente a las familias con menores ingresos, las cuales pierden hasta el 7.5% de sus ingresos mensuales en pagos irregulares.

Por ejemplo, las familias con ingresos de C$6,000 o menos pierden, en promedio, el 7.5% de sus ingresos mensuales en pagos irregulares, una cifra superior al promedio general. En el caso de las mujeres, este porcentaje sube al 10%.

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Por otro lado, las familias con ingresos superiores a C$37,000 son las que menos pierden en pagos irregulares, destinando, en promedio, C$256 mensuales y 3% de sus ingresos, en términos absolutos y relativos.

En promedio, los pagos irregulares absorben el 5% de los ingresos mensuales de las familias.

En una conferencia de prensa virtual, Olga Valle de Urnas Abiertas detalló que el 45% de los pagos irregulares son solicitados por funcionarios públicos; mientras que el 33% los ofrece la ciudadanía para agilizar trámites; y el 23% son exigidos por imposición de las autoridades.

“Nosotros insistimos en poder ver esto de manera diferenciada porque nos está hablando mucho también del carácter clasista del régimen, pues la ciudadanía que prometió: ¡Arriba los pobres!, no, El Pueblo Presidente! y en la práctica no está pasando si que las poblaciones con menos ingresos están pagando mayores niveles de pago irregulares”, señaló.

Rivas, departamento más corrupto 

El estudio reveló que el departamento de Rivas, es prácticamente la ciudad más corrupta del país, seguido de Matagalpa, Masaya, Estelí, entre otros.  

Según el informe, Rivas recibe los montos más altos en pagos irregulares con C$51,506 córdobas; Matagalpa (C$48,014); Masaya (C$35,083); Estelí (C$30,750); y Chinandega (C$28,240).

Señalan que las alcaldías encabezan la lista de instituciones con mayor participación en cobros irregulares a la ciudadanía, con un 12% de los pagos atribuidos a ellas, seguido de la Policía Nacional con un 9%.

También figura la Dirección General de Ingresos (DGI) con un 4%, y en cuarto lugar, con un 3%, se encuentran la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio Agropecuario (MAG), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), respectivamente.

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Otro aspecto que abordó el estudio, es que las y los dueños de negocios tienen la mayor probabilidad de realizar pagos irregulares, con un 81.3%, seguidos por trabajadores por cuenta propia, con un 67.5%. 

“Esto refleja la alta vulnerabilidad de estos grupos debido a su frecuente interacción con instituciones del Estado”.

Destacan que en la mayoría de las ocupaciones, las mujeres destinan, en promedio, una mayor cantidad de dinero a pagos irregulares en lo que va de 2024, salvo en el caso de los trabajadores por cuenta propia, donde fueron los hombres quienes pagaron más.

El 35% de las personas que tuvieron que hacer un pago irregular reportaron haber cambiado sus hábitos, siendo la autocensura el principal cambio (61%), seguido por la intención de migrar (20%).

En cuanto a la percepción, el 97% de los encuestados señaló que los pagos irregulares aumentaron en comparación con el año anterior, mientras que el 78.3% considera que los pagos irregulares serán mayores en los próximos 12 meses.

Además, el 16% de los encuestados mencionó haber enfrentado situaciones de extorsión sin haber iniciado ningún trámite, ya sea en sus hogares, negocios o lugares de trabajo.

Falso que se persigue y castiga la corrupción

Ante las destituciones de alcaldes en distintos departamentos del país, Olga Valle señaló que es falso que el régimen sandinista esté persiguiendo y castigando la “corrupción”, sino por el contrario las destituciones están relacionadas a la “corrupción no autorizada”.

“Nosotros estamos planteando que esta parte de la corrupción autorizada es porque obviamente hay un visto bueno por parte del Ejecutivo para que puedan seguir ejerciendo estas prácticas corruptas y por eso remarcó no se puede confundir que si el Estado está emprendiendo una lucha anticorrupción, simplemente están sacando algunos operadores que no les sirven o quizá los traicionaron o hicieron algo fuera de lo que ellos querían porque si hubiese un compromiso anticorrupción lo veríamos reflejado en la experiencia de la ciudadanía cuando interactúa con las instituciones públicas”, expresó Valle. 

Enfatiza que para lograr un cambio real en Nicaragua, no basta con un cambio de gobierno. 

“Es urgente implementar medidas estructurales que enfrenten la corrupción, reduzcan la desigualdad y fortalezcan las instituciones democráticas. Si no se rompe con este sistema corrupto y opresivo, el futuro del país y de las próximas generaciones seguirá comprometido”.

El estudio fue realizado en Nicaragua entre junio y julio de 2024, se aplicó el instrumento a 1,103 personas en 17 departamentos y 148 municipios para entender cómo el modelo económico autoritario afecta sus vidas. 

Cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Aclaran que los resultados no son extrapolables a la totalidad del país debido a los desafíos de aplicar una encuesta aleatoria en un contexto de persecución. 

“Los resultados reflejan únicamente las respuestas de las personas que completaron el cuestionario en el período señalado, sin pretender representar a toda la población”, indican.