Régimen en Nicaragua pretende nombrar a obispos con ilegítima reforma a Constitución al estilo chino, denuncia obispo de Honduras
Monseñor José Antonio Canales, Obispo de la Diócesis de Danlí en Honduras, en declaraciones a 100% Noticias, afirmó que el régimen nicaragüense busca una Iglesia subordinada régimen nicaragüense busca una Iglesia subordinada, sumisa a su control y desconectada de su comunión con Cristo.
Según el obispo, "es el modelo chino", donde el gobierno pretende controlar directamente a las instituciones religiosas.
Monseñor Canales, aseguró que con la ilegítima reforma a la Constitución Política, impulsada por Ortega, el régimen podría intentar nombrar a los obispos, consolidando aún más su poder sobre la Iglesia en Nicaragua.
"Está claro que quieren tomar el modelo chino, que ha sido un fracaso incluso para el mismo gobierno chino, porque las relaciones con la Santa Sede se han visto afectadas con este modelo", afirmó Canales.
"Quieren una Iglesia sumisa a ellos, sin comunión con Cristo y sin el sucesor de Pedro", añadió, insistiendo en que el régimen nicaragüense está adoptando un modelo nacional inspirado en el modelo chino de control sobre las instituciones religiosas.
"El gobierno va a querer nombrar a los obispos"
"El gobierno va a querer nombrar a los obispos, manipular todo aquello. Esto ya se veía venir porque, en Nicaragua, quieren convertir el país en una isla y cortar toda conexión extranjera en todos los aspectos. Ya es claro que ha sido una constante con la eliminación de las ONG", concluyó Monseñor Canales.
El impacto en la relación con la Santa Sede
La ilegítima reforma constitucional en Nicaragua, impulsada por el régimen de Daniel Ortega, plantea una contradicción al garantizar la libertad religiosa mientras introduce restricciones vagas que podrían ser utilizadas para justificar más la persecución religiosa.
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Esta medida, evidencia una clara intención de someter a las instituciones religiosas al control estatal.
La reforma
En el artículo 14 de la ilegítima reforma, incluyen una advertencia de que "ninguna organización o persona puede realizar actividades religiosas que atenten contra el orden público".
Además, "las organizaciones religiosas deben permanecer libres de control extranjero", un aspecto que podría interpretarse como un intento de limitar la influencia de la Santa Sede, del Vaticano, con quien el régimen suspendió relaciones diplomáticas.