Ortega busca imponer autoridades en comunidades indígenas con reforma constitucional y elimina sus derechos, denuncian expertos

La propuesta de reforma constitucional ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha sido calificada por expertos consultados por 100% Noticias como una estrategia para consolidar el poder absoluto. Una de estas disposiciones permitirían al Estado nombrar directamente a las autoridades en territorios indígenas, eliminando el derecho de estas comunidades a elegir sus propios líderes.

El activista ambiental Amaru Ruiz, exiliado en Costa Rica, alertó sobre el impacto de esta reforma en los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en la autonomía garantizada por el artículo 181 de la Constitución. Según Ruiz, la reforma elimina la capacidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de gestionar sus territorios y elegir a sus autoridades, otorgando al gobierno central control absoluto sobre estos espacios estratégicos y ricos en recursos naturales.

“Es más grave aún porque según se señala el Estado organizará por medio de una ley de carácter constitucional el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y la comunidad étnicas de la Costa Caribe, ley que entiéndase esta interpretación del artículo 181 modificará, cambiará y derogar la anterior ley que tenía el rango constitucional”, criticó.

Además, la reforma busca derogar leyes fundamentales como la Ley 28 (Estatuto de Autonomía) y la Ley 445 (Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas), debilitando los avances históricos en derechos territoriales y autodeterminación.

Además, Ruiz destacó que la reforma profundiza la exclusión de comunidades indígenas del centro, Pacífico y norte del país. “Lejos de modernizar el marco jurídico, esta reforma ignora nuevamente los derechos de estas comunidades”, perpetuando su marginación “y se omite nuevamente el derecho de las comunidades del centro Pacífico y norte del país que no estaban en la anterior Constitución", afirmó.

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Otra experta, quien prefirió mantener el anonimato, advirtió que la reforma constitucional propuesta por el régimen de Ortega plantea un cambio radical al marco jurídico que actualmente protege los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de Nicaragua. Según explicó, la reforma otorgará al Estado la capacidad de regular las competencias de los órganos de gobierno indígenas, subordinándolos completamente al gobierno central y municipal.

La especialista explicó que al permitir que el Estado regule las competencias de los órganos de gobierno indígenas y su relación con el gobierno central y municipal, la reforma busca despojar a estas comunidades de sus derechos de autonomía y autodeterminación. "La nueva ley podría vaciar de competencias o poder a las comunidades y territorios indígenas y afrodescendientes, subordinándolas completamente a las municipalidades y al gobierno central", advirtió.

“El Estado deja de garantizar la propiedad colectiva o comunal en los títulos que el mismo Estado otorgó a las comunidades indígenas y afrodescendientes”, como se establece actualmente, y reduce este derecho a un simple “usufructo”. 

En este sentido, la experta denuncia que la medida degrada la protección constitucional vigente y debilita los derechos plenos de propiedad de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Ambos expertos coinciden que esta reforma, presentada como una iniciativa de modernización, además de tener un enfoque centralizador y despojar a los pueblos indígenas de sus derechos históricos, deja a estas comunidades en una posición de vulnerabilidad frente al control estatal y la explotación de sus recursos.

“Es un cambio sustancial porque el Estado podrá con esta reforma constitucional explotar los recursos naturales sin necesidad de someterse a procesos transparente y público. Sin necesidad que represente el interés nacional del país y eso obviamente afecta gravemente los principios establecidos la anterior Constitución”, añadió Amaru Ruiz.

Finalmente, Ruiz mencionó que el cambio en el período de sufragio de los Consejos Regionales Autónomos, de cinco a seis años, refuerza el control del régimen sobre estas comunidades. Esta reforma no solo consolida el poder estatal, sino que también “Elimina las responsabilidades del Estado para garantizar que las comunidades disfruten de sus recursos”, concluyó.