Reforma constitucional en Nicaragua elimina artículo que prohíbe la tortura

Tras la aprobación, en primera legislatura de la reforma total a la Constitución Política de Nicaragua, la dictadura matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminó el artículo 36 que garantiza el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país.

En una entrevista a 100%Noticias, Salvador Marenco, defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, explicó que esta modificación representa un retroceso significativo en la protección de los derechos humanos y refuerza la impunidad en un contexto marcado por la represión estatal desde 2018.

“La prohibición de la tortura es una norma, es decir es un principio internacional que todos los Estados deben de respetar, que lo quitan de la Constitución Política no significa que sea despenalizado de Nicaragua”. 

Explicó que la prohibición de la tortura es un principio fundamental del derecho internacional que los Estados están obligados a respetar. Sin embargo, al eliminar este derecho del texto constitucional, el régimen envía un mensaje político claro.

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“El tema de la tortura es un impacto gravísimo efectivamente porque es un mensaje político a sus bases de que si ya tenían impunidad total para realizar actos de tortura, todavía les da una mayor libertad y un mayor respaldo al quitarlo. Esto es reconocer incluso de forma tácita como ha venido operando Nicaragua”, afirmó Marenca

Un Estado configurado para torturar

Desde 2018, Nicaragua ha sido señalada como un Estado que sistemáticamente utiliza la tortura como herramienta de represión. Según Marenco, la presidencia, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y el poder legislativo han colaborado de diversas formas para consolidar este esquema de represión.

“Nicaragua ha sido lamentablemente un estado configurado para torturar. Desde 2018 hasta la fecha y por qué hemos estado configurado para torturar porque prácticamente todos los poderes del Estado han participado en estas prácticas. El Poder Judicial ha permitido directamente las condenas, las detenciones arbitrarias; el Poder Electoral ha eliminado los registros de los nicaragüenses que han sido arbitrariamente desnacionalizados. La tortura que sigue siendo un delito, sigue siendo un crimen internacional y aunque lo hayan quitado la Constitución”, enfatizó. 

Evitar procesos de justicia

Además, el activista de derechos humanos dijo que la eliminación del artículo 36 también pone en evidencia la intención del régimen sandinista de evitar procesos de justicia a nivel interno. Sin embargo, Marenco subraya que la tortura sigue siendo un crimen internacional de lesa humanidad y que los responsables pueden ser juzgados en otras jurisdicciones.

“Cada persona encarcelada es una prueba viviente de las torturas cometidas, y los Estados tienen la obligación de iniciar procesos de jurisdicción universal para garantizar justicia”, explicó.

Agrega “Si es un reconocimiento tácito de lo que han venido haciendo y es una regresividad evidentemente, es un respaldo político a que se siga torturando y se siga perpetrando este crimen de lesa humanidad, pero a nivel internacional no hay ningún tipo de afectación”.

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Asimismo, Marenco considera necesaria la responsabilidad de la comunidad internacional de intervenir. "Al quitar este derecho, el Estado reconoce tácitamente su intención de perpetuar la tortura como herramienta de control. Es una regresión histórica que obliga a los Estados a aplicar jurisdicción universal para garantizar justicia", concluye.