EEUU condena las últimas detenciones en Nicaragua tras calificarlas como injustas

Este 26 de noviembre de 2024, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, condenó los secuestros ocurridos en Nicaragua desde el 22 de noviembre bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En su publicación, Nichols citó al presidente Joe Biden, quien declaró que "las acciones de Ortega y Murillo, incluida otra ola de detenciones injustas durante el fin de semana, siguen planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos".

Desde el 22 de noviembre, al menos 21 personas han sido reportadas como secuestradas, según el Monitoreo Azul y Blanco (MAB), reflejando un patrón de represión en 10 departamentos del país. Este patrón ha seguido a las reformas constitucionales que consolidan el control autoritario del régimen.

El Monitoreo Azul y Blanco también denuncia el trato inhumano hacia los familiares de las personas detenidas. "Las autoridades tratan con saña a los familiares, negándoles información sobre el paradero de las personas detenidas y desapareciéndolas por días", indica el comunicado.

Esta falta de transparencia y el ocultamiento de la información contribuyen a la desinformación, creando un clima de angustia y desesperación entre los ciudadanos.

Nichols también anunció que Estados Unidos extendió por un año la orden ejecutiva de 2018 que designa a Nicaragua como "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".

Además, Nichols compartió un comunicado de prensa del presidente Biden, que detalló la renovación de la emergencia nacional, inicialmente declarada el 27 de noviembre de 2018. Esta medida se toma debido a la continua represión por parte del gobierno de Ortega y Murillo, incluida la violencia contra las protestas desde 2018, la desarticulación de las instituciones democráticas y la corrupción que afecta a la economía del país. La emergencia fue extendida hasta el 27 de noviembre de 2025.