Derechos Humanos llaman a identificar a los nuevos "policías voluntarios" de Ortega

Luego que la Policía Nacional de Nicaragua juramentó a unos 1,500 paramilitares encapuchados como "policías voluntarios" en Estelí, el defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, Juan Carlos Arce instó a la población nicaragüense a identificarlos, para que en un futuro rindan cuenta ante la justicia. 

En una entrevista a Lucia Pineda Ubau, directora de 100%Noticias, Arce dijo que esta juramentación pública responde a un intento deliberado de exhibir el poder del régimen. "No cabe duda de que Ortega busca instaurar una tercera fuerza armada para generar temor entre la población", afirmó Arce.

Arce destacó que el uso de pasamontañas por parte de los juramentados refleja la intención de garantizarles inmunidad. "El régimen les da carta blanca para perseguir y violentar derechos humanos. No sabemos cuánto cuesta mantener a estas fuerzas, pero lo paga la población. Es un cuerpo ilegal y arbitrario que opera fuera del marco de la ley", señaló.

La ilegalidad de los "policías voluntarios"

Aunque el concepto de policía voluntaria está incluido en la Constitución, Arce argumenta que el actual texto constitucional es ilegítimo porque no siguió los procedimientos establecidos. Además, enfatizó que estos encapuchados no son policías regulares, sino paramilitares con un nuevo título, utilizados para sembrar terror, como ya se vio durante la represión de 2018.

"Son fuerzas paraestatales creadas con el consentimiento del Estado. Funcionan con una lógica de terror, actuando como en 2018, cuando lideraron las llamadas 'operaciones limpieza' contra manifestantes", afirmó el defensor.

Un llamado a la identificación ciudadana

Ante esta nueva amenaza, Arce instó a la ciudadanía a identificar a los integrantes de estas fuerzas para que puedan rendir cuentas en el futuro. "Es vital que, desde las comunidades, barrios y departamentos, se documente quiénes son estas personas", recomendó.

Para lograrlo, Arce propuso utilizar herramientas como teléfonos celulares para grabar sus acciones, siempre tomando precauciones de seguridad. "En 2018, logramos identificar a decenas de paramilitares. Esa experiencia debe ser la base para seguir documentando los abusos actuales", afirmó.

El abogado también subrayó que las acciones de estos cuerpos paraestatales, como la desaparición forzada y la persecución política, son crímenes de lesa humanidad. "El régimen ha institucionalizado estas prácticas como políticas de Estado. La desaparición forzada y la represión sistemática no han cesado; sólo se han ajustado a nuevas formas de operar", explicó.

"La capucha no es suficiente para garantizarles impunidad. Identificarlos es una tarea colectiva que permitirá, en el futuro, llevarlos ante la justicia".

Arce reiteró que los esfuerzos de documentación son esenciales para presentar denuncias ante instancias internacionales. "En febrero, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evaluará la situación en Nicaragua. Es crucial que la comunidad internacional entienda la magnitud de lo que ocurre", indicó.

Expresión de miedo y desconfianza

Para el defensor, la creación de este nuevo cuerpo refleja la inseguridad del propio régimen. "La policía nacional, alabada por Ortega, no puede garantizar la seguridad, por lo que crean un tercer cuerpo armado. Esto es una expresión del miedo y la desconfianza del régimen en sus propias estructuras", señaló.

Arce también advirtió sobre la posibilidad de que reos comunes hayan sido liberados para integrar estas fuerzas, algo que debe ser investigado. "No sabemos quiénes son. Podrían ser presos comunes liberados bajo condiciones específicas. Es tarea de la ciudadanía y el periodismo independiente identificar a estas personas", agregó.