Nuevo liderazgo del BCIE se enfrentará al legado de corrupción que deja Dante Mossi

Los ministros de finanzas de los países que integran el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), serán los encargados de elegir en las próximas semanas a un nuevo director o directora de esta institución, que tendrá la nada fácil tarea de limpiar la imagen de corrupción que deja su actual director ejecutivo Dante Mossi, que pasará a la historia como el financista de las dictaduras.

Los dos países con el mayor apetito sobre los créditos que otorga el BCIE son El Salvador y Nicaragua, los dos países centroamericanos señalados de tener a dictadores como gobernantes, sin embargo, durante su período al frente de esta entidad a Mossi se le vio siempre interesado en quedar bien con Daniel Ortega y Nayib Bukele, asegura a 100% Entrevistas Eduardo Trejos, ex embajador costarricense en Nicaragua y ex director del BCIE en Costa Rica.

Lucía Pineda: ¿Cómo afectan los señalamientos de corrupción al BCIE?

Eduardo Trejos: El BCIE tiene un historial de corrupción que data desde hace varias décadas, y actualmente hay una serie de artículos de periodistas que investigan la corrupción en Centroamérica que destapan una vez más esta corrupción.

A mí nunca me tocó aprobarle un préstamo a Nicaragua, pero me tocó conocer que Dante Mossi utilizó una importante cantidad de recursos para la construcción de un nuevo edificio del BCIE en Managua y después que el régimen se robó las elecciones del 2021 quería inmediatamente inaugurarlo para demostrar una especie de aval de los países miembros del banco en esa inauguración.

Pero gracias a mi intervención y de otros compañeros directores se echó para atrás esa inauguración, tanto que esta se hizo meses después y ningún director del banco asistió, solo Dante Mossi… para dar una idea de la cercanía de Mossi con Ortega, todo en función de complacerlo y a su vez obtener el beneplácito de Nicaragua para su reelección.

¿Cómo reacciona Mossi ante los escándalos de corrupción?

A Mossi eso no le importaba, en una reunión que tuvimos con la empresa que llevaba las relaciones públicas del banco, contratada por Mossi, esta sugería que se debía de guardar cierto nivel de distancia y precaución por las múltiples denuncias que tenía el gobierno nicaragüense, pero ante eso, Mossi hacia oído sordos, nunca le interesó, le interesaba más mantener su compromiso con el régimen y decía que él es un técnico bancario, al que no le importa el procedimiento político que se lleva en cada país.

¿Qué sugerencias se hacen para un mejor manejo de los fondos a países como Nicaragua y El Salvador? 

Hay que volver las finanzas del banco a un nivel estable, que no haga perder la acreditación doble AA que ostenta el banco, y que está en peligro por culpa de Mossi.

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Además hay que hacer una descentralización de Tegucigalpa hacia los países regionales, debe darse un nivel de supervisión sobre los préstamos que no estén ligadas a estructuras locales del banco porque estas ya están tocadas por los intereses de cómo se manejan estos financiamientos en construcción de obras importantes, que son muchos millones de dólares, y siempre es bueno tener a gente de afuera que te revise cuál ha sido la dinámica de los desembolsos y el desempeño de los contratos de los préstamos.

¿Qué pasa con el tema de los derechos humanos en el BCIE? 

El tema de los derechos humanos lamentablemente no se establece dentro de la normativa del banco, pero sí se establece que los préstamos tengan ciertos condicionamientos de ejecución.

¿Cómo le ha hecho daño Mossi al BCIE?

Uno de los grandes daños que Mossi le ha hecho al BCIE es que ha generado procesos de préstamos cortos, que son casi para gastos corrientes por parte de los estados, donde se complace a los gobernantes, no con proyectos complicados de muchos años para hacer una carretera, un puerto o una hidroeléctrica, sino cosas más concretas.

De esta forma desembolsaron fondos rápidamente a los estados sin la debida supervisión, por ejemplo, para el tema del bitcoin en El Salvador, o la compra de ayuda para emergencias por huracanes en Honduras, o las compras de computadoras, estamos hablando de 30, 35 o 75 millones de dólares que se les daban directamente a los gobiernos que entraban a la caja única del estado, y después el banco ya no tenía forma de supervisar si los recursos se habían ejecutado o no.