José Adán Aguerri: Se “han extralimitado” las facultades de la UAF

El equipo jurídico del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la banca privada presentarán acciones legales para que, en los próximos días, recurrir por inconstitucional contra la Ley de la UAF y su reglamento, así como contra el de la Ley contra el lavado y el financiamiento al terrorismo, informó José Adán Aguerri al periódico La Prensa.

La nueva Ley de la UAF y su reglamento da lugar a que esta obtenga información de personas y empresas, sin el consentimiento de los mismos, lo que para Aguerri la convierte en una entidad “suprapolicial” donde también se viola el sigilo bancario.

La UAF podrá tener diversa información sobre las personas y también de ocho empresas, que poseen la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduana (DGA). Asimismo, podrá saber el registro del estado civil de las personas, que maneja el Consejo Supremo Electoral (CSE); el registro de empleadores y empleados (con sus salarios) del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); así como los movimientos migratorios registrados en Migración y Extranjería.

El presidente del Cosep señaló a La Prensa que existe preocupación en el empresariado porque se “han extralimitado” las facultades de la UAF al tener acceso directo a los datos personales y de las empresas a las ocho instituciones públicas antes mencionadas, y esto podría cerrar las operaciones de un negocio cuando ese órgano de manera discrecional lo señale de estar relacionado con el delito del lavado de dinero o el narcotráfico sin mayores pruebas.

“Nosotros tenemos el derecho a que nuestra información privada sea respetada. Si alguien quiere conocerla tiene que haber un proceso legal y explicar el origen de ese interés”, dijo Aguerri al medio nacional.

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La nueva Ley de la UAF propuesta por Ortega, “pone en riesgo tu información confidencial. Ya en el pasado hemos visto, cómo esta información que se maneja en el Estado es vendida a gente que está interesada en esas bases de datos que son usadas para vender servicio, productos (por otras compañías). Se ha visto (casos en) que han circulado las bases de datos de la gente (trabajadores y empleadores) registrada en el INSS, que aparecen compradas con fines de competencia comercial no leal”, afirmó Aguerri.

Asimismo, se teme que Ortega pretenda usar a la UAF con un “trasfondo político” contra el empresariado, ya que las principales cámaras junto con movimientos sociales, estudiantes y campesino son parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.