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Abogado argentino que denuncia a Daniel Ortega: “crímenes de lesa humanidad son evidentes”

El abogado Darío Richarte explicó que el avance del proceso “está garantizado” y que confía en la independencia de la justicia de su país

Octubre 07, 2022 12:00 PM
dario richarte abogado argentino

El abogado argentino Darío Richarte, quien pidió a la justicia de su país investigar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo junto a otros nueve funcionarios por crímenes de lesa humanidad, dijo a 100% NOTICIAS y Nicaragua Actual que “los crímenes son evidentes” y que necesitan un juicio para llevar justicia a las víctimas de 2018.

Richarte, quien es profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Buenos Aires, explicó que fue, en su condición de docente quien decidió investigar a la pareja dictatorial, quienes desde el año 2018 han venido reprimiendo violentamente a la sociedad nicaragüense.

“La violación masiva de derechos humanos en Nicaragua y los crímenes cometidos contra la población por parte del gobierno de Ortega y Murillo son evidentes y requieren de una intervención que garantice el acceso a la justicia y el desarrollo de un juicio justo que le devuelva la tranquilidad y la democracia al pueblo de Nicaragua”, explicó Darío Richarte a 100% NOTICIAS y Nicaragua Actual.

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El abogado detalló que desde que Argentina retomó la democracia, asumió un compromiso con la Comunidad Internacional para defender los Derechos Humanos a nivel internacional, por lo que a “través del ejercicio de la jurisdicción universal que implica la investigación de crímenes internacionales que ocurren en otros lugares del mundo, pero que no son investigados en los países en los que se comenten ni en tribunales penales internacionales”, expresó el abogado.

Para Richarte, el avance del proceso “está garantizado” porque el pasado miércoles, el juez federal Ariel Lijo instruyó el envío de un exhorto a la Justicia nicaragüense para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas o torturas.

Investigación compleja

Darío Richarte explicó que la investigación es compleja, porque los hechos ocurren fuera del territorio de la República Argentina y se requiere de la colaboración de la comunidad internacional.

“El juez que tiene a cargo la investigación ya ha requerido informes a los organismos internacionales de Derechos Humanos que vienen tomando cartas en el asunto, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, además, hay organizaciones no gubernamentales que también han hecho sus investigaciones y fueron convocadas a aportar los datos y la información con la que cuentan”, expresó el penalista.

Una vez enviados los informes a la justicia argentina, el siguiente paso será recabar las declaraciones de las víctimas y testigos para poder formalizar la imputación contra los responsables.

“El paso siguiente será apelar a la colaboración de la comunidad internacional para poder avanzar con la imputación”, sostuvo Darío.

“Como lo dije antes, el objetivo de la investigación es que los responsables por los crímenes sean sancionados y que, a partir de eso, el pueblo de Nicaragua pueda volver a gozar de libertad y democracia”, agregó.

Rucharte también sostuvo que los alcances de la investigación tienen un sentido de justicia que se realiza con la admisión de la denuncia y el avance de la investigación, porque la comunidad internacional toma dimensión de la gravedad del asunto y que los crímenes cometidos por el gobierno son crímenes de lesa humanidad.

“Esperamos que, además, la comunidad internacional colabore para poder llevar este caso a un juicio en el que se evalúe la responsabilidad penal de los acusados y se llegue a una condena”, afirmó Richarte.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detallan que tras la crisis de derechos humanos que Nicaragua vive desde el año 2018, se registran más de 355 personas fallecidas, miles de nicaragüenses en el exilio y más de 200 personas presas políticas.

Proceso largo

Richarte está claro que la investigación es un proceso que puede tardar mucho tiempo, debido a que se requiere de la colaboración de la comunidad internacional y los testigos están fuera del territorio de la República de Argentina.

“El avance del proceso ya está garantizado porque la Fiscalía realizó el requerimiento de instrucción (es el paso necesario para que se inicie la investigación). La duración del proceso va a depender de la colaboración que se reciba de la comunidad internacional, de las víctimas y de los testigos”, puntualizó.

El abogado dice que el principal objetivo de la denuncia es buscar justicia para las víctimas de la brutal represión en Nicaragua. También detalló que los familiares de las víctimas muestran deseos de encontrarla.

“El deseo de las víctimas es que se haga justicia para que la libertad y la democracia vuelvan a ser una realidad en Nicaragua y, fundamentalmente, para que quienes tuvieron que salir del país puedan volver a pisar su tierra”, detalló Richarte.

Al ser consultado si la dictadura de Daniel Ortega pudiera mostrar alguna preocupación por el proceso judicial, descartó esa posibilidad.

“En general las dictaduras no tienen una gran preocupación por la justicia. Si lo tuvieran no cometerían los crímenes que ejecutan. Sin embargo, creo que es una forma de que la comunidad internacional ponga los ojos sobre la actuación del gobierno de Nicaragua y la gravedad de los hechos que ocurren en el territorio de ese país”, detalló.

“Sin dudas el trabajo que puedan desarrollar los organismos internacionales constituirá una ayuda enorme para el desarrollo de la investigación en Argentina. El trabajo del juez y del fiscal van a ser mucho más fáciles con la colaboración de la comunidad internacional”, aseveró Darío.

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“El trámite de esta denuncia tiene carácter penal, ya que busca la condena de los responsables, no tiene vinculación directa con la actuación del Consejo de Derechos Humanos”, manifestó el abogado argentino, quien confía en la “independencia” de la justicia de su país.

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