Monitoreo registra 15,641 víctimas individuales en Nicaragua durante seis años de represión

El informe "Nicaragua: Seis años de represión y lucha por la justicia", elaborado por el Monitoreo Azul y Blanco, presenta un panorama desolador: en los últimos seis años, se han documentado un total de 11.350 violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Esta cifra estremecedora revela la magnitud de la crisis humanitaria que vive el país bajo el régimen de Daniel Ortega.

El informe detalla que la violencia ejercida por el Estado y sus estructuras represivas ha seguido un patrón cíclico, con picos de agresiones durante los meses de abril, coincidiendo con los aniversarios del estallido social de 2018. Momentos coyunturales como la "operación limpieza" de julio de 2018 o el período preelectoral de junio de 2021 también se caracterizaron por un recrudecimiento de la represión.

"Abril sangriento": Un patrón recurrente

El estudio destaca que abril se ha convertido en el mes con mayor concentración de violaciones, seguido de julio y septiembre. Esta cruel coincidencia deja en evidencia la estrategia del régimen de Ortega para silenciar cualquier expresión de disidencia, especialmente durante las fechas que conmemoran el inicio de las protestas populares.

Evolución de la represión: Un arsenal de atrocidades

Los patrones represivos han ido mutando con el tiempo, abarcando desde ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, hostigamientos y amenazas hasta la represión migratoria y el cierre sistemático de organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

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Incluso en meses con menor número de incidentes, como diciembre de 2022, la vida de las víctimas se ve trastocada por la violencia estatal. Las repercusiones abarcan desde daños psicológicos hasta afectaciones a nivel laboral, familiar y social, llevando a muchas personas al desplazamiento forzado.

Las víctimas y estadísticas

Las 11.350 violaciones documentadas han dejado un saldo de 15.641 víctimas individuales. 

“Este número incluye repetidas agresiones hacia una misma persona. Sin embargo, el dato permite dar cuenta de lo sistemático que ha sido el uso de la violencia estatal contra todos los sectores de la población y la intensidad en contra de ciertos grupos en específico”, se lee en el documento.

Entre ellas se encuentran personas autoconvocadas, excarceladas políticas y sus familiares, presos políticos, activistas de derechos humanos, comunicadores, docentes, médicos, sacerdotes, feligreses, trabajadores públicos, campesinos, miembros de comunidades indígenas, manifestantes, estudiantes y empresarios.

Una cronología del horror

El estudio retoma la valiosa clasificación de la represión estatal sostenida en el tiempo en Nicaragua, elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). 

Esta clasificación comprende siete etapas represivas, cada una caracterizada por patrones específicos de abuso de poder:

1. Abril-Junio 2018: Uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y grupos parapoliciales contra las manifestaciones multitudinarias.

2. Julio 2018: Operación limpieza, que cobró un número significativo de víctimas.

3. Agosto-Noviembre 2018: Persecución y criminalización selectiva y masiva contra manifestantes bajo cargos infundados como terrorismo.

4. Diciembre 2018-Diciembre 2019: Restricción ilegítima de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión mediante la cancelación de la personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil.

5. Enero-Diciembre 2020: Intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas opositoras, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades indígenas.

6. Enero-Junio 2021: Aprobación de normas que limitan los espacios democráticos en Nicaragua.

7. Julio 2021-Abril 2024: Represión sostenida a la libertad de asociación contra la sociedad civil a través del cierre arbitrario de ONGs, radioemisoras, universidades privadas, entre otras instituciones.

El informe "Nicaragua: Seis años de represión y lucha por la justicia" es un testimonio desgarrador de la brutalidad del régimen de Ortega y la urgente necesidad de justicia para las víctimas.

Represión que trasciende fronteras

Con base a todo lo anterior expuesto el informe concluye que en el contexto actual de Nicaragua, donde la suspensión de facto de los derechos fundamentales es una realidad palpable para la población, resulta crucial reconocer que la represión del régimen Ortega-Murillo que no se limita a quienes se encuentran dentro del territorio nacional.

Las medidas represivas extendidas por parte del régimen también alcanzan a aquellos nicaragüenses que han optado por migrar, buscando un futuro más seguro y próspero para sí mismos y sus familias.
Incluso en la distancia, estas personas no están exentas de ser víctimas de acciones arbitrarias y violatorias de sus derechos. 

La persecución política, el acoso constante, las amenazas y la obstrucción de oportunidades de desarrollo personal, familiar y laboral son solo algunos ejemplos de cómo el régimen continúa ejerciendo su control y sembrando el terror, incluso más allá de las fronteras nicaragüenses.

“Por tanto, es importante señalar cómo el régimen no solamente violenta directamente a las personas que representan una “amenaza” para ellos, sino también a sus familiares y allegados más cercanos”, concluye el documento.