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COSEP NO VE DEROGACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA INVERSIONES

Agosto 30, 2017 10:09 AM
El presidente Daniel Ortega a través del decreto presidencial 15-2017, ha derogado la ley de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), dejando de esta forma en indefensión los recursos naturales para que sufran un impacto ambiental con la construcción de cualquier obra o proyecto de inversión, según lamentaron diversos sectores del país este miércoles. El decreto faculta al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), para crear una “normativa ministerial” y una comisión integrada por varias instituciones, cuando se trate de otorgar permisos de operaciones u construcciones. La abogada y ambientalista Rosario Sáenz Ruíz ha asegurado que el decreto es un "retroceso a los mínimos esfuerzos del gobierno" para cumplir con compromisos ambientales. "Creemos que hay un real retroceso en todo el proceso de estudio de impacto ambiental; eso significa que todos los mínimos esfuerzos de cumplir con una serie de compromisos ambientales derivados de convenios internacionales" se han perdido, lamentó Sáenz. La Ley conocida como “Sistema de Evaluación Ambiental"  fue aprobada en diciembre de 2006 e imponía una serie de acciones científicas y de estudios, previo al inicio de cualquier obra o construcción, con el objetivo de tener el mínimo efecto negativo en la biodiversidad.

COSEP: "LO QUE HAY ES UN NUEVO PROCESO"

El presidente del sector privado José Adán Aguerri aseguró al respecto que lo que se está haciendo es un "nuevo proceso que lo que busca es unificar y facilitar los procesos administrativos". "Va a quedar en un solo documentos los trámites y respuestas a lo que ha sido los efectos del cambio climático...entonces esto está siendo incorporado; como sector privado estamos buscando una normativa que proteja al medio ambiente y que de alguna manera agilice todos nuestro procesos", explicó Aguerri.   José Adán Aguerri, presidente del Cosep | Donaldo Hernández Sáenz por su parte indicó que el Cosep lee de una manera diferente el decreto presidencial pues la normativa "no establece ningún procedimiento para aplicar estudios de plan ambiental" y añade que le da la facultad exclusiva al Marena "para que decida qué actividades están sujetas a estudio ambiental" y qué no.

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