SUPUESTO MARERO CONFIRMA QUE JUEZA DE TIPITAPA LO NACIONALIZÓ

Este martes se dio un revés en la continuación de la audiencia inicial contra el supuesto miembro de la Mara Salvatrucha, Sergio Antonio Umaña y dos nicaragüenses vinculados a una estructura criminal, luego de que el Umaña confesara que la jueza de Audiencias de Tipitapa, Victoria  López y su hijo, Róger Santos López, asesor de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le otorgaran nacionalidad nicaragüense. "Vicky ( Victoria) López y el señor Róger Santos López me ayudaron a nacionalizarme, y ahora perjudican mi dignidad y personalidad acosando a mi familia por dinero para que yo pueda recibir visitas", dijo el supuesto marero a los medios de comunicación. Los detalles de cómo se otorgó la nacionalidad al presunto marero fueron omitidos por el abogado Álvaro García, quien ha destapado la olla de corrupción. La jueza Victoria López junto a su hijo Róger Santos López, asesor de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "No es posible que estas personas sigan ostentando estos cargos; esto atenta contra la seguridad jurídica de Nicaragua. Yo hago un llamado a las autoridades que eviten que estas personas sigan empañando el sistema judicial, para que estos funcionarios se les sancione como la ley manda", dijo el abogado García al finalizar la audiencia.  Sobre la denuncia contra la jueza de Tipitapa quien presuntamente utilizó el nombre de jueza Indiana Gallardo, un magistrado de la CSJ y otros funcionarios, Gallardo se limitó a decir que ha pedido que se investigara el caso pues empaña al sistema judicial. "Yo ya me pronuncié el sábado; pedí que se investigara ese audio que andaba circulando, lo cual ellos me manifestaron que iban a investigar y se iba a solucionar", dijo la jueza. Además añadió: "Estoy satisfecha porque es lo correcto; es lamentable que de repente, el Poder Judicial que es mi institución a la cual pertenezco porque soy una jueza de audiencias, se vea involucrado en estos actos, señalados de corrupción, la corrupción es un flagelo, en este caso a la institución nos vuelve frágil, nos vuelve débil como institución, por eso creo que se debe de luchar; todo aquel ciudadano que tenga información sobre un acto de corrupción debe de ser denunciado", indicó. La jueza Indiana Gallardo decidió mantener la prisión preventiva contra los acusados y remitió el caso a juicio por ser delitos graves.

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