PADRES DE ÁLVARO CONRADO NO CREEN EN INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

Lizeth Dávila y Álvaro Conrado, padres del adolescente de 15 años Álvaro Conrado, quien fue asesinado el 20 de abril en las protestas contra las reformas al INSS, afirmaron al medio La Prensa, que fueron visitados por el Ministerio Público, pero aseguran que no creen en esa investigación porque es realizada por los mismos que dieron órdenes de matar a los universitarios y ahí estaba su hijo. “Por lo menos yo no creo en ellos, en la investigación que vayan a hacer si son ellos mismos los que lo asesinaron”, dijo la señora Lizeth durante la misa de nueve días que la comunidad ignaciana del Instituto Loyola realizó ayer lunes a su hijo.

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Álvaro Conrado padre, indicó que las fiscales que llegaron a visitarlo, lo citaron para este miércoles a las 9:00 de la mañana. “Yo les dije que quiero justicia, que paguen quienes dieron la orden de disparar balas de pólvora contra los estudiantes”, dijo el padre.

HOSPITAL CRUZ AZUL NEGÓ ATENCIÓN MÉDICA A ÁLVARO

El 20 de abril, el joven se encontraba ayudando en las protestas contra las reformas INSS en el sector de la UNI, su trabajo era llevar agua y bicarbonato a los estudiantes afectados por los gases lacrimógenos que lanzaron los antimotines. Sin embargo, el muchacho recibió un disparo en su garganta por parte de un francotirador, fue trasladado al hospital Cruz Azul donde su padre paga seguro y ahí se negaron a brindarle atención médica, según relataron sus padres. El adolescente fue llevado al Hospital Bautista, pero a eso de las 2:00 de la tarde murió en el quirófano. La especialista en salud pública Ana Quirós señaló que el hospital Cruz Azul, que es propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), debe responder por la muerte de Conrado. Ya que es deber de todo médico o institución de salud atender a quien lo necesite sin importar si tiene o no identificación, y si cotiza o no al Seguro Social. “En primer lugar, se está violentando el derecho a la vida. En segundo lugar, el personal de salud y las instituciones de salud cuando llega un herido están en la obligación de atenderlo y no tienen que pedir cédula, ni pedir absolutamente nada, tienen que atenderlo y una vez que pasa el riesgo (de muerte) vemos sus derechos”, dijo Quirós a La Prensa. La Ley 423, Ley General de Salud, en el artículo ocho numeral 15, establece que es derecho de los usuarios “recibir en cualquier establecimiento de salud público o privado, atención médica-quirúrgica de emergencias cuando la necesite mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida o su salud”.

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